A mitad de semana. El cambio de rumbo del mismo timonel
Aunque son varios los frentes todavía abiertos con capacidad para desequilibrar la situación, el Gobierno dio algunos pasos en dirección a la reestructuración de la deuda pública. Al menos, desde el anuncio de la puesta en marcha de la riesgosa maniobra recogió algunos signos de moderada cautela.
Nadie parece dispuesto a ser señalado como el responsable del empujón final. No serán los banqueros ni las administradoras de fondos de jubilación, según puede inferirse de los acuerdos alcanzados con el ministro de Economía en la noche del domingo y de los términos del encuentro ayer celebrado con el Presidente. Tampoco los gobernadores querrán cargar con ese fardo, al igual que la dirigencia política, tanto del fragmentado oficialismo como de la oposición justicialista.
Sin llevar el compromiso mucho más allá, unos y otros se aferraron a la anunciada reprogramación que fue parte del discurso electoral de la mayor parte de los candidatos. Pareció bastar para atenuar críticas, aunque no para estimular acuerdos más firmes y duraderos.
A ese coro coincidente acuñado tanto por voces del radicalismo como del peronismo -sacudidos ambos por procesos de fuertes disputas internas por espacios de poder- acomodó su voz el propio ministro de Economía.
No ha de ser casual la fórmula escogida por Domingo Cavallo para reafirmar la convertibilidad y rechazar el tan temido default: "Si no cambiábamos de rumbo nos estrellábamos". En el lenguaje político de estos días, el giro retórico semejó a un puente tendido desde un despacho y una administración otras veces reacia a construir alianzas.
De tal modo, el Gobierno seguía confiando en que el acuerdo con los gobernadores terminaría por despejar el denso panorama que todavía asoma por el lado del Congreso.
Quizá como parte de aquel espanto que une a quienes pretenden tomar distancia de precipitar cualquier desenlace traumático, nadie agita hoy la cuestión, pero lo cierto es que la clave de la "reestructuración ordenada" de la deuda es la decisión de ofrecer como garantía la recaudación fiscal.
Y semejante decisión requiere necesariamente del respaldo legislativo, porque esa posibilidad quedó expresamente excluida en la controvertida cesión de poderes al Poder Ejecutivo. Ha de recordarse que cuando Cavallo reclamó los superpoderes también figuraba entre sus propósitos utilizar la recaudación como respaldo para el megacanje. La reacción legislativa entonces encabezada por la diputada Elisa Carrió, que blandió la flamígera acusación de traición a la Patria, determinó que aquella pretensión fuera expresamente vedada en la cesión de poderes.
Al amparo del "cambio de rumbo" ofrecido por el mismo timonel que se desgañita para recuperar la confianza de inversores y consumidores, se intentaba escamotear la cuestión del déficit cero cuando, en rigor, en ese decisivo terreno se juega la suerte de la última carta de Cavallo.
El acuerdo interno, es decir, la fenomenal disputa entre la Nación y las provincias y el proyecto de presupuesto para 2002 que ampliará y anualizará los recortes ya practicados en las cuentas públicas y que hacen crujir servicios esenciales del Estado son parte de la carpeta que el Presidente debería llevar consigo en su inminente viaje a Nueva York.
En vísperas de su encuentro con Bush, De la Rúa debe hablar hoy ante el plenario de IDEA. Un año atrás, ante ese mismo auditorio, anunció los compromisos que harían posible el tan mentado blindaje.
Entonces, la tensión política era creciente, habían estallado conflictos sociales en el Noroeste, la desocupación rondaba el 14% y el riesgo país llegaba a 1000 puntos.
Doce meses después, el riesgo país se ha más que duplicado, la desocupación se acerca al 20% y la Argentina se ha quedado sin crédito.
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