Dura advertencia de Griesa al Gobierno

NUEVA YORK.- El juez Thomas Griesa le exigió ayer a la Argentina que presente un plan de pago para los acreedores en default el viernes próximo y advirtió que, si el Gobierno quiere eludir su cumplimiento, será sancionado judicialmente.

Minutos después de que concluyó la audiencia de Griesa en Manhattan, la presidenta Cristina Kirchner respondió desde Buenos Aires, al afirmar que la justicia estadounidense está "violentando su propia ley" por no tener en cuenta que el 93% de los tenedores de títulos argentinos ingresaron en el proceso de reestructuración de deuda que el país inició en 2005, y continuó en 2010 con un segundo canje de deuda.

Pero otros inversores, incluidos los "fondos buitre" NML Capital y Elliott Management, propiedad del magnate de Wall Street, Paul Singer, optaron por llevar a la Argentina a los tribunales con el fin de cobrar todo el dinero adeudado en las cortes, sin aceptar la quita que ofreció el gobierno argentino.

El 26 de octubre, estos fondos y 13 bonistas minoristas obtuvieron un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que consideró que la Argentina no puede discriminar entre los inversores que canjearon sus títulos y los que no, una decisión que obliga al Gobierno a pagarles a los "fondos buitre" . Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijeron que no lo harán.

"Si, y enfatizo el si, hay algún pensamiento de parte de la República de desafiar y evadir el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado", advirtió Griesa. Ayer, durante la audiencia, Griesa le preguntó a uno de los abogados de la Argentina, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Carmine Boccuzzi, si las afirmaciones de la Presidenta y de Lorenzino eran ciertas. El abogado eludió una respuesta directa. "No me está contestando la pregunta", lo interrumpió Griesa, tres veces, en lo que fue le intercambio más tenso de la mañana. También participó un abogado por los bonistas que entraron al canje. El magistrado, entonces, dijo que se recostaría en los informes de la prensa, que habían probado ser "muy precisos" en la cobertura del caso, y dio inicio a un monólogo largo y pausado sobre el estado del litigio, que concluyó con la amenaza de sanciones.

Griesa dijo que la Argentina había sido tratada de manera justa por las cortes, que durante diez años han tratado el caso del país con "la mayor equidad", y que evadir una sentencia de los tribunales sería "un distanciamiento muy grande".

"Nuestras cortes no son impotentes", advirtió. "Creo que la República debería darse cuenta de que el antecedente de desafío está comenzando, quizá demasiado tarde, pero ciertamente va a ser visto muy negativamente, y eso es evidencia en la discusión de la Corte de Apelaciones", agregó. "Hay pasos que pueden ser tomados para sancionar cualquier mala conducta de la República. Hay maneras de lidiar con eso", concluyó Griesa.

Al abrir la audiencia, Griesa recordó que el fallo de la Cámara de Apelaciones estaba "en suspenso". Las miradas estaban puestas en el próximo pago, de unos 3000 millones de dólares, pautado para el próximo 2 de diciembre. Griesa se comprometió a tener listo antes de esa fecha un pedido de recomendación que le hizo la Corte de Apelaciones sobre cómo la Argentina debe resarcir a los bonistas demandantes. Para tomar su decisión, el juez les pidió ayer informes tanto a los abogados de NML Capital como a los representantes del gobierno argentino, que intentaron, sin éxito, conseguir 30 días para entregar la información y ganar tiempo: Griesa les dio sólo hasta el 19 de noviembre.

"Los demandantes tienen derecho a dinero del pago de diciembre. Tienen un derecho legal", afirmó Griesa. "Cuánto es la pregunta", completó. El Ministerio de Economía siguió la audiencia con atención y avanzó con Cleary en las alternativas.

Informe de Martín Kanenguiser desde Buenos Aires