Con la lupa en la ley para frenar el goteo

Emiliano Galli
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13 de diciembre de 2013  

El beneficio de contar con un marco normativo babélico es que el administrador logra, casi siempre, torcer la voluntad del administrado a su favor.

Hace exactamente un mes, el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, advirtió que las compras por Internet representaban "un desafío mundial", argumento con el que justificó el despacho de inspectores para monitorear, en primera instancia, y amedrentar, en definitiva, las compras en los portales.

Hoy está cerrado el dique impuesto al ingreso de paquetes que llegan por servicios de correo postal o bajo el régimen courier (aeroexpreso).

Mientras hace poco más de un mes era todavía posible comprar por Internet indumentaria, calzado y hasta juguetes en portales extranjeros y recibirlos en el domicilio no sólo para burlar inflación, sino para tener más opciones que la oferta local o lo que el Estado permite importar, hoy esta alternativa desapareció definitivamente: no ingresa nada.

Así, el consumidor particular ahora sufre en carne propia lo que padece desde enero de 2012 un empresario que necesita importar insumos: la dependencia total del arbitrio estatal.

No obstante, el administrador tiene argumentos a su favor.

Lo que la Aduana hace hoy en Ezeiza (el control absoluto de cada paquete de menos de 20 kilos en el caso del envío postal o 50 kilos en el caso del courier ) es cumplir con la ley, es decir, con la normativa que reglamentó estos servicios y que datan de 1996 (Aliexpress, el portal estrella de compras electrónicas, se fundó en 1999).

Con la conveniencia de ser el creador del laberinto normativo, nada se le puede criticar a la Aduana en estos días porque lo que hace es aplicar la ley: derivar al régimen general a aquellas mercaderías que requieran certificado de origen (textiles, calzado) o la intervención de otros organismos (INTI, para bienes industriales; Anmat, para medicamentos, etc.) y que, según la resolución 3236/96, están excluidas de este sistema "simplificado".

Al aplicar la ley a rajatabla, cada consumidor debe constituirse en Ezeiza y transformarse en un importador particular de un único producto, y contratar los servicios de un despachante de Aduana. Los tiempos y los costos que implican estos requisitos desalientan al consumidor y lo obligan a desistir de sus compras.

Más allá del destino incierto que tendrá el cúmulo de mercaderías que permanecerá en situación de rezago aduanero, el administrador no puede desentenderse del conflicto generado y enrostrar tranquilamente la ley que aplica a rajatabla.

Si ahora es estricto es porque antes no lo era.

Argumentar que está "todo normal" y que el Estado está "cumpliendo con la ley" no es un cinismo más del relato, es un sofisma oportuno. Se dice que este control es consecuencia de la legalidad, lo cual es totalmente cierto. Pero es también innegable que el tiempo elegido para ponerse estrictos delata que el fin perseguido es extremar el celo patológico por evitar la fuga de dólares, aunque sean miles de US$ 19,99 de bagatelas para el árbol de Navidad. Todo un trastorno obsesivo compulsivo. TOC o, si se prefiere, con K final.

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