Economía ya definió el nuevo proyecto de coparticipación

Dentro de los próximos quince días, el ministro Roberto Lavagna daría a conocer el proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos que será enviado al Congreso para su debate, tal como exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó ayer a LA NACION una calificada fuente del equipo económico.

La normativa, que fue elaborada por el equipo de la Secretaría de Hacienda sobre la base de los proyectos que ya estaban diseñados por la Comisión Federal de Impuestos, no incluye modificaciones sustanciales en el mecanismo de distribución de los tributos que recauda la Nación. "Los pilares son los mismos, hay consenso de que cualquier nueva reglamentación debe asegurarles a las provincias que no arrancan perdiendo. Se trata de un proyecto, no es algo cerrado ni trae cosas impuestas, se discutirá", señaló el informante.

Para el Fondo Monetario el actual sistema, donde las provincias reciben un determinado porcentaje de lo que ingresa en el fisco nacional, ayuda a que el interior no se esfuerce en nivelar sus gastos de acuerdo con su propia capacidad para recaudar.

En un reciente informe elaborado por el economista Alfredo Cuevas, del Departamento Fiscal del FMI, el organismo sostiene que el sistema de coparticipación vigente "facilitó el comportamiento fiscal irresponsable entre las provincias y actuó como obstáculo para las reformas estructurales. La reforma del sistema de relaciones intergubernamentales ha sido impedida por años por un estancamiento entre el nivel nacional y el provincial", destaca el economista.

Sin embargo, el informante del Palacio de Hacienda le bajó los decibeles a ese documento y dijo que fue elaborado con el ánimo de "ir al choque" con las autoridades argentinas. "Estamos todos de acuerdo con que se debe trabajar sobre cuestiones anticíclicas para atemperar la situación fiscal en momentos de crisis. Lo que hizo el FMI es un documento de ensayo. No creemos que sea posible que mientras las provincias se hacen cargo del gasto de salud, educación, seguridad y justicia se les diga que tienen que recaudar para controlar ese nivel de gasto", dijo la fuente.

De todas maneras, el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía apunta hacia un federalismo con responsabilidad fiscal y que transparente la información de cada provincia (gastos, recursos y deuda). Por eso, la normativa que estará en discusión en el Congreso reconoce que la distribución primaria entre la Nación y las provincias debe estar relacionada con las necesidades de gasto de cada una. Es decir que no se transferirán recursos sin obligaciones concretas.

Si bien el grueso de las provincias tuvo en 2002 un aumento en los recursos propios (por el aumento en el nivel de precios, fundamentalmente) y recibió un mayor flujo de ingresos nacionales (por el incremento de la recaudación nacional), la situación fiscal dista de ser holgada en varios Estados.

Si bien aceptó los acuerdos fiscales firmados el año último, y que siguen vigentes, para el FMI no se debe desviar el foco, es decir, ir hacia la correspondencia fiscal. "Este tipo de reformas (los pactos) no ataca los orígenes de la irresponsabilidad fiscal en el nivel provincial", sostiene el documento del organismo.

En Hacienda, en tanto, creen que no es posible buscar en las provincias "chivos expiatorios", aunque resaltan que se impondrán mecanismos -como los acordados con los pactos de ordenamiento fiscal- para que el nivel de gastos no se desvíe de las pautas de déficit necesarias.

"La verdad es que para este año las provincias no manejan hipótesis de aumento salarial, aunque sí está previsto un muy leve crecimiento en el nivel de gasto. De todas maneras, con el superávit del primer trimestre podría haber alguna flexibilidad en los números pautados", dijo la fuente de Economía.

En el acuerdo firmado en enero último, el FMI pide una nueva ley de coparticipación que establezca "un vínculo más cercano entre las transferencias nacionales y la capacidad de ingresos y necesidad de gasto de cada provincia".