El Indec, un símbolo de la decadencia institucional kirchnerista

Despidos, renuncias forzadas y desplazamientos fueron la contracara de la mentira estadística
Francisco Jueguen
(0)
24 de noviembre de 2013  

"Néstor Kirchner quiere tu cabeza", le soltaron a Graciela en la mañana del lunes 29 de enero de 2007, el día que efectivamente comenzó la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Graciela Bevacqua, la directora del área de Precios al Consumidor del organismo, escuchaba a su jefa y encargada del área de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi. No estaba sorprendida, el secretario de Comercio Interior y cabeza de la intervención había presionado a las dos mujeres durante todo 2006 para conseguir –sin suerte– el listado de comercios que el Indec relevaba.

Presionado por Kirchner, preocupado a su vez por el rebrote inflacionario, Moreno buscaba manipular el índice de inflación presionando a los comerciantes que informaban al Indec. Pero las mujeres se negaron a violar el secreto estadístico.

Días antes, la mano derecha de Moreno, Beatriz Paglieri (hoy secretaria de Comercio Exterior), había desembarcado en el organismo estadístico. Para ese entonces, la tercera semana del mes mostraba una suba de la inflación de un 2,1 por ciento.

Esa tarde de fines de enero, Bevacqua cruzó al bar frente al Indec y, mientras tomaba un café, la anoticiaron de que finalmente sería desplazada. Nunca más pudo volver a ingresar en su oficina. El 6 de febrero, el decreto 100 firmado por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Felisa Miceli desplazaba formalmente a la profesora de matemáticas y nombraba a Paglieri en su lugar. Ya un día antes, el Indec había difundido la inflación mensual, que mostraba un 1,1%, la mitad de lo estimado por Bevacqua.

Los despidos, las renuncias forzadas y los desplazamientos de técnicos y otros trabajadores del Indec, o sea el lento pero constante desmantelamiento institucional del organismo, fue la contracara que permitió el falseamiento de los datos oficiales de inflación, crecimiento, pobreza e indigencia, entre otros.

Tras la renuncia de Moreno y el traspaso del poder de gestión al nuevo ministro Axel Kicillof, al que siempre incomodó la manipulación de datos, la situación del Indec vuelve a posicionarse bajo el foco.

En 2010, el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), formado por cinco universidades nacionales, estimó que el índice de inflación oficial no es fiable y propuso una reforma institucional urgente y profunda del organismo. El informe fue ignorado por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, que –en rigor– había pedido su confección por decreto.

Ese documento –con datos hasta 2009– reveló que de las nueve direcciones nacionales en el Indec siete estaban vacantes (78%). En tanto, del total de 36 cargos jerárquicos casi el 40% no estaban ocupados, lo que situaba al organismo en una cuestionable debilidad institucional. Además afirmó que el 40% de los empleados del Indec eran profesionales, incluyendo los posgrados. En los organismos de producción estadística de los países de la OCDE, ese porcentaje no baja del 50 por ciento. Más recientemente, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) publicado por Clarín la semana última encontró, entre otras irregularidades, una alta precariedad laboral en el organismo. Entre 2010 y el primer semestre de 2011, por ejemplo, sobre un total de 25 direcciones sólo 2 se encontraban regularmente cubiertas.

La intervención del Indec no produjo sólo despidos o desplazamientos, sino sobre todo contrataciones. Entre 1995 y 2006, según el CAES, no hubo casi variación en la cantidad de personal del instituto, en torno de 1210 empleados. Pero en 2007 se produjo un crecimiento de la plantilla de un 24,9% –1506 empleados– sin un incremento de la producción.

Los datos oficiales de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) afirman que el Indec tenía 1551 empleados a fines de 2012, sólo unos 50 trabajadores más que lo que informó el CAES para 2007. Los trabajadores de ATE Indec desconfían de las cifras oficiales y estiman que actualmente ya hay 1800 trabajadores, contando a los tercerizados.

De esos trabajadores, unos dos tercios aparecen en una situación precaria bajo el llamado artículo 9 (contratos anuales que dependen de los jefes para su renovación, por lo que son más sensibles a la presión política).

Un ejemplo de esta situación se vivió a mediados de junio último, cuando la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictaminó que el Indec tenía que reinstalar en su puesto de trabajo a la ex coordinadora del IPC Nacional Marcela Almeida, desplazada a fines de 2007.

Almeida, que tenía un contrato precario que la Justicia describió como fraudulento, era una de las principales denunciantes de la manipulación de datos en el Indec. El de Almeida es sólo uno de los muchos juicios laborales que perdió el Indec.

"La precariedad laboral fue una de las condiciones que permitieron que se instalara la intervención y el hostigamiento, y el temor", afirma Almeida a LA NACION. "Posibilitó que se apretaran a muchos compañeros que lisa y llanamente debieron aceptar cualquier orden, incluso ir contra el producto de su trabajo bajo pena de perder su contrato", cuenta Raúl Llaneza, delegado general de ATE-Indec.

Irónicamente, la actual directora del Indec, Ana María Edwin, quien hasta hoy responde a Moreno, fue la histórica jefa de Recursos Humanos del Indec y quien, a través de un acuerdo con el gremio peronista-oficialista UPCN, facilitó la creación de una militancia –la llamada patota– afín a la intervención del Gobierno.

Hasta tal punto llegó su política que en 2010 se conoció que dos barras de Chicago trabajaban contratados en el organismo y habían sido parte del escrache a un periodista en la Feria del Libro. Pero probablemente, la más beneficiada por Edwin fue la socióloga María Sol Padín, que antes de la intervención ganaba $ 4000, cifra que ya triplicaba en 2011. Ella, la encargada del Censo 2010, es su hija.

MÁS LEÍDAS DE Comunidad de negocios

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.