De los que tienen planes del Gobierno, ni el 10% pudo pasar al mercado laboral

Desde 2017 se anotaron 560.000 personas; solo 30.000 consiguieron un puesto
Francisco Olivera
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30 de septiembre de 2019  

Podría ser la queja de un liberal ortodoxo, pero no: el que habla es Emilio Persico, secretario general del Movimiento Evita. "¿Sabe cuántos tipos trabajan en el sector privado en la Argentina? Seis millones. ¿Sabe cuántos eran en los 70? ¡Seis millones! Entonces, ¿cómo se va a sostener esto?". El dirigente social decía esto hace dos semanas en conversación con CNN Radio, horas antes de que se aprobara la ley de emergencia alimentaria. Consultado sobre si la asistencia social no conspiraba contra la cultura del trabajo, su respuesta tampoco difirió de la que daría cualquier empresario argentino: "Muchos planes la desalientan, esto es así. Como dice Francisco: bienvenida la ayuda social en la emergencia, pero una vez que eso se transforma en una forma de vida nacen los vicios sociales en el barrio. La familia argentina está desorganizada: el 60% de los hogares reciben más del Estado que de su propio trabajo. Eso es una barbaridad. Yo no quiero vivir en un país así".

Los planes sociales son algo así como la herencia de la herencia de la herencia: cada una de las últimas administraciones le ha dejado algo, en general aumentado, a la subsiguiente. Lo más costoso del asunto es su contracara, la menos visible: se hace necesario solventar ese gasto con impuestos que vuelven menos atractiva la inversión y, por lo tanto, la generación de empleo. Es el círculo vicioso al que alude Persico y del que se quejan los empresarios.

¿Cómo superar la trampa? No parece simple porque la educación, herramienta que podría volcar parte del universo de beneficiarios de la asistencia social al mercado laboral y aliviar el sistema, es también parte de la crisis. Hasta ahora, las iniciativas del Gobierno han tenido un éxito residual, afectado en gran medida por las dificultades de la macroeconomía.

Los programas de Inserción Laboral y Empalme, creados a principios de 2017, reclutaron en distintos momentos a unos 560.000 aspirantes de entre 18 y 24 años con la esperanza de incorporarlos en empresas privadas. Pero al cabo de dos años y medio, solo 30.000 de ellos consiguieron fehacientemente trabajar. Es decir, se recuperó un 5%.

Problemas de capacitación

"El problema es la demanda: dependemos mucho de que las empresas los tomen", dice Fernando Premoli, secretario de Empleo, dependencia del Ministerio de Producción y Trabajo que tiene a cargo el plan, que consiste en que el Estado le pague al trabajador parte del salario (entre 3900 y 7300 pesos, según el programa), y las compañías, lo que resta para llegar al salario mínimo vital y móvil, que quedó este mes en $15.625.

La otra iniciativa pensada a esos efectos, el plan Hacemos Futuro, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, reclutó en los últimos tres años a unos 250.000 beneficiarios a los que se les paga un salario social complementario, alrededor de 8000 pesos. La asistencia está en ese caso sujeta a inspecciones todos los meses: si quienes lo reciben acaban consiguiendo trabajo o se les detectan bienes que acrediten ingresos mayores, o empiezan a recibir jubilaciones u otros planes que no sean la asignación por hijo (AUH, único compatible) deben ser dados de baja.

En el Gobierno afirman que la lista de quienes salen de ese plan crece a ritmo lento, pero todos los meses, y que llega en estos momentos a 23.000. Traducido: se recuperó algo más del 9% del total. Pero no cualquiera está capacitado para conseguirlo. En general, afirman, quienes quedan en esta situación de mejora, a los que se les da un año de plazo con la posibilidad de volver al beneficio inicial (hay unos 13.000 en estas condiciones) son los que han terminado la escuela secundaria, tienen cierta instrucción laboral o son hombres. Los sectores que suelen cobijarlos son los de la construcción, el servicio doméstico y servicios en general.

"En general, no vuelven: la gente quiere trabajos. Es imposible vivir con un plan social", afirman en el Gobierno, donde aclaran que si alguien quisiera solo vivir de planes debería tener una situación infrecuente: debería sumar ese subsidio al de una asignación universal para cuatro hijos (el promedio de familias que reciben la AUH en todo el país es de dos hijos).

Otra visión

Es cierto que no todos los dirigentes sociales están de acuerdo en que la relación entre gasto público, generación de riqueza y asistencia social supone un equilibrio frágil. Juan Grabois, otro de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, lo planteó la semana pasada en la sede de la CGT, durante la presentación de su libro La irrupción de los movimientos populares: Rerum novarum de nuestro tiempo, que acaba de publicar con prólogo del papa Francisco. "Yo quiero decir claro esto: el problema no son lo que llaman equivocadamente planes. Dejen de joder con que el problema son los planes: hay 500.000 miserables salarios sociales en la Argentina de muy poca plata. Si el problema de la Argentina es que hay eso, bueno, estamos mirando otra película. No se obsesionen por ver cómo reconvierten esos planes en un trabajador de Uber o de McDonald's o de Rappi. No es mucho mejor trabajar en McDonald's que en una casa comunitaria donde se saca a los pibes de la adicción".

Son matices que emergen en medio de una preocupación común: la Argentina no solo no ha sido capaz de generar empleo, sino que ha consolidado en el transcurso de las últimas décadas un problema que si no se corrige a tiempo se podría propagar en una progresión casi geométrica. Como decía el premio Nobel Milton Friedman, que los planes se apliquen en un "ciclo eterno, no en un simple estado transitorio".

Suele ocurrir con los flagelos argentinos: la gravedad del diagnóstico es capaz de hacer coincidir a Persico con el principal referente intelectual de la escuela de Chicago.

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