Los cuadernos de las coimas: más controles en el Gobierno y otros nombres en las empresas

En silencio, varios protagonistas del mundo de la obra pública buscan modificar la oscura relación que durante décadas unió al Estado con sus proveedores. El Gobierno prepara un decreto para darle mecanismos de mayor control a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Arrumbado en la burocracia estatal, ese organismo debería empezar a manejar las contrataciones del Estado. Y las empresas de la Cámara de la Construcción avanzan en la renovación casi total de la conducción de la entidad, separando a los representantes de las compañías procesadas en la causa de los cuadernos.

Habrá también novedades importantes respecto de la recuperación de activos fruto de la corrupción y, además, se esperan algunas señales desde las empresas privadas.

"Si cuando termine este gobierno se vuelve atrás con los pasos adelante que hemos dado en materia de transparencia, sentiré que he perdido los mejores 10 años de mi vida", dijo el presidente Mauricio Macri hace pocos días en su despacho de la quinta de Olivos. Lo escuchaban un par de colaboradores, y el tema iba y venía por las medidas que se han implementado para dotar de transparencia el régimen de contratación oficial.

En el Gobierno reconocen que no hay una aceitada comunicación de varias de las iniciativas que avanzan. Por caso, los portales de compras Comprar y Contratar, dos de las herramientas que sirven para el seguimiento de las adquisiciones del Gobierno, aún tienen que mejorar en la información que brindan. Prometen que se seguirá trabajando en esas bases de datos públicas.

En el proyecto original, está dispuesto que la ONC centralice toda la formalidad de las contrataciones en todas las licitaciones del Estado. La cuestión técnica quedará en manos del ente contratante. El régimen está mucho más cercano a los estándares de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club al que se postula el gobierno de Macri.

La idea es crear una mesa de recupero de activos. Será una herramienta para que aquellos bienes que sean producto de la corrupción o el crimen organizado, como el narcotráfico, sean dispuestos y vendidos rápidamente

Uno de los postulados de los sistemas de transparencia más avanzados es evitar que en un solo organismo se concentren la contratación, la regulación, el control y el pago de un determinado bien o servicio. La Argentina está hoy en el lugar opuesto. Según los planes oficiales, el decreto en el que se dará forma a la nueva estructura saldrá en poco tiempo.

Hay otro punto que desvela al Presidente: la recuperación de los bienes. Frenada la iniciativa en el Congreso, el Poder Ejecutivo empezará a transitar un camino práctico. En la Jefatura de Gabinete consideran que el esquema actual, en el que la Justicia le entrega el bien a una agencia del Estado en carácter de depositario legal, no es efectivo. "Se da el caso de tener patrullando en la zona del Delta el yate de [Ricardo] Jaime. Y ese barco no está hecho para eso. O los patrulleros con autos de alta gama. No es una solución definitiva", confió una de las fuentes que están en el detalle de la nueva regulación.

La idea es crear una mesa de recupero de activos. Será una herramienta para que aquellos bienes que sean producto de la corrupción o el crimen organizado, como el narcotráfico, sean dispuestos y vendidos rápidamente. Ya no habrá autos ni propiedades para usar y cuidar mientras dure el proceso.

La Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y, obviamente, la Justicia serán parte de ese nuevo ente en el que piensa el Gobierno.

Depuración

Pero eso no es todo. En el sector privado también hay movimientos para mostrar que el caso de los cuadernos de las coimas no pasó inadvertido.

La Cámara Argentina de la Construcción plantea una batería de normas para depurar una dirigencia que, en el mejor de los casos, quedó tocada después de la causa, en la que ya hay alrededor de 50 procesados por asociación ilícita entre empresarios y exfuncionarios.

En diciembre, la cámara elegirá un nuevo presidente. Allí radica la primera diferencia con los anteriores números uno de la entidad: el elegido, Julio Cesar Crivelli, no tiene constructora. Abogado, es uno de los principales asesores del sector, tuvo una empresa del ramo, pero no la tiene más.

La nueva dirigencia ya estableció algunas pautas para el inicio de su gestión aun antes de llegar. La comisión directiva estará formada por representantes de empresas que no estén salpicados por el escándalo. Ni podrán estar presentes en el órgano de dirección empresas involucradas y, menos aún, hombres que ya pasaron por Tribunales.

La mesa directiva, un órgano más colegiado, con delegados de todo el país, tendrá solo un 30% de representación de empresas que están ligadas a la causa de corrupción, aunque sus representantes no podrán ser los hombres confesos. "No es posible dejar a todas las empresas de lado, ya que son las dueñas de todo el conocimiento de ingeniería", se excusan en la entidad.

Así se empezará a sanear una de las instituciones que albergaron durante décadas a la llamada patria contratista. Pero los constructores llegarán con otro pedido al Gobierno. Para los conflictos y las impugnaciones que muchas veces se dan en el proceso licitatorio, la cámara quiere proponer la formación de tribunales arbitrales y laudos como medio de resolución de conflictos. De esa manera, dicen, los tiempos se acortarían y ya no habrá que esperar años a la espera de la resolución judicial.