El Gobierno apunta a lograr más formalidad

Una vez más, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para lograr la formalización de parte de los siete millones de trabajadores que no están registrados, y dijo que "los trabajadores informales tienen los ingresos más bajos. El blanqueo y la reforma tributaria (que alivia los costos laborales no salariales) son los incentivos que se necesitan para ayudar a este sector".

En 2017 ya había hecho el intento a través de otro proyecto de reforma laboral más extenso e integral, que no prosperó. Esta vez remarca el capítulo sobre la "regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social y la registración laboral", que se había trabajado en conjunto con los sindicatos desde el proyecto anterior.

Con excepción del personal de casas particulares (que tiene un régimen diferente), "podrán regularizarse... las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley".

De aprobarse la ley (el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria), se prevé la extinción de la acción penal para el empleador, además del "perdón" de multas y sanciones de cualquier tipo y la condonación de la deuda por capital e intereses cuando se haya producido por la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los sistemas de seguridad social.

Los trabajadores, por su parte, podrán computar hasta 60 meses de servicios con aportes (cinco años) "o la menor cantidad de meses por los que se los regularice". Puede ser un punto sensible.

El artículo 6°, "Deudas controvertidas", establece que "podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial a la fecha de publicación de la presente ley". También habrá un debate al respecto.

Por otra parte, el proyecto de ley de primer empleo fue la primera derrota del Gobierno en el Congreso, ya que lo envió en abril de 2016, pero nunca fue tratado en el recinto. Proponía exenciones e incentivos para los empleadores que incorporaran trabajadores con menos de tres años de experiencia en el mercado laboral formal y con edades de entre 18 y 24 años. En la zona del Plan Belgrano, la más vulnerable a nivel laboral, el plan era sin límite de edad.