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Puertos. Modifican por decreto los requisitos de practicaje

El Gobierno introdujo modificaciones en la regulación del servicio de practicaje y pilotaje en buques nacionales y extranjeros que navegan por canales y amarran o zarpan de los puertos del país. La medida abrió polémica en torno a cuestiones técnicas, laborales y de seguridad
El Gobierno introdujo modificaciones en la regulación del servicio de practicaje y pilotaje en buques nacionales y extranjeros que navegan por canales y amarran o zarpan de los puertos del país. La medida abrió polémica en torno a cuestiones técnicas, laborales y de seguridad
Ana Belén Ehuletche
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14 de marzo de 2019  • 17:41

El decreto 188/19 que se publicó ayer en el Boletín Oficial autoriza a determinados tipos de buque a prescindir de una de las naves de apoyo a cambio de contar con cierta tecnología en materia de propulsión.

Con los cambios introducidos las embarcaciones de más de 120 metros de eslora (largo), que hasta hoy estaban obligadas a contar con los servicios de un práctico en sus maniobras de ingreso y amarre a los puertos de Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, podrán prescindir de estos profesionales siempre y cuando no superen los 140 metros de largo y tengan un calado (proyección del casco por debajo del agua) de hasta 6,10 metros.

La reglamentación se extiende también a los servicios que se desarrollan en los ríos Paraná y Uruguay y a los "trenes de barcazas", que alcanzan dimensiones similares a las de los buques de gran porte, aunque navegan con un calado menor.

"La elevación de la eslora máxima de los buques eximidos de embarcar prácticos repercutirá en una mejora de los costos de operación para la flota argentina y contribuirá a mejorar la competitividad del transporte por agua en su conjunto", argumenta el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Este servicio, si bien es de carácter público y en la mayoría de los casos obligatorio para buques nacionales y extranjeros que navegan por canales y amarran o zarpan de los puertos del país, es prestado por profesionales privados.

Dilema en puerta

La publicación del decreto abrió polémica en distintos sectores vinculados a la navegación.

En primer lugar, desde el puerto de Bahía Blanca pusieron en duda que la medida contribuya a la reducción de costos operativos al describir que en ese punto ya contaban con una normativa superadora que no hacía obligatorio el servicio de practicaje en buques de 180 de eslora y 8 de calado.

En relación a esa contradicción, Ramiro Puente, abogado postgraduado en Derecho Marítimo y Comercio Exterior y docente de la Universidad Nacional del Sur en Derecho Marítimo y Aeronáutico, explica que "el decreto 2694/91 eximía del servicio de prácticos a buques hasta 120 metros de eslora (largo) y ahora la exención se extiende a buques de 140 metros de eslora manteniendo el mismo calado (20 pies o 6,1 metros)".

"Sin embargo -aclara-, por LETRA BBLA 99 de 1992 (Disposición 32 29/92 -art. 7 Anexo I del Decreto 2694/91) el puerto de Bahía Blanca ya contaba con exención de practicaje para buques argentinos de hasta 180 metros de eslora y 27 pies de calado (entre boya 22 y Puerto Galván)".

Por eso, Puente, que además es secretario de la Asociación Intermodal de América del Sur (Aimas), cuestiona la plena aplicabilidad de la norma en este puerto al plantear "una contradicción sistémica de la normativa", que al fin de flexibilizar exigencias preexistentes y bajar costos, en este caso particular "termina generando el efecto contrario, es decir, reduce su competitividad y aumenta sus costos por esta nobel exigencia de practicaje para buques antes exentos".

En la misma línea se expresa Mariano Gendra Gigena, abogado especializado en Derecho Marítimo. "El Gobierno se equivoca en el objetivo, sólo baja costos portuarios para los armadores extranjeros que no influyen en el valor de los fletes, ya que estos son dispuestos internacionalmente", señala.

Y, desde el ala gremial, el reclamo fue más contundente al manifestar riesgo en materia de seguridad. "Nuestra profesión dejó de brindar Seguridad de la Navegación (que a partir de hoy es 20 metros más barata)", indica el texto que difundió la Asociación Civil de Prácticos de la República Argentina (ACPRA) ayer, luego de conocer el decreto publicado en el Boletín Oficial. Y agrega: "Ellos interpretan que sólo somos un costo que perjudica la competitividad del transporte".

En diálogo con LA NACIÓN, Oscar Leguizamón, secretario de ACPRA, anticipó que el área de asuntos jurídicos se encuentra analizando la norma para examinar las medidas que tomará la entidad.

"El trabajo del práctico no se reduce a cuestiones de maniobra o propias de la navegación sino también a la seguridad nacional, como reportar a las autoridades temas de higiene y salud cuando ingresa un barco del exterior; cargamos con mucha responsabilidad civil y nos tironean de todos lados", dijo Leguizamón, y destacó que todas las acciones que realizan se rigen bajo protocolos y acuerdos internacionales.

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