La lucha contra la comercialización en negro. Dictan la prisión preventiva a empresarios de la carne

En una resolución que no tendría precedente en la industria frigorífica, el juez Federal en lo Criminal y Correccional número 1 de San Martín, doctor Hugo Daniel Gurruchaga, dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de empresarios sospechados de realizar maniobras para evadir el pago de impuestos.

Los industriales involucrados son el presidente y el vicepresidente del frigorífico-matadero Redal SA, Luis Parra y Mario Ricardo Muñoz, respectivamente: cada uno de ellos es titular del 50 por ciento de las acciones. El procesamiento incluye también al ex presidente de la firma Raphael Ricardo Sanguinetti Tardugno.

Los tres son considerados, prima facie, coautores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita y de infracción a los artículos sexto y segundo de la ley penal tributaria, el último ilícito en carácter de partícipes necesarios, reiterado en seis oportunidades, todos ellos en concurso real.

En una palabra, se sospecha que se han asociado para eludir intencionalmente el ingreso en las arcas fiscales de las retenciones y percepciones de las que eran responsables como agentes de la DGI.

A cada imputado se le trabó embargo por 3.800.000 pesos cada.

Pedido de capturas

Los autos judiciales fueron dictados el viernes último y ese mismo día se concretó la detención del presidente del frigorífico Redal, Luis Parra, quien fue alojado en la delegación San Martín de la Policía Federal. Aparte de esas medidas, el juez Gurruchaga pidió la captura de Olga Edit Rodríguez y de Carlos Olivieri. La primera era usuaria matriculada de la planta faenadora y se investiga si habría formado parte de una asociación ilícita para evadir.

La causa contra el frigorífico Redal se inició en agosto del año último por denuncia del administrador general del Servicio Nacional de Sanidad Animal, Bernardo Cané.

La DGI calculó que en el período febrero-junio de 1995, que es el comprendido por la investigación, se habría registrado entre el frigorífico y sus usuarios una evasión fiscal de 3.800.000 pesos. Se presume que la cifra potencialmente evadida podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta el corto período investigado.

Desde la denuncia del Senasa, el expediente acumula 12 cuerpos, en tanto que el dictamen del juez Gurruchaga con el auto de procesamiento y de prisión preventiva de los principales sospechados tiene 104 carillas.

El frigorífico Redal es uno de los que la DGI presumió ligado al grupo Samid, a quien la DGI denunció también por presunta asociación ilícita para evadir en el comercio de ganados y carnes.

Samid negó tener vinculación con esa empresa. Ayer, el abogado Eduardo Luis Botello, letrado del frigorífico Redal pero no de su presidente, dijo que en la causa contra Parra hay un informe del director penal tributario de la DGI, doctor García Lorea, que desecha la existencia de vinculaciones entre el Redal y Samid.

Por otra parte, Botello señaló que en el Juzgado Federal N° 2 en lo Criminal y Correcional de San Martín, a cargo del doctor Alberto Suárez Araujo, se tramita una querella del frigorífico Redal para que se investigue la conducta de funcionarios del Senasa, pues, dijo el letrado, "quedó demostrado que en el acta que dio lugar a la causa contra el Redal se incluyeron datos falsos".

Después de la clausura del Senasa, el frigorífico Redal había realizado una serie de trabajos para adecuarse a las normas higiénicas y sanitarias.

Con una faena aproximada a 2500 cabezas, semanales, la planta tiene habilitación de las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, según expresó Botello, ha pedido su habilitación nacional al Senasa hace algunos meses y, si bien hay algunas observaciones, el trámite respectivo sigue adelante.

No opera en Liniers

Cabe consignar que la sociedad Mercado de Liniers, que opera la plaza ganadera de ese tradicional barrio porteño, dio de baja al frigorífico Redal hace unos pocos meses como comprador en ese mercado. La medida se adoptó a raíz del informe de una agencia especializada que al investigar los antecedentes de la firma encontró que era desconocida en la dirección que dio como domicilio legal.

Además, se consignaba que los fundadores de la sociedad, que a los pocos meses la transmitieron a Sanguinetti Tardugno y a Parra, eran conocidos por formar empresas para luego desligarse de ellas. Uno de los fundadores habría sido presidente, vicepresidente o director de aproximadamente 130 firmas.

Luis Barcos sería el sucesor de Cané

Renuncia: el titular del Senasa la elevó ayer a través de la Secretaría Legal y Técnica y anoche fue aceptada por Felipe Solá.

El secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Felipe Solá, propondrá al doctor Luis Barcos como responsable del organismo en el que se fusionarán, tras la reforma del Estado, el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav).

El doctor Barcos es un veterinario de 39 años especializado en genética que desempeña su actividad en centros vinculados con la inseminación artificial.

Barcos, amigo del ministro de Economía, Roque Fernández, ocupará el lugar que Solá había pensado inicialmente, según dijo ayer, para que se desempeñase el titular del Senasa, Bernardo Cané, a quien el viernes último terminó pidiéndole la renuncia por la existencia de reiteradas desavenencias. Este será reemplazado interinamente por el subsecretario de Alimentos, Félix Cirio, hasta que Barcos asuma en el organismo por crearse.

Las diferencias se refieren tanto al papel del control del comercio de ganados y carnes que desde la disolución de la Junta Nacional de Carnes le compete al Senasa, como a la fusión de ese organismo con el Iascav.

"El Senasa de Cané fue útil para luchar contra la aftosa. El Senasa del futuro es diferente, unido al Iascav, y esto siempre fue resistido por Cané", comentó anoche a La Nación el titular de Agricultura.

Cané no aceptó ofrecimientos para desempeñar funciones en Bruselas o en Washington, y ayer elevó su dimisión a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. A última hora fue aceptada por Solá mediante la resolución 735.

"El mal final con Cané -comentó Solá- no implica que su gestión no haya sido muy importante. Es un trago amargo, pero a veces pasa. Después de nueve años, esperaba que siguiéramos juntos." El secretario, quien dijo que no tiene acusaciones contra Cané, sino sólo diferencias de criterio, precisó que la lucha contra la aftosa no va a ser debilitada por la reestructuración del Senasa. "No le vamos a aflojar ni un centímetro", afirmó, como para despejar dudas que existen tanto en las entidades como entre los productores.

Se piensa que con la disminución presupuestaria y de personal el Senasa se puede perder el buen control de la situación viral sobre la aftosa, que dará la pauta para tomar la decisión sobre el momento de dejar de vacunar los rodeos.

Santa Elena: corte de ruta en protesta

Un grupo de ex operarios del frigorífico Santa Elena ubicado en la localidad entrerriana que lleva ese mismo nombre cortó ayer por la mañana el tránsito de la ruta 12 que posibilita el ingreso a un campo denominado El quebracho, propiedad de la planta.

Según el semanario Análisis, de Paraná, los ex operarios fueron acompañados, entre otras instituciones, por la agrupación Mujeres Autoconvocadas y realizaron una movilización en la que no se registraron incidentes, pero que dejó bien en claro los reclamos de los ex trabajadores por la reapertura del frigorífico.

El establecimiento faenador, consignó el semanario, fue el más grande de la provincia y permanece cerrado desde 1993. En consecuencia quedaron sin trabajo un gran número de habitantes de Santa Elena y afectó fuertemente la actividad económica de esa ciudad.

Un golpe bajo

La planta tenía participación en la Cuota Hilton -aunque no se precisó el monto justo- y se estima faenaba un elevado número de cabezas por año. Entre las razones que motivaron el cierre del establecimiento -confío el medio gráfico entrerriano- se verificó una deuda importante con el Banco Nación que podría ascender a los 20 millones de dólares.

Con respecto a las condiciones por las que atraviesan los ex operarios, el gobierno nacional, analiza, por ahora, un proyecto de ley de jubilaciones anticipadas que beneficiará a 350 ex trabajadores.