¿Cuál será el futuro del sistema previsional?

Hay consenso en la necesidad de crear nuevas prestaciones asistenciales y de flexibilizar el acceso a la jubilación; sigue el debate sobre el pase de los afiliados a las AFJP al Estado
Silvia Stang
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4 de mayo de 2003  

La flexibilización del régimen y la puesta en marcha de un esquema de prestaciones asistenciales para extender la cobertura previsional, por un lado, y la apertura de un período en el que los afiliados de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) puedan pasar al régimen de reparto, por el otro (aunque esto último por diferentes motivaciones), son dos puntos en los que coinciden los referentes de Carlos Menem y de Néstor Kirchner a la hora de definir qué reforma previsional se impulsaría en la próxima gestión gubernamental.

Por el contrario, temas como el nivel de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social y la forma en que debe organizarse la recaudación son aspectos en los que aparecen las diferencias entre los puntos de vista de los asesores de uno y otro candidato.

Si bien la problemática previsional no ganó un espacio protagónico en los discursos de campaña, en los equipos técnicos de ambos candidatos aseguran que no tienen dudas: es necesaria una reforma.

Cuando el sucesor de Alfredo Conte Grand se ponga al frente de la Secretaría de Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo, se encontrará con el llamado "libro blanco" que la semana entrante presentará oficialmente la cartera laboral. Allí se expone una síntesis del trabajo de una comisión de expertos que no logró arribar a consensos en temas fundamentales para una eventual reforma, aunque al menos sí se coincidió en que es urgente instrumentar una prestación asistencial que se constituya en el ingreso de quienes pasen la edad de retiro del mercado laboral sin haberse ganado el derecho a la jubilación.

No es extraño que la promesa de facilitar el acceso a las prestaciones sea un tema central. Según datos del Indec, en los últimos 8 años el nivel de cobertura de los mayores de 65 años cayó del 77 al 65%, y el futuro se vislumbra mucho más grave: de los trabajadores inscriptos en la seguridad social, sólo entre el 30 y el 35% aporta regularmente, sin contar con que el 40% de la fuerza laboral está en negro.

"Hay que flexibilizar el acceso a la prestación; hoy tenemos desocupados de 50, 55 años, y una alta informalidad. Hay que atender con el régimen jubilatorio las relaciones atípicas del trabajo que se generaron", apuntó el ex secretario de Trabajo Carlos Tomada, referente en temas laborales del santacruceño Kirchner.

Para Carlos Torres, ex secretario de Seguridad Social y asesor de los equipos de Menem, debería crearse un esquema de prestaciones proporcionales para quienes, al final de su vida laboral, tengan al menos 10 años de aportes pero no lleguen a los 30 que exige la ley para acceder al haber jubilatorio.

La iniciativa menemista también contempla un beneficio asistencial para quienes no alcancen siquiera los 10 años con aportes, con pagos que serían financiados con impuestos no dependientes del sistema laboral. En rigor, la propuesta incluye la eliminación de la contribución patronal con destino al Estado -hoy fijada en el 16% de la nómina salarial- para que esos recursos sean trasvasados a los bolsillos de los empleados. Es de esta forma que Menem pretende financiar su promesa de subir en un 30% los salarios. Claro que el desarrollo del plan está atado a la aprobación de una reforma tributaria que, con la eliminación de exenciones, permita compensar el bache que provocaría no cobrar más contribuciones patronales: nada menos que unos $ 5500 millones al año.

Quienes apoyan a Kirchner rechazan en forma contundente esa idea. "Dicen que se busca dejar más dinero para los trabajadores y, por lo tanto, se incentivará el consumo; sin embargo, esos fondos que no recaudará la seguridad social son los que se destinan a pagar a los jubilados y, por lo tanto, es dinero que hoy va directamente al consumo", replican. Según Tomada -que aclara que no habrá reformas sin consenso-, en lo que a contribuciones se refiere lo ideal sería homogeneizar las tasas en todo el país.

Los autónomos

Mención aparte merece el régimen de autónomos. Se estima que de todos los que andan por la vida con el talonario de facturas bajo el brazo sólo uno de cada diez tiene al día sus obligaciones con el sistema jubilatorio.

Torres insiste en bajar alícuotas: mientras que para los empleados dependientes se buscaría llevar del 11 al 9% el descuento de los salarios, para los autónomos la iniciativa habla de eliminar la parte de la contribución (lo que va al Estado y no a su cuenta individual si está en una AFJP). Eso representa aliviar en 16 puntos la carga del 27% que se debe pagar cada mes sobre el ingreso presunto de una categoría determinada. Pero, nuevamente, una propuesta de esas características chocaría con la necesidad de tapar el bache en la recaudación.

Por otra parte, ambos candidatos prometen reformar el esquema para calcular los aportes, con la intención de ir hacia mecanismos que reflejen de manera más cierta la realidad de los ingresos de los trabajadores. Es un tema que acumula años de discusiones, pero pocas acciones en concreto.

Cambios para las AFJP

El capítulo que más resquemores despertó durante las discusiones que intentó este Gobierno entre expertos de diferente proveniencia es el que pretendió analizar el futuro de las AFJP. A casi 9 años de su inicio, el sistema administra $ 41,2 mil millones, con números que aún albergan algunas incógnitas. Como la que abre la parte del fondo (un 76,5%) que está colocada en deuda pública.

Las entidades privadas llevaron a la Justicia su oposición a la pesificación de esos activos (que se efectuó a 1,40 peso por dólar). Por las condiciones en que se obtuvieron los llamados "préstamos garantizados" al sector público, las AFJP podrían reclamar la vuelta a los bonos originales en los que tomaron la deuda, en dólares. Sin embargo, deberían renegociar las condiciones de pago y eventuales quitas, como el resto de los acreedores.

Tanto para los referentes de Menem como para los de Kirchner sería ideal una consideración especial para los títulos en poder de las administradoras, ya que se trata de bienes de los trabajadores. Pero ambos advierten que eso dependerá de los equipos económicos.

En los dos casos se insiste en prometer que no se volverá a permitir que una gran proporción de los fondos se derive a deuda estatal. La alternativa, señalan tanto Tomada como Torres, es orientar las inversiones a fines productivos. Más allá de hacer respetar los límites originales que impedían que las posiciones en deuda pública superaran la mitad del fondo acumulado, no hay propuestas concretas de modificar las normas sobre inversiones.

En cambio, sí existiría un proyecto de ley para alentar una propuesta que les genera un dolor de cabeza a las AFJP. "Hay que permitir que los afiliados de capitalización pasen a reparto, para que haya más competencia", explicó Tomada.

Torres considera que el sistema debe ser consolidado y, "si es necesario, haríamos que se abra un período para permitir por única vez el pase de afiliados a reparto". Claro que el espíritu con que el menemismo admitiría tal cosa es diferente del que tienen algunos especialistas en el área, que insisten en que la gente no puede ser rehén de un sistema. "Eso de dejar que existan traspasos de las AFJP a reparto se hizo cuando comenzó el sistema, pero no volvió nadie", recordó el ex funcionario de Trabajo, para quien es necesario "terminar con la discusión".

Las comisiones

Con respecto al tema de las comisiones que las administradoras les cobran a sus afiliados, Torres dijo que se tenderá a una baja disponiendo que se contrate para todo el sistema una única póliza colectiva del seguro de vida que cubre los pagos de pensiones por muerte o invalidez. El encarecimiento de las comisiones aprobado recientemente, que llegará en julio o agosto (según la AFJP) y que en promedio será del 12,6%, fue justificado por el sector en el alza de los costos de ese seguro.

Más allá de esos aspectos, el controvertido documento que avaló parte de la comisión de expertos coordinada por Conte Grand reflejará la discusión de propuestas para modificar el destino de los aportes que van a las AFJP con el propósito de llevar más recursos al Estado (ver aparte). Por lo pronto, los asesores de los candidatos no tienen desarrolladas ideas en este sentido y tampoco existen definiciones respecto de una eventual revisión de los compromisos futuros del Estado, por ejemplo, con el pago de la Prestación Básica Universal (PBU), que se reciben en ambos regímenes.

Lo cierto es que el aspecto que, valga la contradicción, muestra más claramente la incertidumbre sobre el futuro del sistema es la mencionada baja tasa de aportantes. En ese punto, hay acuerdo sin fisuras: si siguen cayendo los niveles de cumplimiento y creciendo la informalidad y el descreimiento hacia el régimen cada vez menos podrán jubilarse. Y entonces, ¿cuánto sentido tendría una reforma de aspectos formales del régimen?

Sin pensiones

El régimen del monotributo, creado con la promesa de dar una respuesta efectiva a los autónomos de menor capacidad contributiva, no habilita a hacer un balance positivo en cuanto al cumplimiento de tales objetivos.

Uno de los problemas que afectan ahora a miles de beneficiarios y sus derechohabientes es el de las trabas para acceder a una pensión por fallecimiento o invalidez. Ocurre que cuando 1999 estaba finalizando una reforma impositiva modificó el régimen original de los monotributistas y dispuso que sus aportes fueran a parar al sistema jubilatorio de reparto a menos que se optara por hacer aportes extraordinarios (por arriba de los montos fijados por ley) a una AFJP.

Muchos de los adherentes al régimen ya habían hecho en ese entonces su opción por el régimen de capitalización. Entonces surgió el problema que aún no encontró su resolución: formalmente, esos trabajadores no pasaron de capitalización a reparto. Pero las AFJP advirtieron que, como dejaron de ingresar aportes en las cuentas de ahorro individual, tampoco se pagó el seguro de cobertura para las prestaciones por muerte o invalidez. Y el Estado no consideró inmediatamente que le correspondiera asumir el pago de esos beneficios.

A fines del año pasado la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, y el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, anunciaron que las pensiones que están en trámite se pagarían con los fondos que acumula la AFIP cuando no logra identificar a quiénes corresponden los aportes. Hasta ahora, esos pagos no se hicieron, según afirman en Trabajo, por restricciones de la cartera económica.

La situación genera un desincentivo más para los monotributistas, que pagan por mes $ 35 al sistema de reparto y $ 20 a una obra social a la que fueron afiliados compulsivamente.

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