Dumping: se abre un paréntesis
La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) cerró ayer la presentación de pruebas y alegatos en la causa interpuesta por la empresa Monsanto Argentina contra la importación de glifosato de China, supuestamente a valores de dumping.
Este producto es importante para la producción de soja en la Argentina y representa un mercado de 250 millones de dólares al año.
Ahora, un panel compuesto por cinco miembros de la CNCE, presidida por Lidia Elena Marcos de Di Vico, decidirá en un lapso máximo de cinco meses si el ingreso de este herbicida chino causó daños en la industria nacional, tal como sostiene la empresa Monsanto desde 2001. En cambio, otras 14 firmas, que elaboran el producto sobre la base del insumo importado de China, esgrimen que el perjuicio es improbable y que Monsanto carece de representatividad. "Es una causa complicada", se limitó a expresar Di Vico, ante la consulta de LA NACION.
Sin embargo, el presidente de Monsanto Argentina, Carlos Popik, presente ayer en la audiencia pública, expresó que en caso de dirimirse en su contra la investigación, "existen riesgos empresariales porque nadie lleva adelante una operación en la que pierde plata; pero más me preocupa la pérdida de vectores tecnológicos destinados al agro argentino", dijo. La firma invirtió recientemente unos 130 millones de dólares en la construcción de una planta de glifosato en Zárate y hoy cuenta con poco menos del 50% del mercado. "Aunque estaba prevista una baja de precios, hoy se llegó al límite", dijo Popik, con relación a la supuesta distorsión que provoca el producto chino en el mercado local.
En la última semana arreciaron acusaciones cruzadas entre las empresas, los productores agropecuarios y los representantes diplomáticos. El consejero económico de la embajada de China, Wang Chuanxin, advirtió durante una atípica conferencia de prensa, junto a las cuatro entidades del campo, que la eventual aplicación de aranceles antidumping "afectará el intercambio y la relación comercial" con la Argentina. La presión no es menor, puesto que ese país es el principal comprador de aceite y semillas de soja por unos US$ 800 millones anuales.
"Me da vergüenza que las entidades del campo se atrincheren en la embajada de China para tirarle piedras a la industria nacional", opinó al respecto Popik, dado que los dirigentes apoyan la importación del glifosato por temor a que el mercado quede en condiciones monopólicas.
"Sólo creemos que como es un insumo estratégico debe haber suficientes operadores para obtener un precio transparente y competitivo", opinó el jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Ernesto Ambrosetti.