El Gobierno no prorrogará las concesiones viales por peaje

Los contratos, que vencen el 31 de octubre, serán relicitados; las empresas lo descontaban
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31 de mayo de 2003  

El Gobierno anunció ayer lo que en las empresas concesionarias daban como un hecho desde hace meses: que los contratos de explotación de rutas por peaje terminan el 31 de octubre, tal como está escrito en los documentos. De este modo, se relicitará el manejo de 15 corredores que comprenden, entre otras, las rutas 3, 8, 9, 12, 7, 11, 19, 12 y 193.

Conocida la novedad, las firmas nucleadas en la Cámara de Concesionarios Viales (que justo anteayer había pedido una audiencia con el ministro Julio De Vido) dijeron que comparten la decisión del Gobierno y que no iniciarán acciones legales aunque bregarán "por el cumplimiento de los derechos que nos asisten".

Los empresarios sabían que su suerte estaba echada y nada les hacía suponer que un nuevo gobierno aceptaría posponer 40 meses los contratos, cuando el propio Roberto Lavagna, durante el último período de la gestión de Eduardo Duhalde, dilató ex profeso la toma de una decisión.

Cuarenta meses era el tiempo que el grueso de las empresas, con excepción del grupo Techint, le pidió a la Comisión Renegociadora de los Servicios Públicos que extendiera las concesiones para recuperar, en ese lapso, la pérdida económica que les ocasionó el no poder ejecutar la totalidad de las obras previstas en los convenios originales. Techint, en cambio, quería terminar el 31 de octubre el servicio que presta, tal como ahora dispuso el Gobierno.

Ayer, cuando caía la tarde, Lavagna junto con el ministro de Planificación, Julio De Vido, dieron la novedad, aunque en realidad estaban anunciando el resultado de un trabajo de revisión y de posibilidades hacia el futuro que meses atrás hizo la mencionada comisión.

"Los contratos viales vencerán a fines de octubre, tal como está estipulado. La decisión es política, del Presidente, y fue adoptada teniendo en cuenta la necesidad de reestructurar el actual sistema de concesiones vigentes", señaló De Vido, que más de una vez resaltó que se trataba de una decisión presidencial.

Así y todo, el funcionario y mano derecha de Néstor Kirchner admitió que los casi 10.000 kilómetros de la red concesionada están en buenas condiciones, pero subrayó que la red vial nacional se encuentra muy deteriorada. "Por eso, es necesario otro sistema que permita mejorar y ampliar de manera sustancial la red vial nacional, teniendo en cuenta su participación estratégica para el mejoramiento de la economía del país y la calidad de vida de sus habitantes", dijo.

Lejos de mostrarse preocupados, los empresarios mostraron su conformidad con la medida. Dijeron que no harán reclamos monetarios, pero en su lugar podrían pedir algún tipo de "reconocimiento" en las futuras licitaciones, como que se les permita participar en el proceso o que se instrumente alguna cláusula de empate como base del proceso.

"El Estado está en todo su derecho de decidir que las obras que faltan no se realicen. Queremos que la transición sea ordenada y que la relicitación no implique un despojo de nuestros derechos y que se reconozcan todas las inversiones realizadas", dijo Rodolfo Perales, titular de la entidad que nuclea a los concesionarios.

El empresario reconoció que no están las condiciones dadas "para plantear un reclamo económico", aunque, dijo, "esperamos un reconocimiento de alguna manera. ¿Qué es alguna manera? Trabajo, una posición de empate...", respondió.

En cambio, Lavagna, que en un pasaje de la conferencia dejó en claro que "soy el que tiene que cuidar la caja", sostuvo que si bien pueden sucederse reclamos judiciales por la negativa a la prórroga, el Gobierno no aceptará nuevas ofertas de aquellos grupos que le inicien causas al Estado. "Cuando estos contratos terminen seguro que habrá reclamos de cosas que quedaron pendientes; lo bueno y lo necesario es que exista voluntad de ambos lados en solucionarlos", señaló.

Ahora vendrá entonces el diseño de los nuevos pliegos que el Gobierno redactará según el perfil de los concesionarios que quiere que operen el negocio vial.

De Vido descartó que se suprima el sistema de peaje, tal como recomendó meses atrás el Banco Mundial, por el alto componente de subsidios. El Estado está pagando a las empresas en 26 cuotas una deuda que reclamaron por $ 500 millones. Va por la 20.

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