Una ley bajo la lupa internacional

Alejandro Jara
Alejandro Jara PARA LA NACION
La iniciativa sancionada por el Congreso para desarrollar y fortalecer al sector autopartista locales contraria a las obligaciones contraídas por la Argentina en la Organización Mundial del Comercio.
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16 de agosto de 2016  

El Congreso nacional de la República Argentina aprobó un proyecto de ley sobre la "Creación del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector del Autopartismo Argentino". El instrumento para desarrollar a este sector industrial consiste en un "bono electrónico de crédito fiscal que podrá ser cedido a terceros, para el pago de impuestos nacionales, por un monto equivalente a un porcentaje del valor ex fábrica de las autopartes nacionales".

El monto del bono varía según el contenido local del vehículo automotriz. Así, el bono será de 4 por ciento si el vehículo tiene 20% de partes argentinas; de 10% si el componente nacional es de 20%, y de 15% si la integración nacional es de 40 por ciento.

No es el caso pronunciarse aquí sobre los méritos de esta política, aunque convendría preguntarse si han tenido éxito medidas similares adoptadas en otros países.

Hay, sin embargo, dos elementos incuestionables.

Primero, esta política implica una transferencia de recursos a nivel nacional.

Las empresas automotrices tendrán un incentivo para usar partes nacionales aún cuando ello aumente los costos, un mayor costo que será financiado en parte por el crédito fiscal y que será probablemente traspasado al consumidor mediante precios más altos, con las consecuencias inflacionarias del caso. En ello no hay nada intrínsecamente negativo y, presumiblemente, los costos e impactos han sido debidamente aquilatados en el debate parlamentario.

El segundo elemento es la transferencia de recursos en su dimensión internacional.

Es obvio que las empresas automotrices tendrán un incentivo para emplear partes nacionales en lugar de productos similares importados de calidad idéntica o ligeramente superior. En otras palabras, los productores de autopartes de otros países perderán oportunidades de exportar sus productos a la Argentina con la consiguiente pérdida de ingresos y empleos en el extranjero, en desmedro del consumidor final y del erario argentino, y en favor de las empresas argentinas.

Si todos los países tuvieran políticas similares, habría una reducción neta de la competencia y del bienestar global.

En este escenario las economías más competitivas e innovadoras tienen menos que perder y los consumidores finales son los más afectados.

Para evitar este absurdo, las normas internacionales que regulan el comercio internacional desarrolladas a lo largo de casi 70 años, consagradas en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercial (OMC), han prohibido que se otorgue un beneficio o subsidio supeditado "al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados" (Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias). Por su parte, el Artículo 75 Nº 22 de la Constitución Nacional Argentina dispone que "Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes."

Las normas del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector del Autopartismo Argentino por ende son contrarias a las obligaciones contraídas por la Argentina en la OMC.

Esto resulta aún más problemático cuando el gobierno del presidente Mauricio Macri ha postulado a la Argentina como sede la próxima reunión Ministerial de la OMC, a fines de 2017, propuesta que ha sido recibida con beneplácito por otros gobiernos.

El autor es abogado de King & Spalding (Ginebra); ex director general adjunto de la OMC; ex Embajador de Chile ante la OMC

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