El alza afecta a los más pobres
El primer aumento de tarifas residenciales de un servicio público desde los tiempos de la convertibilidad causó críticas al Gobierno por la incidencia que tendrá en los sectores de menores ingresos ese 14% más que deberán pagar los clientes de Gas Natural BAN en las zonas norte y oeste del Gran Buenos Aires.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, envió una carta al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la que rechazó la revisión tarifaria y confirmó la decisión del organismo de acudir a la Justicia para frenarla, ya que considera que la estructura tributaria es "altamente regresiva".
En la misiva, Mondino afirmó: "Habiéndose efectuado un análisis de los cuadros tarifarios recientemente aprobados, especialmente para la categoría de usuarios residenciales, se puede afirmar que el incremento aprobado afectará en mayor medida a los usuarios de menores consumos". Esto se debe, dijo, a la "importante incidencia" del cargo fijo en las tarifas actuales.
El estudio de la Defensoría del Pueblo destaca que "a menor consumo mayor es la incidencia del incremento tarifario aprobado, es decir que para un usuario que consume 54 metros cúbicos bimestrales el incremento tarifario resultaría del 21,13%, en tanto que para un usuario que consume 376 metros cúbicos bimestrales, el incremento sería del 14,20 por ciento". Y acudió a la comparación más odiada por el Gobierno: "La estructura tarifaria recientemente aprobada resulta ser idéntica a la de la década anterior, privilegiando el cargo fijo y la recaudación impositiva por sobre lo efectivamente consumido", espetó.
Rechazó el hecho de que el aumento sea retroactivo a noviembre de 2005, lo que, dijo, atenta contra el derecho del consumidor a recibir información veraz del artículo 42 de la Constitución nacional, "en este caso, conocer con anterioridad al consumo la tarifa que deben abonar".
Los diputados y candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad Claudio Lozano (Emancipación y Justicia) y María América González (ARI) también rechazaron la suba y afirmaron que acudirán a la Justicia para frenarla. Para los legisladores, "se autoriza un aumento que contradice las afirmaciones recientes de la ministra de Economía [Felisa Miceli] sobre que no habría aumentos de tarifas para los usuarios residenciales". Además, señalaron que la retroactividad viola el artículo 3 del Código Civil y que el acuerdo no fue rubricado por una audiencia pública, tal como manda la ley. "El gobierno nacional da por válida una audiencia pública que se realizó el 13 de mayo de 2005 en la que la [Unidad de Renegociación de los Contratos] Uniren presentó un proyecto de carta de entendimiento que la empresa no había aceptado."
El Centro de Educación al Consumidor (CEC) marcó ese incumplimiento administrativo. "Luego del acuerdo tendría que haber habido una audiencia pública", dijo el vicepresidente de la entidad, Claudio Boada, que no descartó llegar a la Justicia si las presentaciones administrativas ante los organismos gubernamentales que se están realizando no prosperan. También destacó la falta de avances respecto de la tarifa social para sectores de ingresos bajos. "El contrato prevé una seguidilla de pasos para su vigencia, y es un tema pendiente", dijo Boada. La presidenta del organismo, Susana Andrada, agregó: "No hemos visto ningún beneficio para los usuarios; en la renegociación sólo se habla de aumentos".
Para Andrada, "estos aumentos en los servicios públicos van a dar como resultado incrementos en los precios, porque el gas es un insumo que se utiliza en todas las industrias". Por lo tanto, según dijo, los consumidores no sólo deberán abonar un 14% más por su gas, sino que sentirán la suba del 15% para los usuarios no residenciales.
Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) alertó sobre futuros aumentos en beneficio de otros proveedores de gas y del resto de los servicios públicos.