Nuevo proyecto para los controles

Crea incentivos económicos para funcionarios que denuncien
Crea incentivos económicos para funcionarios que denuncien
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29 de agosto de 2000  

El diputado nacional Manuel Martínez (UCR-Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que establece un incentivo económico para los funcionarios de distintas reparticiones del Estado que denuncien actividades aduaneras ilícitas.

Además, crea una policía aduanera autónoma que controlaría los métodos adoptados por la Dirección General de Aduanas (DGA) para fiscalizar las operaciones de comercio exterior y coordinaría la actuación de los distintos organismos de Estado para combatir al contrabando.

La iniciativa modifica la ley 22.091, de autarquía de la Aduana y establece que lo recaudado por los decomisos de la mercadería y por la aplicación de multas en las operaciones de comercio exterior se destinará, en distintos porcentajes, a solventar a la nueva policía aduanera, al personal de la DGA y a las fuerzas de seguridad actuantes en el procedimiento, denunciantes y aprehensores. Un 10% se prevé para la gratificación de denuncias o aprehensiones de importación ilícita de estupefacientes, elementos nucleares, armas o cualquier elemento que pueda afectar la seguridad, la salud o el medio ambiente. "Esta es una manera de que sea mayor el incentivo para combatir el contrabando. Y apunta a que haya un seguimiento de la mercadería de contrabando en toda su cadena de comercialización", dijo Martínez, que preside la Comisión de Economía de la Cámara baja. La policía aduanera autónoma estaría a cargo de un inspector general nombrado por el Ejecutivo y se estructuraría en servicios territoriales, jefaturas de zonas y destacamentos y contaría con una Secretaría General que será su órgano de asesoramiento y de formación de funcionarios.

En tanto, el abogado y especialista en derecho aduanero Enrique Barreira manifestó su preocupación porque el proyecto de ley presentado por Martínez prevé crear "una superestructura con funciones exhorbitantes que incluyen aspectos que deberían estar a cargo de la Aduana".

"Además, se utilizan las multas como elemento presupuestario, cuando las sanciones son un método ejemplificador para que la gente adecúe su conducta", dijo, aunque afirmó que la Policía Aduanera (que hoy depende de la AFIP) debe pasar a la jurisdicción de la DGA. "La Aduana debe concentrar la función de controlar por sí misma y la Policía Aduanera debe ser un brazo de ese control. Por eso debería volver a depender de la Aduana; que a su vez se debe separar de la AFIP", enfatizó.

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