Quiénes ganan con la devaluación y qué medidas del Gobierno pueden recaer sobre ellos

Aunque la devaluación del peso tendrá en el corto plazo un efecto negativo sobre el consumo y promoverá una mayor inflación, les permitirá a algunos sectores específicos de la economía, en términos generales, obtener mayores ganancias. Esa regla se cumplirá en los segmentos que producen en el país, pero venden afuera, dado que tienen costos mayoritariamente en pesos y cobran en dólares.

Entre los grandes exportadores se encuentran las empresas cereales –allí está la soja- , la pesca, los productores de fruta, las industrias de la carne, la química, la minería, el petróleo, los autos y otras producciones fabriles, según los números oficiales.

Un ejemplo: una empresa asentada en el país paga salarios en pesos. Cuando venda su producción en el exterior, recibirá dólares. Así, para cubrir el costo de un empleado que cobra $30.000 necesitaba en diciembre pasado unos US$1500. Si se toma la cotización del jueves, ese número bajó a US$754. Es apenas el 50% que hace ocho meses.

Incluso si se recompusieran los salarios, la diferencia seguiría siendo grande. Por ejemplo, si un empleador generoso otorgara una suba del 40% -por encima de cualquier discusión paritaria-, estaría pagando un 70% de lo que desembolsaba el último mes del año pasado.

Los beneficios para los exportadores siguen, ya que lo mismo ocurre con los impuestos nacionales, cargas provinciales, las tasas municipales y muchos servicios. A mediano y largo plazo, esa ventaja competitiva que les da la devaluación tiende a compensarse, pero no en el corto.

Es por eso que algunos especialistas –los heterodoxos, pero también los cercanos al Gobierno- recomiendan aplicarles retenciones a las exportaciones, algo que evalúa desde hace tiempo el Gobierno. Una medida de ese tipo le soluciona varios problemas de corto plazo al presidente Mauricio Macri.

Desde que asumió, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insiste en reducir el déficit fiscal mediante el recorte del gasto público. Es el camino quirúrgico, difícil y de efectos duraderos sobre la economía. Pero también existe una ruta veloz y amplia: cobrarles más a quienes se beneficiaron con la devaluación, mejorar los ingresos del fisco y facilitar el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa alternativa, además, suele tener en estos casos apoyo político y social. El enunciado se expresaría así: los sectores muy favorecidos por una situación que genera angustia al resto del país bien pueden hacer un aporte para que las cuentas cierren.

Mientras germinaba la crisis, el lema comenzó a prender incluso en una parte del establishment. El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, dijo días atrás en una reunión empresaria que era momento de hacer esfuerzos.

Las retenciones no sólo le permitirían a Hacienda hacerse fácilmente de miles de millones de pesos en recursos que hoy intenta lentamente sumar mediante el ajuste, sino también ponerle un techo a los precios en el mercado interno. La harina, atada al dólar, bajaría si le suman derechos de exportación.

Además, las retenciones no son coparticipables, por lo que Dujovne administraría esos ingresos extra.

Claro que la otra cara de esa medida es amarga. Implica un retroceso en las inversiones, lastima el nivel de actividad de esos sectores y genera un problema en el largo plazo. Por eso Macri dijo que no le parecía un impuesto inteligente.

Los argumentos de uno y otro lado colocan al tema en el punto justo de la discusión: las retenciones podrían ayudar a enfrentar los problemas argentinos inmediatos, pero también a empeorarlos si se extienden en el tiempo.

La historia reciente arroja malas señales para los sectores bajo la lupa: Eduardo Duhalde las propuso con la intención de salir de la crisis que comenzó en 2001, pero el kirchnerismo las mantuvo en un punto muy alto por 12 años, hasta que Macri comenzó a bajarlas.