Dictan la conciliación obligatoria en Massalin para evitar 220 despidos

El Ministerio de Producción y Trabajó dictó ayer la conciliación obligatoria por 15 días para evitar el cierre definitivo de la planta tabacalera que Massalin Particulares tiene en la localidad de Goya, provincia de Corrientes. La decisión de la firma que produce y comercializa las marcas Marlboro y Philip Morris conllevaba el despido de 220 empleados que trabajan en esa sede.

El Gobierno convocó para hoy a representantes de la compañía y a representantes del Sindicato Único de Empleados del Tabaco (Suetra) y de la Federación de Trabajadores del Tabaco a participar de una audiencia para trabajar sobre el conflicto.

Según indicaron en la empresa, la decisión de cerrar su fábrica en Goya "parte de un cambio en el modelo de su negocio en el país, que implicará trasladar toda su producción a la planta que la compañía opera en Merlo, Buenos Aires". Allí, informaron, si no hay cambios en su decisión inicial se relocalizarán unas 30 personas.

Massalin Particulares tiene aproximadamente el 70% del mercado y es la mayor tabacalera del país. Según indicaron, "la decisión de cesar las actividades en la planta de Goya responde a que en los últimos años se redujeron las ventas de la compañía, principalmente por el aumento de la participación de mercado de empresas que no pagan los impuestos correspondientes, avaladas por medidas cautelares otorgadas por la Justicia Federal".

"Como consecuencia de las medidas cautelares, estas empresas pueden vender sus productos a mitad de precio y pasaron así de tener una participación de mercado que rondaba el 2% en 2015 a tener más del 16% de participación en la actualidad, en detrimento de las que pagan la totalidad de impuestos", agregaron.

Al respecto, el intendente de Goya, Ignacio Osella, indicó: "Desde el Ejecutivo municipal vamos a acompañar todas las acciones que correspondan ante la Justicia Federal para proceder contra la Tabacalera Sarandí". Esta empresa, dueña de la marca Red Point, le inició una demanda al Estado por considerar inconstitucional la ley que establece un impuesto interno mínimo, que actualmente está fijado en $50,60 por atado de 20 cigarrillos. La empresa perdió el juicio en primera instancia y luego ganó la apelación. El expediente está en la Corte Suprema, con un pedido de queja que presentaron la AFIP y el Ministerio de Hacienda.

"Massalin diseñó una ley a medida para concentrar la totalidad del mercado. Esa ley es confiscatoria e inconstitucional; está hecha 100% por ellos. El fisco impone un impuesto mínimo que coincide con el impuesto del producto más barato de Massalin. Por lo tanto, a ellos no les impacta y saca del mercado a otros competidores", dice Javier Álvarez, abogado de Tabacalera Sarandí.

Un informe que presentó la AFIP ante la Justicia, junto con los ministerios de Hacienda y de Salud, dice que "las medidas cautelares implicaron, a mayo de 2019, un costo de alrededor de $23.000 millones para el fisco y un sobrecosto estimado entre $9875 millones y $14.820 millones en el sistema de salud pública, por el mayor consumo de cigarrillos". El informe fue realizado por un equipo de la Subsecretaría de Programación Microeconómica bajo la coordinación de Daiana Fernández Molero.

Massalin Particulares y British American Tabacco (BAT) -que tiene el 14% del mercado- alegan que las medidas cautelares otorgadas solo a unas empresas generan una competencia desleal, ya que les permiten no pagar el impuesto interno. Estas medidas las tienen Tabacalera Sarandí y Espert, por sus condiciones de pymes, según señala la Justicia ante el otorgamiento de las medidas. De esta forma, les permite vender los atados hasta un 40% más barato; una diferencia importante en una economía en recesión.

BAT, por su parte, también se presentó ante la Sala en lo Contencioso Administrativo Federal "a fin de despejar el estado de incertidumbre vigente sobre la constitucionalidad del impuesto interno mínimo aplicable a la venta de cigarrillos, tabaco y otros productos derivados (ley 27.430), debido a que existen diversas medidas cautelares concedidas a competidores comerciales que les otorgan beneficios fiscales, provocándole así un perjuicio claro y directo", según dijo Santiago Pezzati, director de Asuntos Legales y Externos de la compañía.