Covid: las multas por sobornos que recibieron laboratorios que hacen la vacuna

Las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos están más que controladas por el Gobierno de ese país, y tienen la obligación de autodenunciarse si descubren, a través de controles internos, que cometieron algún ilícito. De otra manera las multas y penalidades son durísimas.

En 2012, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), un organismo encargado de regular y controlar todo lo relacionado con la bolsa de ese país, multó a Pfizer porque alegó que sus subsidiarias sobornaron, entre otros funcionarios públicos, a médicos y profesionales de la salud empleados por gobiernos extranjeros.

Junto a su subsidiaria Wyeth LLC pagó entonces US$45 millones en concepto de multa, y el Departamento de Justicia (DOJ), por otro lado, le cobró a Pfizer HCP otros US$15 millones por violar su ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) que penaliza a las empresas que pagan sobornos en el exterior.

Tanto la FCPA como la ley Sarbanes Oxley, que castiga a quienes falsean sus estados contables y así engañan a sus accionistas, son herramientas muy poderosas en Estados Unidos que controlan con ojo de águila a las compañías locales (y también a las extranjeras) que cotizan en su bolsa de valores. También Estados Unidos penaliza a quienes realizan sobornos u otros ilícitos y el dinero pasa por su sistema financiero. Uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos fue el FIFA Gate.

Según consigna la SEC, los sobornos que pagó Pfizer, a través de las compañías subsidiarias, ocurrieron en Bulgaria, China, Croacia, República Checa, Italia, Kazajistan, Rusia, y Serbia, donde se hicieron pagos indebidos a funcionarios públicos de esos países para obtener la aprobación de regulaciones para beneficiar a la compañía y mejorar sus ventas. Pero además, trataron de esconder estos pagos consignando las transacciones como si fueran actividades legítimas como marketing, promociones, capacitación, viajes, conferencias y publicidad, entre otras acciones.

“Las subsidiarias de Pfizer en distintos países tenían el proceso del soborno tan aceitado que ofrecían un bonus a los funcionarios extranjeros”, dijo Kara Brockmeyer, una alta funcionaria de la SEC. Así puso en evidencia, según sus palabras, las debilidades de algunas compañías para monitorear los riesgos en sus operaciones globales. En China, por ejemplo, había un programa bajo el cual los médicos estatales acumulaban puntos para obtener premios en base a la cantidad de prescripciones o recetas que realizaban de la marca.

Según la SEC, en ese momento Pfizer colaboró plenamente con la investigación, y fortaleció su programa de compliance a nivel mundial.

Por otro lado, en 2016, AstraZeneca, la compañía farmacéutica basada en el Reino Unido, pagó más de US$5 millones por violar la ley de prácticas corruptas de Estados Unidos por pagos indebidos a funcionarios públicos realizados por sus subsidiarias en China y Rusia.

La investigación de la SEC dio como resultado que empleados de la subsidiaria de AstraZeneca en China “hicieron pagos indebidos en cash y en regalos” como incentivos para que se prescriban productos de la compañía y también pagaron a funcionarios públicos para evitar sanciones. En Rusia también se comprobó que hubo “incentivos” a las ventas. “La investigación de la SEC también encontró que los pagos ilícitos transcurrieron durante varios años y que estaban avalados por distintos niveles del management en Rusia y China”. Los pagos, obviamente, tampoco estaban reflejados en los libros contables y hubo una falla en los controles internos anticorrupción.

AstraZeneca pagó la multa “sin admitir o negar las acusaciones”, consigna la SEC.

No son las únicas. En 2020, Norvartis AG y su subsidiaria Alcon pagaron US$340 millones a la SEC y al DOJ por sus acciones en Corea del Sur, Vietnam, Grecia y China. En 2016 también pagó US$25 millones por sobornos en China. En 2008 fue el turno de Johnson y Johnson de pagar US$70 millones en concepto de sobornos a médicos estatales en distintos países europeos y también malas prácticas en Irak. Otras compañías del sector, como GlaxoSmithKline, que pagó una multa de US$20 millones en 2016, también cayeron bajo el “enforcement” o la obligación de cumplir las reglas, americano.

Cuando desde Estados Unidos se abre una investigación, cosa que podría ocurrir en el caso de Pfizer con la Argentina, según Pedro Serrano Espelta, socio de Marval, O’Farrell & Mairal, “se trabaja en colaboración con el Departamento de Justicia (DOJ) el FBI y otros organismos nacionales y extranjeros en un networking importantísimo. Se le pide a la empresa toda la información. Si la compañía miente, por ejemplo, las sanciones son multimillonarias”.

Raúl Saccani, presidente de la Comisión Anticorrupción del Consejo de Ciencias Económicas y Socio de Forensic & Dispute Services de Deloitte Argentina explica que “la FCPA es es una norma creada hace muchos años (en 1977) producto de la investigación de Estados Unidos sobre el caso Watergate. Allí se encontró con “la existencia de una caja para fines espúreos. Se descubrió no solo irregularidades en el financiamiento de campaña, sino que salió a la luz cómo operaban las empresas de forma irregular en distintos países. Fue entonces que se aplicaron sanciones a empresas que fuera de Estados unidos”.

En los próximos años van a salir a la luz muchos temas relacionados con la corrupción; en general los controles están funcionando a menor escala y eso es un caldo de cultivo para las malas prácticas

Saccani agrega que la corrupción se manifiesta de múltiples maneras, no solo a través del pago en dinero, y que además cuando esto sucede a veces ni siquiera es multimillonario. “La corrupción se da hasta en el hecho de contratar a un familiar de un funcionario para que trabaje en la empresa. Son acciones para conseguir un negocio”. En cuanto a las sanciones, sostiene que las multas son cada vez mayores para las empresas. “Hay un mecanismo para calcular el monto de la sanción. A mayor colaboración, menos sanción. Acá entran en juego los programas de integridad o de compliance de las empresas, que deben prevenir estas acciones y, si suceden, investigar y denunciar”. “El daño -sostiene el investigador de Deloitte-, además de económico, está relacionado con la reputación de la compañía”.

Otros países también tienen una fuerza legislación para penalizar las prácticas corruptas. La Argentina, de hecho, desde el 1° de marzo entró en vigencia la Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que se conoce como ley penal empresaria, que penaliza la corrupción pública privada y establece la importancia de los programas de integridad en las empresas.

Sobornos en la Argentina

Estas penalidades mencionadas no fueron por operaciones en la Argentina, pero sí hubo otras compañías que pagaron multas por sobornos en este país.

Uno de los casos más resonantes es el de Siemens, un esquema de corrupción que todavía no fue penalizado en la Argentina pero sí en los Estados Unidos por actos de corrupción entre1996 y2007. En 2008 Siemens pagó US$800 millones en concepto de penalidades por su práctica en la Argentina.

En 1994 el gobierno nacional lanzó una licitación internacional para realizar nuevos DNI, informatizar fronteras y padrones electorales, un contrato de US$1300 millones. En 1997 comenzaron los sobornos para ganar la licitación y, a pesar de tener precios mayores, la ganó en 1998. La compañía reconoció sobornos en la Argentina por US$106 millones para ganar la licitación, para evitar que se rescinda y para pagar el silencio. “Siemens pagó más de US$100 millones en sobornos a funcionarios de tan alto rango que incluyen a dos expresidentes y a miembros del gabinete”, consigna la SEC de manera oficial. Aclara que más de US$31 millones fueron pagos indebidos realizados después de marzo de 2001.

El resultado, además, fue la imputación de siete empleados de Siemens por los sobornos en la Argentina, pero en este país ningún funcionario público fue condenado.

Otra causa sin cierre final en la Argentina es la de IBM-Banco Nacion, que data de 1994. La compañía confesó haber pagado sobornos a funcionarios argentinos.

De 2000 a 2008, Biomet, una compañía de productos ortopédicos, sobornó a médicos estatales de la Argentina, Brasil y China, según la SEC y tuvo que pagar una multa en 2012 de US$22 millones. En la Argentina, empleados de Biomet les pagaron sobornos a médicos empleados por el Estado de hasta el 20% por “colocar” los productos. La empresa consignaba estos pagos como “consultoría”.

LAN Airlines desembolsó en 2016 US$22 millones a Estados Unidos por pagos indebidos durante un conflicto gremial.

Ralph Lauren Corporation, por otro lado, pagó una multa de US$700.000 por sobornar a funcionarios públicos en la Argentina de 2005 a 2009. El monto del pago indebido fue de US$593.000 a través de efectivo y regalos. Lo hizo para asegurarse la entrada de sus productos a la Argentina. Fue la propia compañía, a través de una investigación interna, la que reportó el ilícito, por lo que la multa fue menor, aunque el DOJ le cobró otros US$800.000.

Tenaris también cayó bajo la vara de la SEC y tuvo que pagar en 2011 más de US$5 millones y US$3,5 millones al DOJ por episodios en Uzbekistán. En este caso, la compañía colaboró en la investigación por lo cual, al igual que en el caso de Ralph Lauren, la multa fue mucho menor.

Por causa de los descalabros en la salud física, económica y emocional a causa de la pandemia a nivel mundial, Saccani advierte que “en los próximos años van a salir a la luz muchos temas relacionados con la corrupción. En general los controles están funcionando a menor escala y eso es un caldo de cultivo para las malas prácticas”.

Qué enciende la alerta de las empresas

Según un informe de Deloitte, las compañías analizan ciertos indicadores que pueden ser peligrosos para la transparencia de las transacciones. Estos son:

• Si se opera en países con índices de corrupción elevados.

• Si se utilizan directa o indirectamente agentes o intermediarios que tengan influencias o nexos en el gobierno.

• Si en la actividad empresarial se considera que el soborno es “necesario” para hacer negocios.

• Si a la empresa se le exige pagar más que las tarifas establecidas para “acelerar” ciertos trámites u obtener ciertos servicios.

• Si a la empresa se le ha pedido realizar pagos a cuentas personales de intermediarios u agentes de entidades gubernamentales.