El contrapeso de la conflictividad

Néstor O. Scibona Para LA NACION
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13 de diciembre de 2009  

El pronóstico para 2010 ya es casi un lugar común: la actividad económica está en condiciones de despegar, pero la desconfianza política se ha convertido en un lastre, que afecta las perspectivas de inversión y recuperación del empleo. Cuánto pesará uno y otro factor en el resultado del año próximo aún es una incógnita. También resulta difícil prever la magnitud del previsible rebote del PBI (que economistas independientes ubican entre 3 y 5%), cuando nadie sabe a ciencia cierta cuánto cayó en 2009 (para el Indec, incluso, hubo una suba de 0,5 por ciento).

Aún quienes hoy registran mayores niveles de ventas y de producción, predicen que 2010 será un año con más conflictividad. No sólo porque la inflación real vuelve a apuntar hacia arriba y amenaza reavivar la puja por el ingreso, sino porque el ambiente de polarización y creciente confrontación que se ha instalado en la Argentina augura nuevos cortocircuitos políticos, sociales, empresarios y sindicales.

La realidad se encarga cada día de confirmar esas presunciones y de afectar el clima de negocios, aunque la economía mundial vuelva a ayudar y la mejora en los mercados aporte más tranquilidad.

A nivel político, el kirchnerismo se ha encargado de crear un escenario donde el diálogo y los acuerdos se reducen a simples expresiones de deseo. Especialmente en los últimos cinco meses de mayoría propia en el Congreso, cada ley fue un hecho consumado con poco o nada de debate, excepto anacrónicas invocaciones ideológicas a izquierdas y derechas que contribuyeron a desnaturalizarlo. De ahí surgió una decena de iniciativas que apuntalaron de antemano su manejo discrecional de la caja fiscal y su poder político. Ahora que la relación de fuerzas se invirtió, nada permite descartar en el corto plazo una dinámica más conflictiva para la gobernabilidad, basada en vetos presidenciales para iniciativas opositoras; o mayor uso de decretos de necesidad y urgencia para gambetear el debate legislativo y el cuadro político surgido de las elecciones del 28 de junio. Dentro de la lógica K, en la que quien no es aliado incondicional se convierte automáticamente en enemigo, cabe suponer que las futuras medidas del Poder Ejecutivo seguirán la misma impronta: premios para los primeros y castigos para el resto. Y que si la oposición logra en algunos casos modificar los términos de esa ecuación, a partir de marzo se complicará aún más el clima político.

Este escenario no sólo invalida la discusión de políticas de Estado que vayan más allá de 2011. También aumenta la desconfianza entre todos los actores colocados por el oficialismo en la vereda de enfrente, ya sean productores agropecuarios, industriales, clase media rural y urbana o medios de difusión independientes. Muchas veces éstos reciben el mismo trato descalificatorio que los dirigentes políticos opositores o eventuales presidenciables que miden bien en las encuestas. La diferencia es que, a partir de abril de 2008, el discurso agresivo dejó de ser unilateral y pasó a ser de ida y vuelta. Casi un virtual campo de batalla de todos contra todos.

El revuelo sindical

En el terreno sindical, la novedad es que la Corte Suprema ha alterado el matrimonio por conveniencia entre los Kirchner y la CGT de Hugo Moyano. Los dos fallos que reconocen a un sindicato sin personería gremial y otorgan protección laboral a los delegados, han avanzado a contramano del "unicato" sindical que durante décadas ha sido eje del poder político peronista. A la corta o a la larga, estas sentencias entran en colisión con la legislación laboral, que Moyano buscará blindar con un Congreso más adverso, lo cual presagia conflictos (la última huelga judicial fue un aperitivo para este cuadro). Pero también le otorgan otro protagonismo a la CTA que, a pesar de no haber obtenido la personería tantas veces prometida estuvo, paradójicamente, más cerca que lejos del kircherismo; tal vez por razones ideológicas o a cambio de ventajas económicas para algunas de sus organizaciones. No es casual que el 60% de los conflictos sindicales este año tuvo como protagonista a gremios del sector público.

Otra paradoja es que los reclamos violentos y extremos de algunas comisiones internas, que responden a partidos de izquierda y desconocen a las conducciones sindicales formales, terminan resultando funcionales a los intereses de los gremialistas ortodoxos, siempre dispuestos a pactar, ya sea a favor o a pesar de sus bases. Así, suelen provocar un resultado opuesto al buscado. Salvando las distancias, se ubican en una situación similar a la de los gremios docentes más combativos, que dicen defender la educación pública pero, con los paros recurrentes como única modalidad de protesta, han venido atiborrando de alumnos a las escuelas privadas.

El temor en las empresas, especialmente las de mayor envergadura, es que el nuevo cuadro agudice tensiones intra e intersindicales, que podrían traducirse en una abierta competencia por reclamos laborales y salariales. También presagian que la persistencia por cuarto año consecutivo de una inflación de dos dígitos en 2010 (que muchos consultores ubican entre un 17 y un 18% anual, o sea cuatro o cinco puntos más que en 2009), puede ser un disparador de exigencias que en algunos casos afectarían la rentabilidad y, en otros, el incentivo para crear nuevos puestos de trabajo formales. En las pymes, a su vez, estos riesgos ya están presentes con el nuevo régimen de accidentes laborales, que semanas atrás el gobierno resolvió por decreto para reforzar su alianza con la CGT, a costa de desconocer un acuerdo previo con la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades empresarias.

En materia de conflictos, otro capítulo se escribe en el campo de las organizaciones sociales. Aquí la competencia entre aliados y no aliados al kirchnerismo se manifiesta por lo general en ruidosas protestas callejeras y termina apaciguándose con fondos públicos. Esta respuesta oficial es un incentivo para transformarlas en modalidad permanente, independientemente de que pocos conozcan qué montos terminan manejando. La única excepción fue la dirigente jujeña Milagro Salas, (que el oficialismo presentó en sociedad junto a Luis D´Elía en la marcha porteña contra Mauricio Macri), cuando blanqueó un presupuesto anual cercano a los 90 millones de pesos. Más difícil resulta precisar, en cambio, los fondos que administran las Madres de Plaza de Mayo, cuya agrupación se ha convertido en una próspera empresa constructora, que incluso edifica viviendas para suboficiales castrenses.

Quien mejor describió todo este panorama fue el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando en la última conferencia de la UIA sostuvo que en la Argentina los conflictos de cualquier naturaleza comienzan por el final: primero se llega a la acción directa y luego se negocia desde ese extremo. Con estas presiones, el camino para dialogar y acordar se estrecha enormemente. Máxime con un gobierno que, en lugar de resolver problemas y aplicar la ley, sólo tiende a laudar discrecionalmente entre supuestos culpables y beneficiarios.

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