Coronavirus. La engorrosa aventura de venderle a un monstruo

Alberto Fernández, junto con su ministro Daniel Arroyo, recibió en Olivos días atrás al empresario Luis Perez Companc, titular de Molinos Río de La Plata; fue un anticipo de los cambios que habrá
Alberto Fernández, junto con su ministro Daniel Arroyo, recibió en Olivos días atrás al empresario Luis Perez Companc, titular de Molinos Río de La Plata; fue un anticipo de los cambios que habrá
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23 de abril de 2020  • 15:43

El mensaje llegó ayer por la tarde al WhatsApp del presidente de una fabricante de alimentos. Surgía desde dentro de una reunión de la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios y dejaba entrever cierta incredulidad. "Parece que vienen licitaciones grandes. Están armando un esquema que supuestamente va a ser transparente", decía, y contaba la propuesta del Gobierno, publicada hoy en el Boletín Oficial: que las empresas se anoten para ser proveedoras del Ministerio de Desarrollo Social y vayan reemplazando, si es posible, a los intermediarios.

Es la apuesta del ministro Daniel Arroyo después del escándalo de las compras con sobreprecios en la emergencia del Covid-19: conseguir que un sistema que tiene en la Argentina alrededor de 70 años empiece a funcionar de manera transparente y eficaz.

"Estamos en eso. Recién ahora conocimos los ajustes del régimen", contestó esta mañana a LA NACION Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, reunido en ese momento para entender las nuevas reglas. El obstáculo de la iniciativa no resulta ajeno al Gobierno: es el mismo Estado argentino, una corporación pródiga en nichos de intereses sectoriales y habituada a pagar en plazos que pueden exceder fácilmente, en un país con 50% de inflación anual, los seis meses. Cada paso, cada aprobación de este tipo de compras queda en general librado a la discrecionalidad del funcionario del área respectiva.

La Casa Rosada se vio forzada a pensar en una alternativa después de la controversia por las compras de 12 millones de kilos de alimentos. Empezó a delinearla el 11 de este mes, cuando el presidente Alberto Fernández le prometió en Olivos a Luis Perez Companc, líder de Molinos Río de La Plata, que sería capaz de modificar las normas del Plan Compr.ar para tentar a fabricantes de alimentos de sumarse. En general, y más en los últimos días, estas compañías han preferido siempre pasar de largo.

Ocurrió inmediatamente después del escándalo que develó Diego Cabot: el Gobierno necesitaba 26.600 kilos de dulce de membrillo que nadie quiso venderle para no exponerse. "No quiero aparecer en los diarios por venderle al doble al Estado", se excusó a este diario un fabricante.

Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, intentó desde entonces hacer gestiones y acercó ese sábado a Olivos a Perez Companc. La propuesta oficial, consignada hoy en la disposición 55 de la Oficina de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, incluye la posibilidad de especificar plazos de pago y entrega de mercadería, crea un registro público y reemplaza el esquema de precios testigo de la Sigen por el de Precios Máximos de la Secretaría de Comercio. Fue acompañada además por una promesa de palabra: se pagará a no más de 45 días. Pero nada parece tan sencillo en la Argentina.

"No pedimos demasiado, sino simplificar y transparentar el trámite: todo lo que simplifica transparenta", había dicho esta semana Funes de Rioja. En el Ministerio de Desarrollo Social confían en que tendrán éxito:"Se supone que vamos a tener más oferentes". Hasta ahora, las cosas parecían confeccionadas exactamente para lo contrario. Un empresario con intenciones de venderle alimentos a cualquier organismo público debe en la Argentina sortear por lo menos cinco etapas: la jefatura de compras, la comisión de recepción, la dirección general de administración y la tesorería que, en algunos casos, puede convertirse en tesorería general, es decir, el área de pagos más alta del organigrama en cuestión.

En cada etapa puede intervenir el departamento de legales o, dicen los empresarios, aparecer algún requisito inconveniente que empresas que velan por su propia reputación prefieren rechazar. Resultado: la aventura queda en manos de sociedades armadas para la ocasión o intermediarios históricos que se dedican a comprarles a los fabricantes para venderle a su vez al Estado. En el rubro de la alimentación hay alrededor de diez.

El sobreprecio sustenta entonces el negocio: si, por ejemplo, el pago se hace en cuatro meses, el proveedor lo incluye como "capital de trabajo" y la mercadería puede costar hasta 25% más. Cuanto más plazo y más requerimientos, más cara. El diferimiento se cubre también de modo financiero. En el caso hipotético de que una empresa recibiera, por caso, una factura de 100.000 pesos a cobrar en 90 días, tiene la posibilidad de ir a un banco que le tome la factura y le dé 100.000 pesos menos los intereses de esos 90 días: un adelanto de fondos contra un crédito.

La modalidad tiene no menos de 70 años en la Argentina. Por eso, dicen los protagonistas, nació en 1957 la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE): para defenderlos de eventuales arbitrariedades del funcionario de turno. Un dueño de una empresa conocida admitió ayer a LA NACION haber tenido que pagar, años atrás, en una importación temporaria, una coima para que la Aduana le cobrara una multa cuyo expediente estaba último en el orden de prioridades. Pagar para pagar.

En el ámbito aduanero dicen que esas demoras no son siempre interesadas: a veces los sumarios se acumulan simplemente porque no hay quien los resuelva. Jorge Benedetti, expresidente de la UAPE, defendió al sector días atrás en una columna publicada en el sitio La Noticia Web: "Las ofertas pueden prorrogarse indefinidamente por parte del contratante, con mecanismo de denuncia del proveedor totalmente endeble. Cuando el proveedor considera que se han vulnerado sus derechos, si se le ocurre impugnar, debe depositar una garantía para que el mismo funcionario impugnado resuelva su reclamo convirtiéndose en juez y parte, el que si es negativo pierde la garantía depositada. Queda en claro que ningún proveedor impugna nada". El texto empieza y termina con la misma sentencia: los hombres son buenos, pero si se los vigila suelen ser mejores.

Venderle al Estado supone desde el primer momento la contratación de personal especializado. "Mi empresa tiene 25 empleados -contó un proveedor-. De esa nómina, dos personas están abocadas a llamar a oficinas públicas. Y tengo también gente en la calle: cadetes que llevan un papel a último momento cuando hace falta".

Nada nuevo en sistemas que hacen del trato personal con el regulador un valor. El año pasado, apenas conocido el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la primarias, un empresario que había votado a Macri se lamentó no sólo por el resultado, sino porque intuía que su mala relación con el kirchnerismo volvería a ser determinante en sus negocios. "Yo a la sala de espera de Roberto Baratta no vuelvo. Voy a contratar un gerente", dijo.

Si la apuesta del Gobierno prospera, los primeros perdedores deberían ser los lobbistas. El dueño de una fabricante admitió a LA NACION haber contratado en los últimos tiempos un abogado con un solo objetivo: conseguir entrar en el registro de proveedores de La Matanza. "Me piden hasta el boletín de la primaria. Y, cuando veo el resto de los inscriptos, resulta que son todos desconocidos. Ya a esta altura me lo tomo como una cuestión de orgullo".

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