Deuda: las nuevas demandas contra la Argentina suman US$ 6500 millones

NUEVA YORK.- La Argentina ya se enfrenta en los tribunales de Estados Unidos con nuevos reclamos por US$ 6500 millones de holdouts que quieren el mismo tratamiento que consiguieron los fondos buitre NML, Aurelius Capital y Blue Angel, algo que los abogados del país dijeron que es "imposible" de cumplir.

Carmine Boccuzzi, uno de los principales abogados defensores de la Argentina, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, señaló en una carta presentada anteayer al juez Thomas Griesa que desde el 16 de junio se han presentado 25 nuevos pleitos de bonistas que en la jerga del caso argentino se conocen como me too, ya que quieren los mismos beneficios que los fondos buitre.

"No puede haber una base equitativa para tratar de obligar al país -cuyas reservas son de aproximadamente $ 28.000 millones y deben ser utilizadas para propósitos macroeconómicos cruciales- a hacer algo imposible al pagar el total de la deuda de los holdouts, mucha de la cual fue adquirida a un profundo descuento", escribió Boccuzzi.

En su misiva, el abogado puso en duda que todos los demandantes puedan acceder a los beneficios del mandato judicial por la cláusula pari passu que Griesa dictó a favor de los fondos buitre, y que terminó por llevar a la Argentina a un nuevo default a fines de julio último.

Desde que, en junio, esa fórmula fue ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos, se han sumado nuevos reclamos de acreedores que ya tenían fallo firme en su favor, pero que no lo cobraban porque la Argentina los ignoraba; acreedores que ya habían demandado al país, sin sentencia a favor, que ahora quieren sumar una enmienda a su reclamo para pedir el "alivio pari passu", y bonistas que nunca se habían presentado ante la justicia, y que, ahora, quieren comenzar a recorrer el camino que finalmente logró abrir Paul Singer, magnate de Wall Street, dueño de NML y principal promotor de la ofensiva judicial contra el país.

Robert Cohen, abogado de NML, dijo en una carta a Griesa el 8 de octubre último que los me too planean presentar dos mociones separadas para consolidar sus reclamos, una para los bonistas que tienen una sentencia a favor y otra para quienes no.

"El gobierno de la Argentina ha dicho consistentemente que quiere resolver sus disputas con todos los acreedores. Las mociones presentadas en nuestra carta proveen un vehículo constructivo para alcanzar esa resolución", dijo Cohen ayer en un comunicado.

Por la noche le respondió el Ministerio de Economía. En un comunicado titulado "Argentina denuncia nuevamente los efectos de las órdenes del juez Griesa", la cartera señaló que anteayer el país remitió al magistrado una carta en respuesta a la presentada por Cohen.

En ella, "Cohen señaló que, además de los 1600 millones de dólares ya sujetos a la orden pari passu, existen otros 102 demandantes -con y sin sentencia en sus respectivas causas iniciadas años anteriores-que solicitarán medidas pari passu", comentó el texto.

Según el Palacio de Hacienda, esto "demuestra los desastrosos efectos de la orden pari passu, que no sólo no terminan con las acciones judiciales -como habían prometido los demandantes-, sino que, además, han generado más litigios contra la República y han impedido ilegítimamente a los bonistas reestructurados cobrar los fondos pagados por el país".

"Las órdenes del juez Griesa son de imposible cumplimiento -sigue el comunicado-. La solución al conflicto debe comprender a la totalidad de los bonistas que no entraron a los canjes (7,6% del total), en condiciones justas, legales, equitativas y sustentables."

Boccuzzi, en tanto, indicó en su carta que los reclamos de bonistas sin sentencia a favor suman 1800 millones de dólares, mientras que los acreedores que tienen una sentencia a favor suman 4700 millones. Y dijo que existen principios legales que prohíben a este grupo de acreedores reclamar el "alivio pari passu".

La carta del abogado de la Argentina no fue bien recibida por los demandantes. Fue vista como una nueva excusa para dilatar las negociaciones y postergar la resolución del caso, aun cuando el Gobierno ha dado algunas señales de que podría agilizar las negociaciones en enero, una vez que caduque la cláusula RUFO, el principal obstáculo que esgrimió el oficialismo para eludir un acuerdo con los fondos buitre.

Cohen ofreció una lista de 102 acciones legales contra la Argentina en busca de convertirse en me too, entre ellos, el propio Paul Singer, que estaría interesado en convertirse en un me too con las causas que tienen sentencia firme en contra del país, pero que no fueron beneficiadas con la fórmula de pago del pari passu, confirmada por la Corte Suprema de este país en junio.

También en esa lista aparece el fondo EM, del magnate Kenneth Dart, que días atrás presentó un reclamo por US$ 835 millones; otros fondos de inversión, y varios bonistas italianos. No figura Bracebridge Capital, que asegura poseer papeles por 1100 millones de dólares y acaba de realizar su presentación.

Todos buscan una silla en la mesa del special master, Daniel Pollack. Tal como adelantó días atrás LA NACION, Griesa le brindó "poderes especiales" para que incorpore todas las demandas llegadas a su juzgado en un eventual acuerdo de pago con la Argentina.

La cifra de 6500 millones de dólares podría seguir creciendo con otros demandantes. Una vez que ello ocurra, la justicia deberá decidir a quién le extiende los derechos que obtuvieron los fondos buitre y los 13 ahorristas argentinos.

Con la colaboración de Silvia Pisani, corresponsal en Estados Unidos