Con reparos, el FMI aprobaría las metas

Objeta la postergación de las ejecuciones hipotecarias; los objetivos cuantitativos se sobrecumplieron Se esperaba que el informe se publicara ayer Según Lavagna, el retraso es por las elecciones Algunas fuentes dicen que el Fondo aguarda un veto a la prórroga de los remates
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13 de mayo de 2003  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó las metas cuantitativas del primer trimestre del año, pero colocó fuertes reparos a la postergación de las ejecuciones hipotecarias por otros 90 días, al terminar ayer la segunda revisión del miniacuerdo firmado con la Argentina en enero último.

Aunque toda la escenografía estaba preparada para que el Ministerio de Economía difundiera ayer las conclusiones de la misión del Fondo a seis días de la segunda vuelta electoral, a último momento el ministro Roberto Lavagna aclaró que el informe sólo se dará a conocer después del ballottage del próximo domingo.

Mientras que una fuente dijo que "en realidad era imposible dar a conocer hoy mismo las pautas que sólo se terminaron de discutir ayer", un importante negociador aclaró que la última prórroga legislativa a la ley de ejecuciones hipotecarias fue la causa de la postergación del reporte.

Luego del encuentro que mantuvo al mediodía con el jefe de la misión, John Dodsworth, el ministro indicó que "con el Fondo están terminados todos los trabajos técnicos, pero éste es un tiempo de elecciones, por lo que cualquier anuncio se conocerá luego de la segunda vuelta".

Lavagna había informado el sábado pasado que la carta de intención se daría a conocer "este lunes" (por ayer). Pero el domingo a la noche se habría registrado un cambio.

Ayer al mediodía, Lavagna se encontró con Dodsworth y con el auditor John Thornton, que ya partieron de regreso a Washington.

Por la tarde, el ministro oficializó el aplazamiento de la difusión de la segunda revisión de las metas.

En el Palacio de Hacienda, le quitaron todo dramatismo a la decisión: "Las metas cuantitativas se sobrecumplieron", indicó una fuente a LA NACION, con tono relajado.

El informe dará cuenta de la holgura fiscal entre enero y marzo, con un superávit que supera en $ 288 millones la pauta original, y el cumplimiento de la pauta monetaria, a pesar de un leve desvío registrado al final del período. Además, se oficializará el aumento en la previsión del crecimiento del PBI anual -del uno al cuatro por ciento- y la baja de la inflación -del 22 al 18%-, y del dólar, de 3,85 a 3 pesos por unidad.

La segunda revisión también incluirá una autorización para ampliar la emisión monetaria original en unos 4000 millones de pesos.

Por otro lado, se mencionará en el texto que, entre las metas cualitativas, faltan avances en la ley de entidades financieras y en la eliminación definitiva de los planes de competitividad remanentes en los sectores del transporte y de los medios de comunicación. Sin embargo, una calificada fuente oficial dejó en claro que la decisión del Congreso de volver a aplazar las ejecuciones hipotecarias por otros 90 días colocó algún interrogante sobre la letra final del informe que redactarán los técnicos del Fondo Monetario. El sábado, Lavagna había declarado que la norma legislativa era negativa, ya que impedía "ejercer derechos".

En esta sintonía, se consideraba que el FMI postergó la difusión del informe para esperar a ver si el Gobierno opta o no por un veto a la prórroga de las ejecuciones.

Reformas pendientes

La revisión también incluirá algunos "lineamientos" referidos a la futura reforma tributaria y de la coparticipación federal.

En el capítulo de los impuestos nacionales, se explicará que el próximo gobierno impulsará una reforma gradual que debería comenzar con la baja del impuesto a las transacciones financieras y de las retenciones, en la medida en que existan recursos alternativos para que no caiga la recaudación.

En cuanto a la coparticipación, el Palacio de Hacienda logró "suavizar" los reclamos del Fondo, que en principio pretendía exigir una mayor centralización con referencia a la situación de la deuda provincial.

El Fondo pretendía que el Estado nacional recibiera de las provincias una suma fija y que tuviera poder para controlar el nivel de endeudamiento de cada una de ellas. Al parecer, se pudo convencer a los técnicos del organismo multilateral de la necesidad de "evitar el paternalismo, aunque sin renunciar al objetivo de obtener un mayor superávit consolidado para pagar la deuda".

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