Corredores de granos, en alerta por la ley de mercado de capitales

La reglamentación de la nueva ley de mercados de capitales encendió las alarmas entre operadores del mercado de granos, fundamentalmente en corredores de cereales que sostienen que, por las nuevas exigencias que plantea la norma, el 80% de esos actores, la mayoría chicos por el volumen que comercializan, podría desaparecer.

Por estos días, diversos corredores comenzaron a analizar las implicancias de unas 700 páginas de la reglamentación de la ley. Allí, entre otros puntos, se establecen mayores exigencias patrimoniales para operar a los corredores de cereales.

Vale el ejemplo del patrimonio neto exigido para operar. En el caso del mercado a término, esa exigencia antes era de acuerdo al volumen que se manejaba. Así, por ejemplo, el patrimonio neto mínimo para operar era el equivalente a US$ 100.000 o unos 573.000 pesos. Y de ahí aumenta según el volumen que realice el operador.

Fuera de carrera

Ahora, en cambio, con la nueva ley si el corredor quiere operar necesitaría un millón de pesos. Además, si pretende registrar la posición de un exportador, por ejemplo, deberá contar con 3,5 millones de pesos. Y esto independientemente del volumen, es decir, si es un operador chico o grande.

"El 80% quedaría fuera del mercado porque no tiene los 3,5 millones de pesos que se necesitarían. Es decir, la norma perjudica a los más chicos y favorece a los operadores más grandes por volumen", contó una fuente ligada a los corredores que pidió reserva de su nombre.

Por otra parte, si pretende registrar un cliente que a su vez tiene muchos clientes, la exigencia para ese caso es de $ 15.000.000.

"Nos están metiendo a todos en la misma bolsa elevando las exigencias", se quejó otro operador chico consultado.

"El sector del corretaje va a estar complicado con esto", agregó la fuente.

Según pudo averiguar LA NACION, un grupo numeroso de corredores se encuentra evaluando los pasos por seguir. Entre otras alternativas, no se descarta presentar un recurso administrativo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que haya un cambio en la normativa.

Otros corredores creen que inclusive se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia. De imponerse esta opción, sería cada firma en particular la que tendría que llevar adelante esta acción antes que lo haga alguna de las cámaras que agrupan a estos operadores del mercado.

Mientras tanto, otros se inclinarían antes de tomar cualquier decisión de tratar de conversar primero con el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.

"Todavía no tomamos una decisión, pero se está evaluando todo, haciendo consultas con otros operados, exportadores, bolsas", precisó un corredor que participa de la ronda de consultas que se abrió por este tema entre operadores que tienen su zona de influencia en Buenos Aires y otras provincias.

Dudas

Según operadores, la nueva norma tiene otros puntos conflictivos, como el relativo a la integración del directorio de los mercados de futuros.

"Limita la participación en el directorio a aquellos que no registran, con lo cual puede venir cualquiera sin conocimiento del tema", opinó un agente.

"En el directorio no puede haber más del 51 por ciento de operadores que integren el directorio de sus empresas", señaló otro operador. Es decir, más de la mitad de los directores debería ser independiente.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la CNV podría fiscalizar actos administrativos sin sumario previo.

"Esto no permite la defensa; no asegura un proceso justo", reflexionó una fuente.

Por otra parte, como entre los alcances de la norma se establece el mercado electrónico, hay temor a una eventual desaparición del piso en las bolsas.

Preocupación de la Rural

La Sociedad Rural Argentina (SRA) criticó el impuesto a la distribución de dividendos. Para la entidad, "empeora aún más la minada competitividad de la actividad agropecuaria". Y agrega: "Una nueva tasa del 10% para el retiro de utilidades podría hacer inviables muchas empresas agropecuarias, que pasarán a engrosar las más de 60.000 firmas que ya han desaparecido". Para la SRA, "el campo tiene una carga fiscal que es un 58% más alta que la del resto de los sectores de la economía, ya que se mantienen las abusivas retenciones que deprimen los precios que recibe el productor, a lo que se suman las distorsiones que genera la permanente intervención del Gobierno en los mercados".