El Gobierno y el mediador del juez Thomas Griesa volverán a reunirse el viernes por los holdouts

El ministro de Economía, Axel Kicillof, volverá a reunirse con el mediador judicial Daniel Pollack el próximo viernes en Nueva York para continuar analizando una salida al pago de la deuda reestructurada reclamada por los holdouts.

Así lo indicó hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien dijo que en el encuentro de ayer "el «special master» designado por el juez de Nueva York Thomas Griesa ha tenido la posibilidad de una entrevista larga, sostenida con el ministro de Economía" en la cual "se han podido identificar claramente los problemas".

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich sostuvo que "se acordó la continuación de esta reunión para próximo viernes 11 de julio", y que "la posición argentina ha consistido" en ratificar que "se hace cargo de las responsabilidades emergentes de las obligaciones de deuda no generada pro esta gestión" y que "ha habido una estrategia de desendeudamiento".

Ayer, Kicillof le dijo a Pollack que era necesario reponer la medida cautelar (stay, en la jerga judicial) sobre el mandato judicial de Griesa, que le prohibió al país concretar pagos de la deuda en Nueva York si no les pagaba también a los litigantes. Le dijo que la decisión de Griesa era "de imposible cumplimiento" y que el caso no sólo involucraba a los litigantes, sino que podría alcanzar "a todos aquellos bonos que no ingresaron a los canjes, y obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010".

"Las discusiones han sido francas, los temas principales han sido identificados y las partes han manifestado su intención de continuar reuniéndose", dijo Pollack, también a través de un comunicado.

El inicio de las negociaciones sirvió para confirmar que la Argentina quiere ganar tiempo y llevar las tratativas más allá del próximo 30 de julio, cuando el país debe concretar sí o sí el pago del último vencimiento de la deuda, para eludir un nuevo default. Kicillof insistió en que la Argentina tiene voluntad de pago para asegurar condiciones "justas, equitativas y legales" que contemplen "los intereses del 100% de los bonistas".