El informe que dio origen a esa crítica

El informe de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) que analizaron los expertos contratados por el Fondo se ocupó de buscar las razones de la crisis de 2001, aunque sin analizar en forma exhaustiva los errores cometidos en el seno del propio organismo.

Preparado desde 2003 y difundido un año más tarde, los conceptos planteados sobre las causas del colapso argentino fueron los siguientes:

• Una política fiscal demasiado expansiva, particularmente durante la etapa del crecimiento rápido en la década del 90, que derivó en un déficit casi permanente, financiado por el ingreso de capitales hasta que se vio que el sistema no funcionaba más.

• El sistema de convertibilidad en sí mismo, que no permitió un ajuste del tipo de cambio, debido a la atadura entre el peso y el dólar, mientras la moneda norteamericana se apreciaba y el real brasileño se devaluaba.

• Un contexto de flujos de capitales para los mercados emergentes demasiado volátil, ya que en la década de la convertibilidad pasaron el efecto tequila, la crisis asiática, de Rusia y la devaluación brasileña de 1999.

• Escasas reformas estructurales, lo que impidió un ajuste de precios y salarios acorde con los problemas de competitividad que enfrentaba la economía.

• Elementos políticos e institucionales que inhibieron la puesta en marcha de elementos de corrección, como los casos de corrupción.

• El fuerte aumento de la deuda, debido a un contexto favorable para el ingreso de capitales (fuera de los shocks antes mencionados) y al permanente déficit.

• La debilidad en la defensa del sistema bancario, que contribuyó a una falta de confianza en la moneda local, pese a que se avanzó en las regulaciones y en la presencia de entidades internacionales.

Apenas hubo en el documento, rechazado en forma tajante por el Gobierno, algunas referencias a la falta de vehemencia del Fondo para forzar a la Argentina a abandonar la convertibilidad antes de que se llegara a su salida forzosa.

Además, se dijo que el organismo no apoyó la instauración del plan de estabilidad en 1991, ya que se "careció de herramientas objetivas para evaluar la idoneidad o sustentabilidad del régimen cambiario de un país". Por otro lado, se deslizó que no había suficiente voluntad como para hacerse cargo de las consecuencias de la salida del uno a uno ni por parte de las autoridades locales ni por parte de la conducción de la entidad.

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