Critican el uso discrecional de fondos

El aumento en el gasto que dispuso el viernes pasado el presidente Néstor Kirchner recibió en las últimas horas un enérgico rechazo de dirigentes de la oposición y analistas, que volvieron a cuestionar el uso de los superpoderes en la Argentina. Hasta ahora, gracias a esa herramienta y a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) utilizados con el mismo fin, la Casa Rosada ya reasignó 18.047 millones de pesos este año.

Desde que asumió Néstor Kirchner, la oposición machaca siempre con el mismo interrogante: ¿de qué sirve que el Congreso apruebe el presupuesto nacional, si luego el Gobierno lo modifica como quiere? No exagera: en lo que va del año, sólo mediante el uso de los superpoderes el Poder Ejecutivo reasignó partidas dentro del presupuesto por casi 4000 millones de pesos, a los que ahora deberían sumárseles el aumento de 14.219 millones dispuesto por DNU el viernes pasado.

La ley de superpoderes, aprobada hace justo un año, le permite al jefe de Gabinete modificar el destino de las partidas del presupuesto sin previo aval del Congreso. Se trata de una herramienta poderosa por el uso discrecional de los recursos públicos que implica, pero el Gobierno parece no conformarse: además de los superpoderes, también apela a decretos de necesidad y urgencia para distribuir a su antojo los recursos del superávit para ampliar el gasto. Así lo hizo el viernes pasado, cuando de un solo plumazo lo aumentó en 14.219 millones, casi el 12% del total que había sido presupuestado para este año.

Entonces, basta una simple suma para estimar cuánta plata reasignó hasta ahora el Gobierno en el presupuesto gracias a los superpoderes y a los referidos decretos: un total de 18.047 millones, casi el 15% de lo presupuestado. Un monto sideral, más si se considera que el Gobierno los distribuye según su exclusivo criterio.

¿De qué sirve, entonces, la aprobación del presupuesto en el Congreso? La oposición brama. Sus principales candidatos a la presidencia, Roberto Lavagna (UNA), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Jorge Sobisch (Movimiento Provincias Unidas) y Ricardo López Murphy (Recrear) anticiparon que, de acceder a la Casa Rosada, derogarán la polémica norma de los superpoderes y harán más restrictivo el uso de los decretos.

De Vido, el beneficiado

"El Congreso perdió su facultad de fijar las políticas públicas: cuánto se gastará y en qué áreas -apuntó Delia Fernández Rubio, de la Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa).- Lo grave es que, en el caso de los superpoderes, la ley permite que no sólo el jefe de Gabinete, sino incluso funcionarios inferiores puedan reestructurar partidas. La invisibilidad de las decisiones en una materia tan importante implica menos transparencia."

En lo que va del año, el Gobierno emitió 27 decisiones administrativas para efectuar reasignaciones presupuestarias (superpoderes) por casi 4000 millones (3828 millones en total). La cifra se infiere de los informes publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Al monto se suman los 14.219 millones que inyectó por decreto el viernes pasado. En ambos casos, el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, fue el área más beneficiada.

En efecto, por decisión administrativa, se giraron en junio pasado 928 millones a la Dirección de Vialidad y al Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), cuyo ex presidente, Claudio Uberti, es sospechoso por el escándalo de la valija con US$ 800.000 sin declarar, que ingresó en el país desde Venezuela a principios de agosto. Ese mismo mes, una nueva decisión administrativa benefició a otro funcionario denunciado en la Justicia, Ricardo Jaime, cuya Secretaría de Transporte recibió 327 millones.

Para realizar estas reasignaciones presupuestarias, los recursos se extrajeron de otras partidas. La más perjudicada fue el Programa de Asistencia Financiera a las Provincias (PAF).

El decreto de necesidad y urgencia del último viernes también tuvo a De Vido como principal beneficiado, ya que recibió el 77% de los fondos ampliados. La mayor parte de los recursos se destinó a paliar la crisis energética y a subsidiar el transporte (ver aparte).

El otro gran favorecido del referido decreto fue Sergio Massa, jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que recibió 5294 millones para constituir un fondo de garantía de sustentabilidad del sistema de reparto. El diputado Claudio Lozano (CTA) puso el grito en el cielo.

"Crean un fondo de garantía pero, al mismo tiempo, la Anses le prestó 2364 millones al Tesoro nacional para pagar deuda pública. Es decir que los recursos que la Anses recauda y que debieran servir para pagar, por ejemplo, la movilidad de los haberes jubilatorios, terminan en un fondo que, presentado como ´garantía previsional es, en la práctica, una fuente de financiamiento del Tesoro para pagar deuda pública", alertó.

En pocas palabras, la oposición no sólo objeta que el Poder Ejecutivo esquive al Congreso en cuestiones fundamentales como la asignación presupuestaria, sino también el desmanejo de esos recursos, fruto precisamente de la falta de control.

"Por falta de previsión, el país tuvo que comprar energía hasta 1400 por ciento más cara; la resistencia del Gobierno a asumir una crisis energética no sólo concluyó con cortes y restricciones; además, generó un costo adicional, al tener que importar electricidad de Uruguay y de Brasil. En las horas pico llegó a pagarse la friolera de 920 pesos por megavatio/hora, cuando lo habitual son unos 65 pesos por megavatio", enfatizó el diputado Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

Por Laura Serra

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