El desarrollo forestal depende de la nueva ley de presupuesto

Los forestadores reclaman subsidios que les debe el Estado desde hace tres años
Los forestadores reclaman subsidios que les debe el Estado desde hace tres años
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22 de enero de 2002  

La inversión en forestación, que en los dos últimos años dinamizó la economía de regiones como el Litoral y la Patagonia, se restringiría en el corto plazo debido a la deuda de alrededor de $ 65 millones que el Estado Nacional mantiene con los empresarios acogidos a la ley de inversiones para bosques cultivados (N° 25.080).

Gracias a que la norma dispone apoyo económico no reintegrable, estabilidad fiscal por 30 años y devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, entre otros beneficios, el sector forestal registró un salto vertiginoso: pasó de 25.000 ha a más de 100.000 ha implantadas anualmente. Se logró así la difícil meta del crecimiento sostenido en un contexto general de recesión y, de haber sido acompañado el impulso por la instalación de plantas industriales, el sector prometía revertir el déficit de su balanza comercial (que asciende a 800 millones de dólares).

Las proyecciones oficiales de inversión para los próximos años trepaban a 3000 millones de dólares. La Argentina iba detrás del vertiginoso crecimiento que en Chile y Brasil registra el sector, en virtud de políticas de promoción. Con el apoyo de la reciente ley 25.080, la mira de los empresarios se centraba en convertir al país en uno de los mayores proveedores de productos forestales, pues cuenta con un alto potencial de tierras cultivables.

Ahora, la continuidad del desarrollo forestal está atada a la partida que se le destine en el presupuesto 2002. "No sabemos cuánto se asignará al sector, pero hemos solicitado lo suficiente para cumplir con los compromisos", dijo a LA NACION Alberto Torres, director de Forestación.

El atraso en los subsidios no reintegrables -que según cálculos oficiales treparía a $ 65 millones, entre lo adeudado en 1998, 1999 y 2000-, limita las proyecciones de inversión.

Advertencia

La Asociación Forestal Argentina (AFOA), advierte de que desde hace tres años los forestadores afrontan la totalidad de los gastos de plantación, confiando en que el Estado haría efectivo el pago del subsidio (que varía según la región), y denuncia que no pueden encarar la actual campaña ni cumplir con las tareas de poda y raleo (lo que obviamente repercute en la calidad de la producción futura).

El problema se extiende a toda la cadena productiva. La entidad estima una disminución del 50% en la oferta de plantines. Sólo en Misiones y Corrientes AFOA proyecta la pérdida de 40.000 ha, la reducción de 600 empleos temporarios abocados a la plantación y de 3800 puestos en el mantenimiento de las zonas cultivadas.

"Si la deuda se cancelara antes de marzo próximo, podría morigerarse este grave retroceso en el plan forestal nacional", se asegura mediante un comunicado. La entidad contempla las limitaciones financieras del Estado, por lo que sugiere que el pago se realice con Lecop y subraya que "es indispensable" que la Secretaría de Agricultura gestione una partida de al menos $ 50 millones dentro del presupuesto nacional de este año.

Con el temor de que la actividad se paralice, la AFOA advierte además los perjuicios que ocasiona el retraso en la aprobación de planes forestales, en el marco de la ley 25.080, presentados desde el 2000. Subrayan que la lentitud de la burocracia es un verdadero desincentivo y genera mayor incertidumbre.

La falta de integración industrial es otra de las serias limitaciones que enfrenta el sector forestal.

Según Ricardo Barrios Arrechea, que hasta el gobierno de Fernando de la Rúa se desempeñó como coordinador de Política Forestal Nacional, la Argentina dispone de un millón de ha de bosques comerciales de rápido crecimiento y, sin embargo, no cuenta con una industria de base (celulósica-papelera) que pueda diferir la creciente oferta de materia prima.

Durante su gestión, el técnico sostenía que el alto valor agregado que resulta de diversificar el procesamiento de la madera es suficiente incentivo para orientar urgentes políticas de promoción. Los cálculos de Barrios Arrechea generaban entusiasmo hasta en los más prudentes: "Por cada millón de hectáreas implantadas e industrializadas se puede esperar $ 3000 millones en exportaciones".

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