Debatirían la coparticipación a fin de año

El Gobierno esperará hasta después de las elecciones de octubre para iniciar en el Congreso el debate de la nueva ley de coparticipación federal de impuestos y así buscará que la iniciativa sea tratada por el "nuevo" Senado, que cambiará todos sus miembros el 10 de diciembre próximo.

Estas fechas "no afectarían la esencia de los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional", afirmaron a LA NACION fuentes confiables del Ministerio de Economía. La carta de intención que el organismo internacional redactó con los funcionarios argentinos para otorgar al país el flamante crédito de 8000 millones de pesos establece que la nueva ley de coparticipación sea discutida antes del 31 de diciembre de 2001.

Empero, en Economía no descartan que para cumplir con los plazos formales planteados por el FMI, tras las elecciones de octubre se presentaría un proyecto de ley de coparticipación para darle estado parlamentario al tema. Es decir, asegurar que el debate quede abierto en la Cámara alta. La aprobación de esa ley ya acumula una demora de cinco años en el Congreso. Es que la cláusula sexta de la Constitución nacional aprobada en 1994 estableció que una nueva ley de coparticipación debía ser aprobada en diciembre de 1996. También por mandato constitucional el debate por la nueva ley de coparticipación debe comenzar tratándose en el Senado.

Desde la reforma constitucional de hace siete años a la fecha, los legisladores, gobernadores y las distintas administraciones nacionales nunca se pusieron de acuerdo para definir una nueva redistribución de impuestos entre la Nación y las provincias. Existen al menos seis proyectos de coparticipación presentados en el Congreso que nunca tuvieron dictamen y que no fueron discutidos.

Para redefinir las pautas de distribución, el Gobierno selló en 1999 un pacto fiscal con las provincias por cinco años, que estableció un piso de 1350 millones de pesos mensuales que la Nación les gira en concepto de impuestos coparticipables. Pero el acuerdo con el Fondo ahora obliga a la Argentina a contar con ley de coparticipación y a rediscutir el piso de fondos girados. Un alto funcionario de Economía (uno de los que participó en las negociaciones con el FMI) expresó ayer que "lo mejor para el Gobierno es que la nueva coparticipación la discuta el nuevo Senado".

La idea es esperar una renovación de figuras alejadas del escándalo de sobornos y de contar con hombres clave del radicalismo como Raúl Baglini y Beatriz Nofal o del PJ como Oscar Lamberto. Estos se candidatean como senadores y el Gobierno los cree importantes para llevar adelante las futuras negociaciones.

Cambios a la vista

A la vez, en la Casa Rosada observan que la actual conformación del Senado y de Diputados hizo severos cuestionamientos a las inquietudes del Gobierno de avanzar con una nueva ley de coparticipación porque critican las eventuales modificaciones a los porcentajes coparticipables que hoy tienen las provincias. Por ello ven un futuro incierto en este escenario.

En Economía entienden que "inevitablemente" la nueva ley de coparticipación modificará las actuales sumas de dinero que la Nación gira a las provincias. No se descarta que se otorgue la posibilidad de que en la nueva norma haya pisos de fondos "estables" y "transitorios". Habría provincias que verían disminuido su porcentaje histórico de coparticipación y distritos económicamente muy comprometidos tendrían un fondo fijo. Algunos de esos lineamientos fueron adelantados ayer por el presidente Fernando de la Rúa a un grupo de senadores y diputados del radicalismo en un encuentro en la Casa Rosada (de lo que se informa por separado).

En esa reunión, el presidente provisional del Senado, Mario Losada, y los jefes de las bancadas de la UCR de Diputados y de la Cámara alta, Horacio Pernasetti y Jorge Agundez, respectivamente, advirtieron al Gobierno sobre la necesidad de alcanzar "un gran acuerdo con los gobernadores" por la coparticipación. Para aprobar la nueva norma se requiere de los dos tercios de los presentes de cada Cámara. Un número que la Alianza no tiene hoy y no espera contar tras las elecciones.

El Gobierno también plantea que la nueva coparticipación debe comprometer a las provincias a recaudar más.

Rechazo de la oposición

Gobernadores y senadores justicialistas manifestaron, ayer, su rechazo a la modificación de la actual ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Afirmaron que sólo traería recesión y hambruna.

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, advirtió que un intento de modificación "sería jugar con fuego" porque "aumentaría la hambruna" y se podrían producir más conflictos sociales "de los que hay".

En sintonía con De la Sota, el senador justicialista Eduardo Menem consideró "muy difícil" la posibilidad de consensuar una nueva ley en el actual contexto político. Agregó que "la mayoría de las provincias "va a pedir una porción más grande de la coparticipación federal".

Carlos Ruckauf, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que "bajar los ingresos de las provincias es bajar los salarios de los trabajadores" y reducir aún más la actividad económica, por lo cual "no sería nada bueno".

Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Jorge Sarghini, afirmó que la discusión de una nueva coparticipación "es un tema pendiente" porque "el actual sistema de distribución es injusto e inequitativo".

El gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirschner, sostuvo que "si la Nación vuelve a avanzar sobre los fondos coparticipables, la situación se tornará marginal y se agravará en algunas provincias".

El diputado Miguel Angel Pichetto adelantó el rechazo de las provincias y coincidió con su par Eduardo Camaño, que afirmó: "Es impensable que permitamos comprometer el futuro de las provincias a partir del acuerdo con el FMI".