El Senado convirtió este jueves por la tarde en ley una reforma del mercado de capitales que permitirá al Estado supervisar las operaciones con activos financieros.
Ahora la Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá el poder de policía sobre los mercados del país, lo que hasta ahora era ejercido por las mismas bolsas de valores. El rol de la CNV se reducía a la autorización de las ofertas públicas.
El proyecto impulsado por el Gobierno, que había recibido la semana pasada media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 43 votos a favor y 19 en contra.
El Gobierno dijo que la reforma busca atraer el ahorro de empresas e individuos para aumentar la oferta de financiamiento, que está decreciendo en un contexto de alta inflación, así como crear un robusto mercado local de capitales.
"Es imperioso ponerle fin a la autorregulación", dijo durante el debate del proyecto el senador oficialista Aníbal Fernández. "(La nueva ley) posiciona al Estado como promotor y generador de un nuevo instrumento del mercado financiero", agregó.
Tras el anuncio del Gobierno del envío de la ley al Congreso, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado de Valores (Merval) -que agrupa a las correduríasfirmaron un acuerdo para fusionarse, en un intento por adaptarse a la nueva normativa.
Hasta ahora, la bolsa tenía el rol de admitir, suspender y cancelar la cotización de valores, mientras que el Merval poseía el monopolio de la liquidación de las operaciones, entre otras responsabilidades.
Con la reforma, la bolsa debe cederle a la CNV su función de supervisor de las empresas cotizantes.
Al mismo tiempo, las corredurías tampoco tendrán la obligación de tener una acción del Merval para poder operar en el mercado, como ocurre actualmente.
La reforma del mercado de capitales también contempla simplificar procesos de autorización de valores negociables y anular la obligatoriedad de tener una calificación para las emisiones.
El volumen negociado en la Bolsa de Buenos Aires, la principal plaza del país, ha venido cayendo en los últimos años por la falta de confianza de los inversores en las políticas heterodoxas del gobierno argentino, según analistas.
