Edesur: una ofensiva que esconde intenciones que nadie reveló

Alguien apretó un botón y, desde ese momento, pegarle a Edesur paga doble en el kirchnerismo. La ofensiva contra la distribuidora eléctrica que opera en el sur de la Capital y del Gran Buenos Aires se ha convertido en un deporte partidario. Tiro al agua, imposible errar.

Nadie sabe a ciencia cierta si se quiere expropiarla o si se trata de la justificación mediática para ir por la rescisión del contrato, algo así como preparar la alfombra roja para la llegada de la comitiva interventora. O quizá hay algo más, como amedrentar a un sector que siempre se inquieta ante la quietud tarifaria.

Tampoco se puede descartar que la soberanía de los medidores, los transformadores y las llaves térmicas sea otra de las batallas ideológicas que inicie el Gobierno. Pero claro, los escépticos, pragmáticos, más terrenales en su mirada lo resumen en una palabra: guita o dinero como para salir del lunfardo.

Nada cambió en los últimos días respecto de lo que pasa con un servicio público que desde hace casi dos décadas está minado por la excepcionalidad. La Argentina paga lo que puede con sus pesos maltrechos por los bienes y los servicios. Ni los textiles que se venden acá tienen las prestaciones de los que cotizan en las grandes avenidas del primer mundo ni los productos industrializados son iguales. La pregunta que sobreviene es qué hace suponer que el servicio de electricidad, en el que se invierte en dólares y se recauda en pesos, va a tener las calidad de otros lugares del planeta.

Quién podría pensar que el sistema concesionario argentino, diseñado en los 90, explotado con la devaluación, emparchado en los 2000 e incumplido por todos desde hace décadas puede entregar un servicio que deje contentos a los usuarios. Sólo es necesario navegar por Internet, andar por las rutas argentinas, tomarse un ómnibus en Retiro o tratar de llegar a Ezeiza a tiempo en transporte público para entender el fenómeno.

La infraestructura está colapsada y no es posible planificar a largo plazo con pesos que no se actualizan. Hay un funcionario local que sí encontró la fórmula para construir rápido, eficiente y lograr que las obras estén en tiempo y forma. Se trata de Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas. Él pudo construir los hospitales modulares para luchar contra el Covid en 40 días. ¿Un genio? Quizá. ¿Cómo hizo? Licitó mediante un organismo internacional de las Naciones Unidas (Unops) y pagó en dólares. Billetes, para ser más exacto. Quizá la obra pública y la infraestructura empiece a transcurrir ese camino. De hecho es el que eligió para las unidades sanitarias modulares en las cárceles. En dólares se consigue construir en tiempo y forma. Un innovador.

De regreso a aquellas preguntas iniciales, no se deja ver cuál es el objetivo. La estatización de las acciones de Edesur podría ser un rebrote nacionalizador y dejaría abierta la posibilidad de un reclamo internacional como sucedió con Marsans por Aerolíneas Argentinas, Suez, por Aguas Argentinas o YPF, por citar tres de varios laudos que condenaron al país a pagar millones de dólares.

Podría ser un mensaje aleccionador para dejar claro a otros actores del sector lo que ya se puede empezar a trazar: no habrá aumento de tarifas este año y tampoco tendrán suerte el año que viene. El calendario electoral se encargará de que nadie reclame en plena campaña legislativa.

Pero hay quienes van al hueso, o al bolsillo. Los intendentes, principales voceros del malestar con la empresa, acumulan deudas millonarias con la compañía. Diez de 12 municipios donde presta servicio recaudan algún impuesto con la boleta de electricidad, pero acumulan deuda con Edesur.

Desde hace años se colocó un medidor por barrio de emergencia. Hasta ahí llega la responsabilidad de la empresa. Desde esa toma hacia adelante, cada uno que se enganche a la electricidad no paga el servicio. Las municipalidades se deben hacer cargo de la factura que generen los miles y miles de usuarios que toman la luz de esa boca de expendio.

La deuda que se acumula desde 2011 ya llega a $3000 millones y cada vez el consumo es mayor. Una nacionalización del servicio traería un alivio a las arcas de los jefes bonaerenses. Desde ese momento todos los habitantes de la Argentina harán su aporte solidario para que los jefes comunales regalen la electricidad a los suyos. Se hizo la luz, podrán exclamar.