Al margen de la semana. Controles y descontroles

Aunque el gobierno de Cristina Kirchner se dedica a imponer cada vez más controles y restricciones al sector privado, las principales variables que dependen del sector público aparecen cada vez más descontroladas.

Este doble estándar no sólo indica la dirección del ajuste a que está siendo sometida de hecho la economía, vía recesión, retroceso real de salarios y jubilaciones, alta inflación y presión tributaria. Todo indica que este proceso continuará en 2015, a menos que el Gobierno logre alguna cuota de financiamiento externo que, a su vez, está supeditada al incierto desenlace del default parcial de la deuda bajo jurisdicción extranjera.

La dieta que el gobierno de CFK impone a buena parte del sector privado contrasta con la ausencia de límites para el gasto público, donde no existe la más mínima señal de austeridad y se aceleró a una velocidad propia de campaña electoral. De hecho, la suba de 46,1% en los primeros nueve meses de 2014 sólo es superada por el récord de 47% interanual en 2007. Pero, a diferencia de entonces, los ingresos impositivos se ubican casi 9 puntos porcentuales por debajo. Hasta ahora, más de 210.000 millones de pesos de gasto por encima del Presupuesto 2014 fueron convalidados a través de sucesivos decretos de necesidad y urgencia (DNU), sin pasar por el Congreso. Esa cifra equivale al déficit fiscal previsto por analistas privados para este año, que en tres cuartas partes es financiado con la "maquinita" del BCRA y eleva el impuesto inflacionario, mientras una cuarta parte se cubre con endeudamiento interno, que reduce el crédito al sector privado (incluso a provincias). Por si fuera poco, uno de los últimos DNU suspende la prudente prohibición legal de que el Tesoro se endeude para financiar gastos corrientes.

Salarios en prematura discusión

El descontrol fiscal explica por qué el Gobierno se resiste a bajar cualquier impuesto, ya sea en forma directa o indirecta. Y también por qué la cuestión salarial amenaza con afectar al tablero de control oficial, ante la proliferación de reclamos sindicales para contrarrestar el deterioro de ingresos que provoca el cóctel de mayor inflación y desactualización del piso no imponible del impuesto a las ganancias.

Los reclamos abarcan un amplio abanico que va desde compensaciones por el pago del gravamen o eximición del medio aguinaldo de diciembre, hasta bonos a cuenta de las paritarias 2015 o la apertura anticipada de negociaciones salariales. Esta prematura discusión salarial configura un escenario poco propicio para el gobierno de CFK, preocupado por evitar un mayor clima de conflictividad social a fin de año.

Ya hubo dos paros nacionales del sindicato bancario, una huelga de dos jornadas de los docentes bonaerenses y un autoacuartelamiento de la policía de Santa Cruz. Bajo la amenaza de paralizar los yacimientos, el gremio de petroleros patagónicos consiguió que las empresas abonen una compensación por retenciones de Ganancias de hasta $ 6000/7000 en noviembre y diciembre y de hasta $ 8000 el año próximo, más tres anticipos mensuales de $ 10.000 a cuenta de la próxima paritaria. Y los pilotos de Aerolíneas Argentinas lograron un plus compensatorio de $ 13.500, que evitó semanas atrás una paralización de vuelos.

Ahora se sumaron otros gremios del transporte (colectiveros, maquinistas ferroviarios, aeronavegantes, dragado y patrones fluviales y marítimos), que anuncian para el próximo jueves respectivas asambleas de madrugada (de 4 a 7) para no perjudicar a los usuarios, a la espera de que prospere una gestión que iniciaron con el ministro de Trabajo para evitar el impacto de Ganancias. Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, afirma que los 4000 afiliados al gremio están alcanzados por el impuesto, que equivale a dos salarios y medio anuales y a fin de año les absorberá el medio aguinaldo. Otro tanto ocurre con los trabajadores de dragado y balizamiento, al igual que con buena parte de los maquinistas y choferes de colectivos, añade.

Si bien el ministro Carlos Tomada dio vía libre a las empresas privadas para que negocien con los trabajadores compensaciones de fin de año, el problema es más complejo en varios sectores. Por un lado, el gobierno de CFK siempre se resistió a admitir el ajuste por inflación de los balances, con lo cual las compañías también pagan cada vez más impuesto a las ganancias sobre utilidades contables y, si absorbieran las retenciones sobre los salarios, afrontarían una virtual tributación extra en un escenario recesivo. Por otro, como en distintos servicios públicos privatizados (distribución de electricidad, gas, colectivos, trenes) existe de hecho una estatización encubierta, el pago de adicionales o compensaciones salariales depende de que el Ministerio de Economía aumente aun más la descomunal cuenta de subsidios (unos $ 230.000 millones en 2014).

Para no quedar descolocada, la CGT oficialista de Antonio Caló reclamó que el medio aguinaldo de diciembre quede exento de Ganancias. Curiosamente, lo hizo poco después de que Sergio Massa formulara la misma propuesta, para atribuirse la paternidad de la medida si la Casa Rosada optara por esta vía rápida y menos costosa de descomprimir la tensión sindical.

Sin embargo, esta posibilidad no evita otras distorsiones en materia salarial. Las paritarias de 2014 (con ajustes de 30% anual promedio, fraccionados en dos o tres tramos) se quedaron cortas frente a una inflación que ronda el 40%. Y esta pérdida real de poder adquisitivo se agrava cuando los salarios están alcanzados por Ganancias. No sólo porque el mínimo no imponible no se ajusta desde hace 15 meses, sino porque la última actualización edificó una suerte de "muro divisorio", que deja fuera del gravamen a quienes en agosto de 2013 percibían sueldos brutos de hasta $ 15.000 mensuales (y $ 25.000 en la Patagonia), aunque ahora ganen mucho más. En cambio, quienes quedaron adentro pasan a pagar alícuotas más altas debido a la desactualización de escalas y deducciones, con lo cual cada ajuste salarial se reduce por el mayor pago del impuesto.

Otra incógnita es qué pauta salarial fijará el Gobierno para el año próximo, después de que los datos "militantes" del Indec arrojen para 2014 una inverosímil suba de la inflación inferior a 25% anual.

Aún así la principal prioridad oficial para llegar a las elecciones de 2015 y zafar de una situación de crisis seguirá siendo racionar el uso de reservas y mantener bajo control el dólar y la brecha cambiaria, precisamente mediante controles policiales y operativos intimidatorios. En este sentido, la creación de la "Unidad de Seguimiento y Trazabilidad" de exportaciones e importaciones, para detectar maniobras de sub o sobrefacturación, tiene un objetivo amenazante similar al de la ley de abastecimiento para el comercio interior. No parece importar demasiado que las exportaciones argentinas vienen de tres años consecutivos de retrocesos y el superávit comercial de 2014 será el más bajo de la era K. Al fin y al cabo, la única manera de salir de la desmesurada madeja de controles y restricciones intervencionistas es con un cambio de política económica, que no ocurrirá en lo que resta del mandato de Cristina Kirchner.

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