El déficit fiscal sería este mes de $ 450 millones
El Ministerio de Economía descuenta que este mes terminará con un déficit fiscal de $ 450 millones, según revelaron fuentes de la cartera a La Nación . La apuesta de los funcionarios es que en junio el cobro adelantado a las empresas de los anticipos del impuesto a las ganancias generará un superávit de otros $ 450 millones.
Así, el déficit en los ingresos impositivos del segundo trimestre sería de alrededor de $ 700 millones y se cumpliría la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los funcionarios juran que los sobresaltos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el nivel de depósitos a plazo fijo de la semana pasada, sumados a la caída de la cotización de los bonos, no dificultarán el acceso a los mercados de capitales internacionales de la Argentina.
Los signos de malhumor de los mercados surgieron luego de que el equipo de José Luis Machinea reconoció que estudia volver a colocar el impuesto a las ganancias sobre las rentas que obtienen los depósitos a plazo fijo de las empresas.
Pero Economía cree que esta semana quedará claro que con el anuncio del nuevo recorte por $ 600 millones en el presupuesto los mercados se calmaran. Y prometen que la primera prueba se tendrá esta semana, cuando el subsecretario de Financiamiento, Julio Dreizzen, termine de acordar en Tokio la colocación de un bono del tipo Samurai por alrededor de $ 400 millones. De inmediato aparecería también una nueva emisión en euros.
Con este esquema, en el Palacio de Hacienda juran que no será necesario recalcular las metas fiscales con el FMI. Los informantes sostienen que la visita del nuevo titular del organismo, el alemán Horst Köhler, es parte de una gira por la región y que no tiene el propósito de encarar una renegociación de las metas del acuerdo o el pedido de una dispensa (waiver) ante eventuales incumplimientos.
"Va a estar apenas diez horas. Habrá una reunión con funcionarios, un almuerzo, encuentro con personalidades representativas de la actividad privada y nada más", se atajó un secretario de Estado ante la consulta de La Nación .
La maniobra de adelantar un vencimiento de ganancias para salvar el segundo trimestre no es nueva, y ya fue usada anteriormente por Domingo Cavallo y Roque Fernández para salvar las cuentas ante la falta de reacción de los ingresos tributarios.
"Lo fuerte de las quejas por el anuncio de la medida es una muestra de lo efectiva que va a resultar", ironizan en el Palacio de Hacienda. Lo cierto es que, en 1996, Cavallo esperaba que reaccionara la recaudación y un superávit en junio que le solucionara los desajustes de los dos meses anteriores, pero tuvo que terminar anunciando que había incumplido las metas por nada menos que $ 1000 millones. Y lanzó un nuevo ajuste.
Este mes tiene fuertes vencimientos de deuda pública, lo que pone un piso de gasto muy alto, que está fuera de cualquier voluntad de recorte que pueda tener el Gobierno, a no ser que quisiera incumplir con los pagos de los títulos, lo que no ocurrió siquiera durante la hiperinflación.
"Vamos a hacer los ajustes que anunció Machinea y que son decisión del Presidente. Esta vez el Gobierno se tendrá que convencer de que, a diferencia de otras oportunidades, el gasto va a bajar de verdad", dicen con toda intención en las cercanías del ministro.
Y el mensaje es claro. Tendrán que "resignarse" quienes creen que no hay que insistir tanto en la disciplina fiscal y que conviene dejar algunos recortes para cuando la actividad mejore.
Sin embargo, la dirección gubernamental parece estar en otro lado. Y ello aunque la demora en la reacción de la recaudación, incluso con un repunte económico que hoy no existe, siempre terminó en los últimos años con más déficit que el previsto.
El plan del Gobierno incluye un fuerte ajuste en la agencia oficial de noticias Télam, y hay quienes hasta se animan a sugerir su cierre y la reducción, fusión o desaparición de los organismos descentralizados que no cubren con recursos propios más que el 10% de sus gastos.
En el Ejecutivo, sin embargo, las disputas sobre este tema existen y no son pocas. Por ejemplo, muchos se preguntan por qué sigue existiendo el ente nacional que administra los bienes de los ex ferrocarriles que no se incluyeron en las privatizaciones, el Enabief. "No tiene sentido, cuando hay otras oficinas que se ocupan de administrar los bienes estatales. Tiene 600 empleados y nadie habla de cerrarlo", dicen los críticos.
Otro punto conflictivo es que en el Gobierno descuentan que para cortar $ 600 millones no habrá más remedio que afectar, y no con sutileza, las partidas para las universidades.
Hay quienes creen que el costo político será enorme, porque allí están muchos de los votantes de la Alianza. Y a ello habrá que sumar los retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, disponibilidades y casi segura baja de salarios en el Estado.
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