El corralito de precios que desvela a las empresas

El régimen de Precios Máximos, prorrogado ahora hasta el 31 de mayo tras haber cumplido 13 meses, se ha convertido en un virtual “corralito” que desvela a la mayoría de las empresas fabricantes de productos de consumo masivo y a las grandes cadenas de supermercados que los comercializan.

Podía haber sido justificable en marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia de coronavirus. En las dos semanas previas a la cuarentena, la gente se había abalanzado sobre las góndolas y barrió con los stocks de lavandina, alcohol en gel, papel higiénico, fideos, arroz, yerba o leche larga vida, para cubrirse del desabastecimiento (autoprovocado) y previsibles alzas de precios. Por eso el Gobierno decretó que los valores máximos en las góndolas debían ser retroactivos al 6 de marzo y los extendió a 2300 artículos de más de130 categorías (alimentos elaborados, bebidas, artículos de limpieza, higiene y tocador) con sus numerosas variedades. También obligó a las empresas de esos sectores –considerados esenciales- a producir al máximo de su capacidad instalada.

Luego de más de un año de vigencia y con una inflación acumulada superior a 40%, el régimen de PM se convirtió en otro de los “resortes apretados” que distorsionan los precios relativos de la economía, como ocurre con el dólar y las tarifas.

“¿Es sustentable mantener un programa durante 12 meses con aumentos de precios aprobados del orden de 14%, cuando el incremento de costos en ese periodo fue entre 32% y 48%? ¿Puede una empresa seguir operando, cuando al desfasaje de 2020 se sumará, con seguridad, otra diferencia aún mayor en 2021, sin verse en la necesidad de reestructurar su portafolio de productos, reducir la empleabilidad o afectar el normal abastecimiento? ¿Son efectivos los controles de precios por largo plazo, cuando las causas de la inflación pasan mayormente por las políticas monetarias y fiscales de un país?”. Estas preguntas aparecen en el duro documento difundido esta semana por la AmCham (Cámara de Comercio de los EE.UU. en la Argentina), para reiterar su reclamo de que el régimen sea eliminado por limitar la viabilidad de las empresas y la recuperación de la economía. Otro párrafo contundente es que “los precios, en un mercado en plena competencia y múltiples oferentes, no pueden ser considerados bajo el régimen de tarifa pública y, por ende, definidos o autorizados por la autoridad administrativa competente”.

Todas esas preguntas de la AmCham tienen respuesta negativa. Los PM no beneficiaron a la mayoría de los consumidores, sino que terminaron por perjudicar al conjunto, además de complicar la operatoria de las empresas de capital nacional o extranjero.

Uno de los motivos es que, al focalizarse en las cadenas de supermercados, abarcan sólo al 30% del consumo masivo, ya que los segmentos de menores ingresos suelen comprar en autoservicios o comercios de proximidad, ajenos a los controles oficiales. Otro, que no incluyen productos frescos o estacionales (carnes, frutas, hortalizas y verduras) que fueron los que más aumentaron y elevan los costos de los alimentos industrializados, al igual que las commodities agrícolas (granos, aceites y harinas) cuyos precios internacionales subieron en los últimos meses.

Como el traslado a precios de estos y otros costos es autorizado limitadamente –o denegado- para que no lleguen a las góndolas, la Secretaría de Comercio Interior (SCI) coloca a muchas empresas ante la disyuntiva de trabajar a pérdida o quedar en infracción. Ya sea por bajar la producción y exponerse a las penalidades de la vetusta Ley de Abastecimiento sancionada en 1974, o por saltar el cerco a través de cambios en envases, presentaciones o lanzamientos de productos similares con precios más altos.

Las pruebas están a la vista. En la última semana de marzo el ticket de compra de la canasta fija de 30 productos (que releva esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados) trepó a $8959, con alzas de 10% respecto de febrero ($8144) y casi 64% en comparación con marzo de 2020 ($5471). En los últimos 12 meses las variaciones de precios, punta a punta, fueron muy dispares, con aumentos de tres dígitos en jamón cocido (423%); milanesa cuadrada (186%); patamuslo de pollo (131%) y de dos dígitos altos, en una marca de fideos guiseros (84%); papas a granel (81%); yerba mate (66%); berenjenas (65%); supremas de pollo (62%); detergentes y limpiadores (40%). También hubo ajustes de 19 a 24% en café molido, azúcar y servilletas de papel; de 5% en leche para bebés y bajó -5% el agua mineral en botella.

En el caso específico de los PM, una muestra más representativa realizada por la consultora Tomadato sobre 18.000 productos en 42 puntos de venta del AMBA y el interior del país, revela que después de que en febrero se liberaran varias categorías, el aumento de casi 5% intermensual se moderó en marzo al ubicarse debajo de 2% y cerró con un acumulado anual de 16,1%. También destaca que las marcas propias de las principales cadenas de retail lideraron las subas (con 3 puntos de diferencia las segundas marcas y de 5 sobre las primeras) y acumularon 20,2% interanual. Los rubros que más subieron fueron bebidas y congelados, en tanto que las conservas de pescado retrocedieron -0,8%, tras aumentar en noviembre (+4,0%) y enero (+3,7%).

Por su parte, la consultora Focus Market, detectó que las mismas marcas que venden otros canales minoristas como almacenes, autoservicios chinos o independientes, muestran precios más altos de hasta 12% en manteca; harina 000 (14%); arroz largo (19%); atún al natural (22%); yogur en potes (26%) y leche larga vida (48%), que los máximos de las cadenas de supermercados.

Estas grandes disparidades en un contexto de alta inflación (que este año apunta a 45%) y debilidad del consumo (por tres años de caída de ingresos reales), no sólo demuestran la ineficacia de los controles oficiales para sustituir el poder de los consumidores. También desvirtúan la pretensión de funcionarios, que rara vez trabajaron en empresas privadas, de manejarse mejor que ellas sin tomar contacto con la realidad, ni considerar que 40% de los precios finales son impuestos. Otro tanto ocurre con la próxima ampliación de los Precios Cuidados con ajustes de 5%. Hasta hace pocas semanas, un spot oficial sostenía que se trata de precios de referencia de primeras marcas, para que las competidoras debieran bajar los suyos, cuando es a la inversa. El consumidor busca el precio más bajo y por eso hay huecos en las góndolas. Para las empresas incluidas, se trata de ventas de escasa rentabilidad, a cambio del “deslistado” de otros productos de PM, que la SCI tarda en concretar, mientras exige la presentación de planillas con los costos a lo largo de toda la cadena de valor, difíciles de revisar hasta por expertos.

Para completar el cuadro, ayer intimó a unas 1000 grandes empresas industriales y comerciales de todos los sectores a producir al máximo de su capacidad mientras se mantenga la emergencia sanitaria, bajo la consabida amenaza de la Ley de Abastecimiento. Todo independientemente de los costos Covid (licencias a mayores de 60 años o con factores de riesgo, transporte propio o viáticos); combustibles (18% entre marzo y mayo); fletes y logística (45% en los últimos 12 meses, según Cedol) y restricción de importaciones.

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