Denuncia penal contra los directivos de LAPA

La presentó el Ministerio de la Producción
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10 de mayo de 2003  

El Ministerio de la Producción, a cargo de Aníbal Fernández, presentó ayer una denuncia penal contra los ejecutivos de la empresa LAPA, acusándolos de haber cometido irregularidades que llevaron a que la compañía tuviera que dejar de operar.

Según informaron en esa cartera, la presentación se realizó ante el Juzgado Penal Federal N° 6, Secretaría 11, que está a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, y la acusación es por el "delito de acción pública".

Una de las razones que llevaron a hacer la denuncia es la negativa en que, entre acusaciones cruzadas, incurrieron los directivos de la compañía para efectuar el pago del combustible que hubiera permitido la realización de los vuelos durante el feriado de Semana Santa, cuando LAPA suspendió sus actividades.

Además, la presentación judicial señala que los directivos no habían realizado la comunicación correspondiente a las autoridades aeronáuticas, respecto del embargo que afectaba a sus aeronaves. Justamente por esa dificultad, la compañía no podía hacer frente a los vuelos, pese a que había vendido los pasajes.

También se señala en el escrito la falta de reintegro del dinero que habían pagado los pasajeros que finalmente no pudieron viajar por sus aeronaves, y el hecho de no haber asumido la responsabilidad frente a los colegios que habían contratado el servicio para viajes de egresados.

Con respecto al órgano administrativo se hace referencia a la renuncia "intempestiva" del ahora ex presidente de LAPA -Mario Folcchi- y a la "actitud dolosa de dos de los directores" de la empresa.

Decreto

A la par de la presentación judicial, el jefe de la cartera de la Producción les comunicó ayer a los dirigentes sindicales del sector aeronáutico que la semana próximo podría estar elevándose a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia el proyecto de decreto para la creación de una empresa aerocomercial del Estado, que absorbería al plantel de LAPA, que suma unos 800 trabajadores. El Gobierno justifica la creación de esa empresa, que luego sería privatizada, en la necesidad de garantizar que no exista un mercado monopólico.

El texto debería ser antes consensuado con la cartera de Economía, que analiza el costo que debería afrontar el sector público para poder llevar adelante el proyecto.

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