Corralito y pesificación, con otro fallo adverso

Economía apelará la resolución judicial
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26 de junio de 2002  

La Justicia declaró la inconstitucionalidad de la reprogramación de los depósitos atrapados en el corralito y la pesificación a $ 1,40 de las sumas originariamente establecidas en dólares. La jueza en lo contencioso administrativo Liliana Heiland dispuso la medida, el cuarto fallo que ataca el fondo de la cuestión planteada por las medidas dispuestas por el Ejecutivo durante la gestión del ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov.

Sin embargo, se conoció que el Ministerio de Economía apelará la resolución invocando el decreto 905, con el que se dispuso el canje voluntario de los depósitos por títulos públicos.

"Al compeler a quien depositó billete dólar a recibir una relación de valores sensiblemente menor al del valor real en el mercado libre, se produjo un claro, irrazonable e injusto despojo. La pesificación en esos términos aniquila un porcentaje considerable, hoy sustancial, del monto efectivamente depositado", dijo la magistrada.

Heiland, ex fiscal del fuero contencioso administrativo, reconocida por su estricta interpretación del Derecho, recibió un pedido de juicio político por parte del PJ en 1997 porque suspendió la concesión de 18 aeropuertos que más tarde pasarían a manos del grupo Aeropuertos Argentina 2000.

Entre los legisladores del peronismo califican a los jueces de primera instancia como "los amparistas", porque sus fallos siempre son en favor de los consumidores y ciudadanos.

"Una cosa es que -en determinadas circunstancias y condiciones- se autorice a causar un daño para evitar otro mayor y otra, muy distinta, es otorgar patente de corso al avasallamiento de derechos", dijo Heiland, en uno de los considerandos más duros de su severa resolución.

La magistrada resolvió el fondo de un amparo planteado por el ahorrista Oscar Alfredo Giuntoli -a quien le había concedido una medida cautelar por el 50 por ciento de sus depósitos- contra el Estado y dos bancos, el BankBoston y el HSBC, a los que ordenó devolver los depósitos en la moneda pautada o su equivalente en pesos.

En los considerandos del fallo, Heiland estimó que el decreto 214 del Poder Ejecutivo estableció "perversas alteraciones al orden y estabilidad jurídica del ahorrista", y cuestionó también el mecanismo previsto del canje de depósitos por bonos, ya que "implicaría para el ahorrista la liberación del deudor originario (la entidad financiera) y su sustitución por otro (el Estado Nacional), que ha declarado su estado de insolvencia".

Al fundamentar la inconstitucionalidad de las medidas, la jueza atacó la forma en que fueron dispuestas (mediante decreto de necesidad y urgencia), "por lo que nacieron con una validez potencialmente efímera, supeditadas a la posterior ratificación legislativa".

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