Derecho a la electricidad, ¿garantía de qué?

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30 de julio de 2020  • 04:02

En los países con alto nivel de ingreso por habitante, la provisión de electricidad se da por descontada; la gente sabe que lo único que tiene que hacer es apretar una tecla, en cualquier momento de las 24 horas de los 365 días al año. Mientras que en los países en vías de desarrollo, alrededor de 1000 millones de personas tienen acceso a un servicio eléctrico parcial e intermitente.

"Para nosotros, esto se debe a que se considera que la electricidad es un derecho, no un bien privado", afirmaron Burgess, Greenstone, Ryan y Sudarshan, en un reciente trabajo publicado en el Journal of Economic perspectives.

La caída en la calidad de la prestación del servicio eléctrico se desarrolla en 4 etapas. 1) Como la electricidad es interpretada como un derecho, los subsidios, los robos y la falta de pago son ampliamente tolerados; 2) como las empresas que generan, transmiten y distribuyen electricidad generan pérdidas, necesitan el auxilio del Estado; pero a partir de algún punto las restricciones presupuestarias se hacen sentir; 3) las empresas de electricidad no tienen más opción que racionar el servicio, limitando el acceso y restringiendo el horario en el cual lo proveen, y 4) la oferta de energía deja de ser provista en base a consideraciones de mercado. Quienes no pagan tienen el mismo acceso que quienes pagan toda la tarifa.

El trabajo se basó en la experiencia de India, pero los argentinos que tenemos algunos años recordamos las caídas de tensión, las dificultades de conexión y los frecuentes cortes de electricidad que padecimos entre fines de la década de 1940 y comienzos de la de 1990. La privatización del sector eléctrico fue de las mejores, y durante la década de 1990 el ENRE y el Enargas fueron los dos entes reguladores más profesionalizados.

¿Por qué volvemos a tener problemas con el suministro eléctrico? Porque la falta de ajuste de las tarifas con relación a la inflación, sólo parcialmente compensada con mayores subsidios, afectó las inversiones. Así de simple.

Por el incremento de la inseguridad, la demanda de alumbrado público aumentó en los últimos meses. Los intendentes que están a favor de la estatización ven un mecanismo para no tener que afrontar las deudas que tienen con las distribuidoras, pero los argentinos tenemos que decirles que, en función de la experiencia y de lo que cabe esperar, ¡no hay derecho a calificar a la electricidad como un derecho!

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