El debate tributario está atado al sistema de jubilaciones

Las reformas a los aportes y contribuciones a la seguridad social fueron en general modestas, según un informe de la OCDE que analiza las tendencias en las reformas impositivas de los últimos dos años. "En términos generales, los cambios en las tasas se dividen en partes iguales entre recortes y aumentos y los cambios en la base imponible, en partes iguales entre ampliación y reducción", se afirma.

En la Argentina (un caso que se comenta), la ley 27.430 dispuso la vigencia de un monto no imponible para los salarios, con lo cual se reduce la base para el cálculo. En función de esa medida, este año la contribución que hacen los empleadores se calcula sobre el salario luego de descontarle $7003,68, y la alícuota es de 20,4% o de 18% dependiendo de la actividad y el nivel de facturación.

La suma no imponible se irá elevando cada año hasta 2022, a partir de un monto fijado en la ley, que se actualiza por inflación. Y las alícuotas irán subiendo o bajando, según el caso, para unificarse en ese momento en 19,5%, siempre sobre el salario bruto excedente de la cifra liberada de la contribución.

Según Andrés Edelstein, que fue secretario de Ingresos Públicos en el momento de la reforma legal, esa medida -conjugada con otras, como la reducción de la alícuota de ganancias corporativas y la eliminación de algunos tributos internos- tuvo el propósito de alentar inversiones, contrataciones y blanqueo de trabajadores. Sin embargo, admite que el ciclo económico no ayudó. "Uno de los objetivos era formalizar, pero con la caída de la actividad, por ahora no se notan efectos", sostiene.

"Los aportes y contribuciones deben ser considerados salarios diferidos o en especie, si con los recursos se está financiando la jubilación futura o la prestación de servicios de salud", señala el economista Oscar Cetrángolo, docente e investigador de la UBA y el Conicet. Agrega que una reforma tributaria está muy ligada a lo que pasa con el sistema previsional. En nuestro país, analiza, el financiamiento de lo contributivo y de lo social quedó mezclado y eso merece una revisión.

"Vía moratoria, se sumó al esquema contributivo a quienes no habían aportado o habían aportado poco; ahora está todo en la misma bolsa, cuando en realidad habría que ver de qué manera se pueden financiar las coberturas sociales con rentas generales y qué prestaciones se pueden pagar con los recursos de los aportes y contribuciones", evalúa Cetrángolo. Hoy por hoy no es que se afronten con estos últimos recursos los pagos a quienes no habían aportado, sino que en la cuenta general entran recursos de aportes y también provenientes de impuestos generales, como 11% del IVA y del 100% del impuesto al cheque.

La intención de separar lo contributivo de lo no contributivo está implícito en la decisión de reemplazar las moratorias por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), lo cual indica que eso se hará (al menos según la normativa vigente) de manera progresiva. Hay más de 4 millones de prestaciones otorgadas por moratoria que están en curso de pago, y los planes se siguen otorgando (puedan adherir las mujeres que cumplan 60 años hasta el 23 de julio de 2022).

Otro desafío al que apunta Cetrángolo está en el monotributo: el régimen simplificado prevé un aporte que es considerado bajo y que, durante muchos años, se mantuvo congelado y sin contemplar diferencias por nivel de facturación. Hoy sí rigen cifras diferenciales, pero el economista advierte que no para toda la población que está en el monotributo se justifica que el Estado otorgue el subsidio que implica el aporte previsional del sistema.

Por el peso creciente de los pagos jubilatorios en las erogaciones de los países, el último panorama fiscal de América latina difundido por la Cepal advierte que "el debate sobre los impuestos y las cargas sobre la nómina salarial destinados a financiar programas de seguridad social, no puede encararse de manera aislada", sino a la par del análisis de los beneficios ofrecidos.