El Gobierno las quiere desmantelar: el dato oficial que muestra la importancia de las “sociedades express” en la generación de empleo

La Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se convirtieron en un motor de empleo privado en la Argentina desde enero de 2018. Desde su implementación, las “sociedades express” fueron, en términos de crecimiento porcentual, la forma societaria que más evolucionó respecto de empleos registrados, sobre todo frente al declive de las Sociedades Anónimas (SA) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), donde se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

Los datos surgen de las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, a las que accedió LA NACION luego de que la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) solicitara la apertura de datos a través de un pedido de información pública. Las cifras cobran relevancia frente al avance del proyecto del senador Oscar Parrilli que busca desmantelar la ley que se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri que permite constituir empresas en 24 horas a través de internet.

Según la documentación, a menos de un año de su creación, la cantidad de puestos registrados por las SAS era 3616, en enero de 2018, que creció hasta los 66.585 empleos para marzo de este año. Es decir, se multiplicó por 18. El documento lleva la firma digital Diego Javier Schleser, subsecretario de la Subsecretaría de Planificación, Estudio y Estadísticas que depende del ministerio.

Por su lado, los empleos en las SA y las SRL se precipitaron producto de la crisis económica del país que profundizó la pandemia. Los 3,185 millones de puestos que había registrados en las sociedades anónimas en enero de 2018 cayó a 2,972 millones que representó una variación total a la baja del 6,7%. En el caso de las SRL, la cantidad de empleo cayó de 1,374 millones 1,322 millones, que significó un descenso del 3,8%.

“Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo demuestran que las empresas constituidas como SAS tuvieron un crecimiento sostenido en el empleo formal. El empleo que generaron en 2020 creció un 25%, mientras que el de las SA y SRL cayó un 3%. Esto demuestra que el proyecto de ley que se está tratando en Diputados ataca directamente a las empresas que están generando el nuevo empleo en el país”, dijo Alejandro Ramírez, responsable de Políticas Públicas de ASEA, a LA NACION.

Del informe se desprende que desde que fueron creadas mantuvieron la generación de puestos laborales privados de forma ininterrumpida, mientras que las SA y SRL solo crecieron el primer trimestre de 2021, en un 1,58% y 1,86%, respectivamente.

Ayer se conoció el indicador socioeconómico del mercado de trabajo que elaboró el Indec, que mostró que la desocupación bajó dos décimas en el primer trimestre del año versus igual período de 2020, de 10,4% a 10,2%. Lo que en principio pareció un dato alentador, en detalle los números señalaron que en el país bajó la búsqueda de empleo y creció el cuentapropismo y la precarización laboral tal como informó LA NACION.

“De los datos del Indec de ayer surge que el empleo formal en el sector privado cayó y el que viene creciendo sostenidamente es el sector público. El único crecimiento que hubo en el sector privado formal fue en empresas que se estructuraron como SAS. Las empresas nuevas son las generadoras de los nuevos puestos de trabajo y las que están más preparadas para los cambios que están surgiendo por la pandemia”, opinó Ramírez.

El proyecto oficialista para suspender las SAS tuvo media sanción en Senadores y, de avanzar en Diputados, podría poner en riesgo la generación de trabajo, al extender al resto del país la situación que atraviesa hoy la Ciudad de Buenos Aires, donde la Inspección General de Justicia (IGJ) -que dirige Ricardo Nissen, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner- paralizó mediante una resolución interna la posibilidad de que estas empresas se constituyan.

Las SAS representaban el 60% de las nuevas empresas creadas en la zona porteña y la medida se encuentra judicializada a la espera que la Corte Suprema resuelva sobre la legalidad de lo actuado por el organismo.

La Argentina es de los países de la región con menor cantidad de empresas activas por cada 1000 habitantes: tiene solo 14 compañías, mientras que Chile tiene 58, Uruguay, 48, y Brasil, 25, según datos del Observatorio Pyme.

Carta a Massa

El mayor argumento del proyecto que impulsó Parrilli es que las SAS son utilizadas como mecanismo para crear empresas con el fin de lavar activos y financiar el narcotráfico. En ese sentido, hoy creció la presión para que el oficialismo revea su postura mediante una carta que dirigió la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, en la que sostuvo que eliminar la figura implicaría “desestimar procesos ágiles para la creación de empresas y puestos de trabajo”.

La entidad rechazó que las SAS sean un instrumento que facilite el lavado de activos y el narcotráfico y consideró que, en los casos de que surjan empresas con esos fines ilícitos, el Estado tiene las herramientas para prevenir y combatirlos, por ejemplo a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En junio de 2020, poco antes de que el proyecto se debatiera en el recinto de Senadores, Carlos Alberto Ernst, el entonces director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, le solicitó a la Procelac información sobre las SAS que fueron investigadas por lavado de activo entre 2017 hasta el momento y que envíe un listado de los expedientes iniciados.

La respuesta del organismo, que entre sus diversas funciones se ocupa de investigar los delitos de lavado de dinero, fue categórica; no se registraban a la fecha indicadores que den cuenta de ello. La Procelac informó que no tenía relevados los datos solicitados y que no tenía disponible ningún registro interno en los sistemas informáticos utilizados por la entidad de prevención de criminalidad económica.