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Rosario vuelve a manos del Estado

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21 de marzo de 2000  

SANTA FE.- El puerto de Rosario, que desde junio de 1998 se encuentra en manos del grupo filipino Ictsi, volverá a la órbita estatal el mes próximo, vía rescisión del contrato de concesión de mutuo acuerdo entre las partes, según se admitió en el gobierno provincial.

"Sólo resta resolver la forma en que se rescindirá el contrato. Pero la decisión política ya está adoptada", repitió la semana última el presidente del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), Carlos Bermúdez.

Dicho ente decidió, después de analizar antecedentes, acciones y omisiones, denunciar el contrato con el grupo extranjero -que también opera la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires- después que Ictsi no pudo abonar el canon de concesión ni realizar las obras comprometidas por el pliego por un monto de 20 millones de pesos.

Esa situación, advertida por otros competidores de Ictsi en esa licitación, se agravó considerablemente el año último. Inactividad y desolación fueron características que acentuaron el mínimo funcionamiento de la estación fluvial rosarina, que en los años setenta y ochenta logró concentrar casi el 30% las exportaciones del país.

La definición del tema por parte del ente, no obstante, tiene algunos pasos pendientes referidos a la situación legal que podría plantear el grupo filipino si no acepta la desvinculación acordada y obliga a una decisión unilateral del administrador portuario.

Hace diez días, el gobernador santafecino Carlos Reutemann solicitó al ente con carácter de urgente adoptar las previsiones para evitar cualquier tipo de acción legal por parte de Ictsi, ya que el propósito sería volver a concesionar el puerto y una demanda judicial constituiría un obstáculo que podría llevar años despejar.

Cuando la situación comenzó a expresarse con menos carga, menos actividad y mínimo rendimiento, los responsables del concesionario advirtieron que el vínculo contractual no era razonable, por lo que, de no aceptarse un mejoramiento de las condiciones, se buscaría una "salida obligada".

Las causas

Directivos de Ictsi que se entrevistaron con el ministro de la Producción, Miguel Paulón, admitieron que los cambios en el mercado internacional, más la crisis del Mercosur, volvieron inviable el contrato de concesión.

"Ellos están buscando una salida armoniosa", explicó el funcionario, aunque desde el gobierno se recordó que esa postura significa una búsqueda consensuada de la resolución del contrato por 30 años.

Además, el Enapro demostró que el grupo filipino cumplió sólo con el 60% de las obras obligatorias de la concesión. Tampoco estaba en condiciones de afrontar el pago del canon (U$S 146 millones en los 30 años) y el total de las inversiones.

En su descargo, el concesionario recordó que debió soportar durante varios meses un paro de estibadores que prácticamente bloqueó su actividad. A eso se sumó el plan de inversiones que ejecutó en Puerto Nuevo y la pérdida progresiva de cargas, desviadas a la terminal bonaerense de San Nicolás.

Mientras el gobierno resuelve el desplazamiento de Ictsi, admitió el manifiesto interés que despertó en grupos empresarios un nuevo llamado a licitación, entre los que figurarían los españoles Port de Barcelona y Port de Tarragona.

El primero, asociado al grupo santafecino Malvicino SA, se había presentado en la primera licitación, pero Ictsi resultó la adjudicataria al ofrecer el canon más elevado. Ya por entonces los medios empresarios advirtieron que con el bajo nivel de cargas operadas iba a resultar comprometido abonarlo, tal como sucedió.

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