Rehenes de la mediocridad nacional

A raíz de un artículo publicado en esta sección el 8 de julio último (Sobre la Armada, la Prefectura y los capitanes de títulos apócrifos) que refirió fallas en el sistema de titulación del personal embarcado de la marina mercante, la Armada Argentina envió a toda la comunidad marítima una confusa nota de aclaración que constituye la mejor prueba de lo absolutamente disparatado que resulta hoy revalidar un título o certificado de marino mercante.

Tengo el honor de conocer en forma personal a todos los empleados públicos que intervienen en el proceso de formación y titulación de oficiales de la marina mercante. Desde el empleado que atiende el mostrador hasta el comodoro de Marina que firma la misiva de aclaración. También al jefe de éste, y al jefe de su jefe. Y puedo decir que son todas personas honorables por las que pondría las manos en el fuego.

Es plausible que, ante una información periodística, un funcionario público se tome el trabajo de enviar las aclaraciones que estime pertinentes a la porción de la sociedad a la que están dirigidos sus servicios. (Algo difícil de obtener de parte de las autoridades políticas por estos días.)

Poco claro

La nota en cuestión es poco clara, no por una falencia discursiva del oficial superior de la Armada que la firma, sino porque el sistema de titulación y habilitación es tan complejo y escabroso que permite casualmente lo que pretendía evitar: por ejemplo, que un oficial de altísima jerarquía de un buque regasificador presente 14 certificados OMI falsos, sólo detectados por una empleada civil cuando la documentación ya había sorteado varios controles .

¿Por qué será que la gente talentosa y empeñada en cumplir un objetivo no lo logra satisfacer las necesidades de miles de marinos mercantes que, además de lidiar con los avatares de su profesión, deben invertir buena parte de su tiempo de licencia luchando para recuperar alguna de las aptitudes que, mágicamente, en esta profesión se pierden, aunque se ejerza a diario? No pasa con los médicos que tienen nuestra vida en sus manos, con los ingenieros, con los abogados, ni con ningún profesional con tareas tanto o más complejas que la de conducir un buque.

En la misiva aclaratoria, la Armada se autodefine como "autoridad de administración". Luego también está la "autoridad de aplicación" y, obviamente, la insoslayable "autoridad marítima". Imagine un lector perteneciente a cualquier profesión civil, que deba someterse varias veces al año a controles de autoridades políticas, militares y policiales para poder trabajar. Imagine al Ejército argentino auditando a profesionales civiles del transporte terrestre, que luego deben refrendar todo con Gendarmería. ¿Suena lógico?

Entre tanta autoridad superpuesta, la primera en estar floja de papeles es la Secretaría de Transportes de la Nación, que hace años demora la promulgación de un nuevo régimen de formación y titulación para el personal embarcado. El actual es obsoleto, ya que no legisla sobre muchos aspectos puestos en vigor a partir de la instrumentación del convenio internacional STCW.

Por otra parte, la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial (el área específica del Ejecutivo para normar en la materia) está a cargo de un funcionario que funge, a su vez, como director de la Escuela Nacional de Náutica. Así, el funcionario de más alto nivel en transporte marítimo y fluvial de la "autoridad de aplicación" es subordinado del funcionario militar que ejerce la "autoridad de administración". Para que se entienda: el almirante que debe cumplir las órdenes de la autoridad de aplicación tiene como subordinado al que emite tales órdenes.

El panorama se torna francamente desolador al ver cómo Chile, Brasil y Uruguay tienen sus sistemas informatizados y ventanillas de atención en todos los puertos para que el tripulante realice sus trámites. En la Argentina, en cambio, miles de expedientes y decenas de personas peregrinan por una única oficina de atención al público. Cualquier control cruzado que deba hacerse con la Armada podría realizarse sin necesidad de someter al "tormento administrativo" al ciudadano.

Obsoleto

Asumiendo que el Estado debe verificar las condiciones físicas y profesionales de la gente de mar, ya bien entrados en el siglo XXI, el actual sistema es altamente obsoleto. Por mucha norma de seguridad, sellos de agua y múltiples firmas que adornan nuestros títulos, no puede ser más complicado ser marino mercante que cirujano cardiovascular.

Nos excedemos en la comparación con otras profesiones porque así descubrimos también que somos excesivamente auditados por personas que no tienen título de marino mercante y que opinan sobre lo que es mejor para nosotros sin tener idea de nuestra profesión, sólo para colocar su sello y su firma en nuestros títulos, seguros de haber cumplido con su misión.

Mientras el país sigue sin una ley de marina mercante e industria naval, y seguimos viendo cómo la actividad se achica, y sólo encontramos la bandera argentina en la popa de nuestros buques en fotos de archivo, mucho talento, tiempo y energía se dilapidan graciosamente en ver quién detenta más poder sobre un grupo de rehenes de la mediocridad nacional.

El autor es maquinista naval superior (VGM) y vicepresidente de la Liga Naval

Fernando Morales