Comienza hoy en el Ciadi el juicio por la estatización de Aerolíneas; expectativa por lo que diga Marsans

Díaz Ferrán, ex dueño del grupo español, declararía desde la cárcel en Madrid; "¿Qué le puede importar perder?", dicen cerca de él; Rafael Llorens, representante argentino
Diego Cabot
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3 de marzo de 2014  

Terminó el caso Repsol y ahora le toca a Aerolíneas Argentinas. A partir de hoy, en Washington, más específicamente en las oficinas que el Ciadi tiene en el Banco Mundial, la Argentina empezará a defender la estatización de la compañía aérea. Enfrente estarán los representantes del grupo Marsans, que, por el contrario, intentarán demostrar que el Gobierno les debe millones de dólares por haberse quedado con la empresa sin haberlos indemnizado en su momento.

A partir de hoy y durante dos semanas, en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial para demandas entre países sobre inversiones, se iniciará la parte más importante del proceso mediante el que los representantes de la española Marsans intentan cobrar una indemnización por la expropiación de Aerolíneas, que se efectuó en julio de 2008.

Serán 15 días de audiencias que terminarán con los alegatos de cada una de las partes. Luego vendrá el laudo, que, según dos abogados que suelen litigar en ese tribunal, llevará entre seis meses y un año.

En esas audiencias hay dos testigos que concentran la atención de la mayoría, uno por cada lado. Por el Gobierno estará sentado el subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens. Enfrente, y desde su lugar de detención en una cárcel de Madrid, estará Gerardo Díaz Ferrán, uno de los socios de la alguna vez poderosa empresa Marsans. "Ha dicho que va a declarar, y ahora estamos terminando los trámites para que pueda llevarse adelante la testimonial. No se sabe si va a hacerlo desde la cárcel o si, en su caso, será trasladado con custodia a algún otro lugar", dijo una fuente ligada al empresario, que fue socio de Gonzalo Pascual (fallecido en junio de 2012) y de Antonio Matta, último presidente de Aerolíneas con Marsans.

El testimonio de Llorens, hombre al que en la empresa aún lo recuerdan por los costosos y variados relojes con los que solía ir a notificar a la compañía antes de ser privatizada, cobra importancia por ser la visión oficial de los hechos.

El subsecretario no es demasiado afecto a las declaraciones públicas y jamás se refirió en ellas a la empresa aérea. Prácticamente desconocido para la mayoría de los argentinos, Llorens se ha ganado el apodo de "el Moreno de De Vido". Sus formas, dicen, se parecen mucho a las del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

El funcionario es una pieza clave en el ministerio y es habitual interlocutor para tareas que lo exponen demasiado al ministro De Vido. Pocos son los empresarios que trabajan con esa cartera que no conozcan a Llorens. Será un buen momento para escucharlo en público.

Pero sin duda la declaración de Díaz Ferrán podría llegar a ser reveladora. "¿Qué le puede importar perder a un hombre que ya perdió no sólo sus empresas, sino su libertad?", se preguntaba un hombre que trabajó a su lado durante todo el tiempo que Marsans fue dueña de Aerolíneas.

El Estado, que según se especulaba ayer tendrá una delegación de 60 personas entre funcionarios del ministerio y miembros de la Procuración General de la Nación, se llevó el viernes una de las pruebas más importantes con las que cuenta. Justo en las últimas horas hábiles antes de la audiencia, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

Casualidad o no, la sentencia que será apelada por la empresa española pasó a ser una de las principales pruebas. En esa sentencia se tomó como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas Optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo de 3275 millones de pesos, equivalentes a 949,4 millones de dólares. Ese juicio se inició poco después de la estatización. Como las partes no se pusieron de acuerdo con el precio de la compañía, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. A partir de entonces, empezó el proceso, que aún no terminó.

Durante este tiempo, la empresa funcionó en una suerte de limbo jurídico, ya que las acciones que eran de las empresas de Marsans nunca pasaron formalmente a manos del Estado, aunque, claro está, se dio una estatización de hecho.

Ahora empieza a cerrarse otro capítulo de aquellos años de reestatizaciones. Llorens tendrá a su favor un fallo de primera instancia de la justicia argentina como para argumentar. Y Díaz Ferrán, la posibilidad de dar un tinte de realidad a gran cantidad de fábulas políticas que tiñen aquellos años de estatizaciones, en los que el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y Julio De Vido eran los mandamases de la política del transporte de la Argentina.

Advierten que otros gobiernos pagarán por YPF

Los gobiernos que sucedan a la presidenta Cristina Kirchner tendrán que pagarle a la empresa española Repsol "el 90%" de la compensación "por la estatización de YPF", según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), para el que eso será "otro testimonio de decisiones tomadas con criterios oportunistas y poco profesionales que hipotecan el bienestar de las futuras generaciones".

La entidad señaló que, según documentos de Repsol, se puede calcular que "entre 2014 y 2015 se pagará aproximadamente el 10% de esos bonos", y que "entre 2016 y 2019 se pagará el 32%, y entre los años 2020 y 2023, otro 34%".

Indicó además que entre "2024 y 2033 se pagará el restante 24% del valor final".

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