La Corte Suprema de EE.UU. le pidió al gobierno de Trump que dé su opinión sobre el juicio millonario por YPF

Fuente: Archivo
Pablo Fernández Blanco
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7 de enero de 2019  • 11:44

La Corte Suprema de Estados Unidos le dio hoy un poco de aire a la Argentina en el marco de un juicio millonario que lideran fondos buitre contra el país e YPF por la estatización de la compañía. El máximo tribunal decidió hoy pedirle opinión al procurador general norteamericano para dar su mirada con respecto al tema sin plazos predefinidos. Se trata del abogado de la Casa Blanca.

"El procurador es invitado a presentar un informe en estos casos expresando la mirada de los Estados Unidos", ex la expresión textual que usó el máximo tribunal norteamericana.

La Corte tenía tres alternativas: aceptar la apelación argentina, rechazarla o pedirle opinión al gobierno norteamericano, algo que finalmente ocurrió. Si bien la primera opción era la más auspiciosa, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, está satisfecho con la tercera.

Los abogados argentinos consideran que la buena relación entre Trump y Mauricio Macri puede tallar a favor del país en la opinión que aporten los asesores de la Casa Blanca a la Corte Suprema de ese país. Es el paso previo a dar sentencia.

La Casa Rosada considera que la decisión es buena para el país por diversos motivos. En primer término, demuestra la importancia del caso, porque de otro modo se hubiera rechazado el pedido.

Además, es muy infrecuente que la Corte haga este tipo de convocatorias.

Aunque no es vinculante, la opinión del "Solicitor General", como se dice en inglés, es tenida en cuenta especialmente por la Corte.

El Gobierno también cree que fue bien recibida por parte de la Corte la presentación de los "amici", como Chile y México, que se mostraron a favor de la Argentina y pusieron de manifiesto la importancia del tema desde el punto de vista internacional para EE. UU.

Seis días antes del tercer aniversario de la estatización del control de la petrolera por parte del kirchnerismo, en abril de 2015, Burford Capital Limited, un megabufete con activos por más de US$ 500 millones, presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.

El reclamo no tiene un monto establecido, pero en el mercado sostienen que rondaría los US$3000 millones. El punto débil para el país es el lastre que dejó la familia Eskenazi, que en 2008 ingresó a la compañía en una operación cuestionada.

Entre otras firmas, los Eskenazi crearon las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Burford compró la quiebra de ambas –ocurrió tras la estatización-, que utiliza para litigar contra el país. Los demandantes sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su participación.

En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), así como en su viejo estatuto.

El argumento de los abogados locales es que la estatización de YPF se hizo bajo la ley de inmunidad soberana, no violó las leyes de oferta pública en los EE.UU. Esta opción obligaría Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos, como quiere el Gobierno. Pero la justicia norteamericana ya rechazó ese argumento en dos ocasiones: en primera instancia y en segunda instancia, por una decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Kicillof rechazó en el Senado que el país tuviera la posibilidad de ofertar por todo. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo.

Esas palabras usaron los demandantes para justificar que el país no cumplió con las leyes.

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