El mercado amenaza con hacer las correcciones

El tiempo pasa, y las correcciones de fondo no aparecen. En este contexto, el mercado asoma y el margen de maniobra económico, social y político se reduce. En especial esto se puede ver tras el incremento en la conflictividad social que siguió a las protestas de las policías provinciales y a los cortes masivos de luz en la ciudad, el Gran Buenos Aires y varias ciudades del interior. Si bien aún no es tarde para reaccionar, los tiempos se acortan más rápido de lo que se anticipaba apenas unas semanas atrás y, si no se pone en marcha una solución en el corto plazo, será el mercado el que la imponga.

En este sentido, el "test ácido" pasa por corregir la distorsión existente en el precio (relativo) de la energía, que se agrava a paso acelerado por un contexto de tasas de inflación bien instaladas por encima de 20 por ciento, y ahora también por el mayor ritmo de depreciación del peso.

Es que el problema energético ya hace tiempo dejó de ser un tema exclusivamente sectorial y se ha convertido en la principal fuente de desbalances de la economía, con efectos negativos no sólo de las cuentas externas, sino también de las fiscales.

En particular, el segundo aspecto resulta fundamental para entender el deterioro acelerado de los últimos meses. Es que dado el régimen de dominancia fiscal en que se encuentra inmersa la política económica argentina, los mayores subsidios se traducen en un déficit fiscal creciente y, por lo tanto, en la necesidad de una mayor emisión para financiarlo.

A su vez, la emisión pone más pesos en manos del público que compra dólares a tipo de cambio oficial por los pocos canales todavía habilitados como las tarjetas de crédito, las importaciones, el turismo, entre otros. Esta situación es la que presiona sobre las reservas del Banco Central. Pero, además, como la gente observa que cada vez hay menos dólares, compra en el mercado paralelo, y así sostiene la brecha. Para intentar evitar que ésta se amplíe, el Gobierno devalúa el dólar oficial más rápido, aunque sin atacar el resto de las inconsistencias. Todo esto, en mayor o menor medida, se traduce en un incremento de la inflación (eliminando o al menos atenuando la depreciación real) y en una mayor presión sobre el gasto público (a través de subsidios que son cada vez más crecientes). Justamente por todo esto la solución no puede pensarse desde la micro, sino que debe tener un enfoque global.

Pero corregir las tarifas energéticas -principal factor detrás del déficit fiscal- y poner en caja a la inflación posee un costo político elevado dado su muy probable impacto sobre la actividad económica y, por ende, sobre el empleo. Justamente por eso es que encarar el tema tarifario y de subsidios se convierte en la prueba de la verdadera voluntad política del Gobierno para dar una solución que al menos permita a la economía flotar hasta fines de 2015.

Sin plazo para buscar una solución

El problema es que los plazos para poner en marcha una solución se acortaron notablemente en las últimas semanas, y el margen de maniobra para poder llevar a cabo las correcciones es cada vez menor.

Fundamentalmente, porque el efecto positivo en términos económicos -y sobre todo políticos- de los cambios en el gabinete parece haberse diluido por completo de la mano del manejo erróneo de la crisis con las policías provinciales y de los cortes del servicio eléctrico en vastas zonas de la ciudad y del Gran Buenos Aires, desperdiciándose una gran oportunidad. En un momento en el que justamente lo que no sobran son las oportunidades.

En este contexto, las próximas semanas serán clave. Las autoridades deben dar señales contundentes sobre la cuestión tarifaria, que provean alguna tranquilidad de que la situación fiscal y, por ende, la monetaria, se mantendrá más o menos bajo control en el corto y mediano plazo.

Sin medidas que impacten en los subsidios al sector privado, las perspectivas para un 2014 ya de por sí complicado serán más negativas.

Y hay algo que es claro: la corrección de las inconsistencias finalmente ocurrirá. Aunque hay una cuestión clave, y es quién será el encargado de administrar el costo y la magnitud del ajuste. O lo hace la política económica -en el futuro cercano- o lo terminará haciendo el mercado. El problema es que este último no lo suele hacer en forma gradual y ordenada, ni evalúa la equidad en el reparto de pérdidas.

El autor es director de abeceb.com y ex secretario de Industria y Minería de la Nación