El Gobierno podría vetar la prórroga de las ejecuciones

El Gobierno dijo que utilizará los próximos días para analizar qué camino seguir a raíz de la decisión del Congreso que anteayer suspendió por otros 90 días las ejecuciones hipotecarias. Pero el veto a la norma se presenta como una de las posibilidades más ciertas, según pudo saber LA NACION. Ayer, dos fuentes confiables de la cartera económica, si bien no dieron como un hecho que el Ministerio de Economía le pedirá al Ejecutivo que vete la ley, admitieron que "no hay muchas posibilidades" más allá del rechazo.

"No hubo un llamado de alerta del Fondo, ni mucho menos. Además, si el Gobierno le anuncia que existe la decisión política de vetar la ley, no creo que vayan a decir nada", dijo uno de los informantes del Palacio de Hacienda.

La de anteayer fue la cuarta postergación de las ejecuciones hipotecarias que dispuso el Congreso desde enero de 2002, pero esta vez la suspensión se produce cuando los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran en el país, tras auditar las cuentas del primer trimestre. El organismo viene pidiendo de manera sistemática seguridad jurídica para los bancos, que en otras palabras significa que puedan ejecutar a sus deudores.

Según datos del sector financiero, cerca de 16.000 personas reúnen las condiciones operativas para que sus viviendas, que colocaron como garantía de un crédito, sean rematadas. Por la mañana, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, buscó restarle dramatismo al tema al sostener que el Ejecutivo "se tomará los próximos días para analizar la decisión del Congreso" y aunque no quiso especificar si Eduardo Duhalde vetará la norma o dejará la resolución del tema para la próxima gestión, sostuvo que "el Gobierno cree que necesitamos avanzar en la normalización definitiva de las relaciones económicas entre los bancos y los particulares".

Después del ballottage

Tras la notificación, el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para aplicar su veto. De este modo, podrá hacerlo hasta el 22 del actual, es decir después del ballottage del domingo anterior, donde el oficialismo ya siente como ganadora a la fórmula integrada por Néstor Kirchner y Daniel Scioli.

"No creo que haya un veto antes de las elecciones, no suena lógico, y tampoco creo que el Presidente le deje la resolución del tema a Kirchner. En ese sentido hay que decir que Duhalde siempre se portó muy bien y si hay una decisión que tomar, la hará él", dijo una de las fuentes del Palacio de Hacienda.

De todas maneras, los bancos dijeron ayer no estar alarmados por la suspensión en sí. Aunque les preocupa que eso pueda demorar la normalización del mercado crediticio. Mario Vicens, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) -agrupa a la banca extranjera-, dijo que "no hay problema con que se hayan suspendido los remates porque quienes mostraron su intención de pago están en vías de solucionar su situación o ya la solucionaron".

Sin embargo, manifestó que la decisión del Congreso "puede retrasar la normalización del mercado de crédito, en particular del hipotecario, porque incentiva la cultura de no pagar. Esto hace que la suspensión tenga efectos indirectos negativos", dijo a LA NACION. "En noviembre del año pasado apoyamos la suspensión voluntaria de los remates, pero ahora es distinto. Ahora se trata de una ley, un contexto general, que no tiene sentido para casos específicos", agregó.

Por otra parte, anoche la posición de la cartera económica fue tan fría como la que había dado Atanasof. "No hay comentarios; el ministro va a analizar en los próximos días el tema porque acaba de llegar del exterior", dijo el vocero de Lavagna.

La novedad lo sorprendió al ministro en Brasilia, a donde había viajado para acompañar a Kirchner en un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Lo llamó uno de sus colaboradores para transmitirle la novedad que, en cierta medida, el ministro imaginaba. "Era una de las posibilidades y él lo sabía muy bien, así que no se sorprendió. Sabía que si se habilitaba una sesión parlamentaria en medio de una campaña presidencial era con fines demagógicos", sostuvo una fuente que lo conoce bien. Otro informante de Hacienda dijo que "lo más lógico sería vetar la ley", pero advirtió que aún no hay una posición tomada.