Problemas para exportar e importar. Denuncian que la AFIP demora operaciones de comercio exterior

Según el Colegio de Abogados de Buenos Aires, existen controles excesivos sobre algunas empresas

19 de mayo de 2010

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires acusó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de violar la normativa en vigor para el control de operaciones de importación y exportación, al "entorpecer el comercio con medidas de regulación aduaneras indebidas".

Los abogados porteños sostienen que la AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray, aplica de manera sistemática y generalizada un procedimiento de control físico exhaustivo a las empresas que mantienen reclamos contra el organismo fiscal por exigencias tributarias que consideran excesivas. "Esos controles se evitan si las empresas desisten de sus defensas y se allanan al pago de los cargos pretendidos bajo condición de no plantear nuevas impugnaciones en el futuro", afirmó el Colegio de Abogados en un comunicado.

Los nuevos controles, que ralentizan el comercio exterior al demandar la inspección exhaustiva de la documentación y la apertura de cada contenedor (lo que se conoce como canal rojo), alcanzan a las mayores exportadoras del país: cerealeras, aceiteras y frutícolas, entre otras. También estuvieron alcanzadas por la restricción las automotrices que importan partes para vehículos, entre otros importadores.

El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Alberto Rodríguez, confirmó que los nuevos controles "vienen aplicándose desde marzo. Ahora no sé cómo estará la situación, pero muchas de nuestras empresas estuvieron en canal rojo, no sé si siguen estando o no".

"La generalización del canal rojo a casi a la totalidad de los despachos generó una demora en las tramitaciones que llega hasta los cinco días, cuando lo normal era un día", afirmó Diego Pérez Santisteban, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), que junto con la Cámara de Exportadores (CERA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otras cámaras, hizo un reclamo formal a la AFIP.

Para Enrique Barreira, vicepresidente de la comisión de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, "se está violando el principio de la selectividad en los controles consagrados en la ley 24.307, que ratificó un acuerdo internacional, y el artículo VIII del GATT, que procura que no se entorpezca el comercio con medidas de regulación indebidas. Se está haciendo todo esto sin un acto administrativo escrito, estableciendo algo ilegal como es el canal rojo [los controles visuales de cada contenedor] para todo el mundo para esconder algo ilegal que es cobrar, aunque se tenga hecho un planteo legítimo".

Ante la consulta de LA NACION, Echegaray respondió: "Los programas de facilitaciones y flexibilizaciones de los controles [canal naranja -control de documentación- o canal verde -sin mayores verificaciones-] son otorgados a los operadores del comercio exterior que cumplen determinados parámetros sobre los cuales la Aduana entiende que son merecedores de un sistema de control bajo las características de despacho en confianza. Opiniones en contrario exteriorizan un desconocimiento profundo de las temáticas de control aduanero y de diseño de las políticas de control".

Según el comunicado de la entidad profesional, "la medida coercitiva descripta implica demora y otros inconvenientes, tanto al propio sector público como al privado. Afecta al Estado al impedirle una mejor asignación del personal aduanero para destinarlo a tareas de prevención de ilícitos, conspirando, a su vez, contra una mayor rapidez en el despacho y en el cobro de los tributos".

José Crettaz <br/> LA NACION

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