El Gobierno auditará las deudas con los fabricantes de autos

Se pondrá en marcha un proceso de control que desde hace tres años está demorado
Alejandro Rebossio
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3 de mayo de 2003  

Con frecuencia se escuchan las justificadas quejas de las diez terminales automotrices por las deudas que el Estado mantiene con ellas. Algunos de sus ejecutivos llegaron a declarar que sus inversiones futuras dependen de que les devuelvan un total de US$ 1000 millones, según calculó a principios de año la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

El Estado en default, sin embargo, puede que no sea el único deudor. Está pendiente desde hace tres años una auditoría a las automotrices para comprobar si cumplieron o no con el antiguo régimen automotor, que concedía un bajo arancel (2%) a las importaciones que eran compensadas con exportaciones. Si las compras externas excedían a las ventas al exterior, la terminal se veía obligada a abonar multas al Estado.

El régimen se auditó desde su creación, en 1993, hasta 1999. A mediados de 2000, fue sustituido por la normativa de Mercosur que diseñó la entonces secretaria de Industria, Débora Giorgi, y que fue modificada el año pasado por el vicecanciller Martín Redrado. Entre tanto cambio ha quedado pendiente la auditoría de los últimos siete meses del anterior régimen, desde el 1° de enero al 31 de julio de 2000, según fuentes de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), encargada de controlar el proceso.

Los distintos gobiernos fueron demorando la investigación. La Onudi debe subcontratar una auditora extranjera, según se determinó hace diez años, porque las terminales suelen ser clientas de las locales. Para ello, las automotrices tienen que hacerse cargo del costo del procedimiento, pero ahora rechazan el pago de los US$ 300.000 que cobra una consultora extranjera. Una parte de los costos corre por cuenta de un crédito del Banco Mundial.

"No nos negamos a que nos auditen sino a abonar por eso un precio exorbitante después de la devaluación", se defendió el director ejecutivo de Adefa, Miguel Zorraquín. La presión de las automotrices surtió efecto. El secretario de Industria, Dante Sica, adelantó a LA NACION que en una semana enviará a la Onudi un pedido formal para que la auditoría quede a cargo de una universidad nacional, de modo tal de aminorar el gasto a las terminales.

Las fabricantes de vehículos protestan porque les deben US$ 345 millones por el desaparecido plan Canje. Un ex alto funcionario advirtió que sólo están verificados US$ 300 millones. Las compañías también exigen la devolución del IVA por exportaciones, el factor de convergencia y los beneficios por la compra de autopartes locales (que rigieron mientras duraron los planes de competitividad). La deuda totalizaba hace tres meses US$ 1000 millones, pero esa cifra se ha comenzado a reducir porque el Estado inició la devolución de parte del IVA y pesificó ayer las deudas por el también llamado factor de empalme (ver aparte).

La incógnita radica en saber cuánto le deben las terminales al Estado, tan exigido por ampliar su superávit fiscal primario (antes del pago de intereses). No se descarta que algunas tengan que abonar multas y otras no.

Un ex alto funcionario teme que en los siete meses no auditados ciertas empresas hayan sobrepasado en abundancia las importaciones, en relación con las exportaciones. Una vez que se audite el último tramo del antiguo régimen, deberá comenzar con el control del nuevo, según admite Sica.

La primera auditoría del régimen abarcó el período 1993-1994 y ofreció como resultado sanciones por US$ 150 millones. En febrero de 1995, las empresas depositaron US$ 130 millones por las multas, que correspondían al 20% de lo importado en exceso.

Años más tarde, el gobierno de Carlos Menem devolvió aquel dinero y perdonó esas multas y las venideras a cambio de que se destinara lo condonado a nuevas inversiones. Al final de cuentas, el Estado nunca cobró nada.

Ahora, el Gobierno se ha comprometido a imponer una quita menor de sus deudas con proveedores a aquellos que se comprometan a invertir. En esa oferta se incluyó la deuda por el plan Canje, pero las terminales la rechazaron alegando que ellas no son proveedoras del Estado.

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