El nuevo plan económico del Gobierno: inflación del 27%, dólar flexible y crecimiento de 1,4%

Faltaban sólo unos minutos para la votación final por la ley de despenalización del aborto y unas pocas horas para que empiece el Mundial. En ese contexto se difundieron las 34 páginas del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dos días después de la carta enviada formalmente a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo, finalmente trascendió.

Es la primera vez que el plan económico liderado por Nicolás Dujovne se unifica en un documento al que LA NACIÓN tuvo acceso. Los puntos que se comprometen van desde la equidad fiscal hasta la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, también la autonomía del Banco Central y su nueva carta orgánica, las promesas de un dólar flexible y la reducción de los subsidios a la energía que anticipan nuevos aumentos para el gas y la electricidad.

Se admite que la Argentina pidió apoyo al plan local y se cuantifica -tal como se había anticipado- un acuerdo por fondos equivalente a US$ 50.000 millones.

El primer tramo, de unos US$ 15.000 millones, se utilizará como apoyo presupuestario y el resto estará como precaución pero no para uso inmediato. También se hace hincapié en que "se planea sostener el gasto en asistencia social" y que en "el improbable caso" que la situación social se deteriore, la Argentina se compromete a destinar recursos adicionales al financiamiento de los programas de asistencia social más efectivos, revela el documento.

Se solicita, con todas las letras, que el "FMI respalde a la Argentina en medio de este panorama internacional más desafiante". Se justifica el memorándum en la presión de los mercados financieros, la severa sequía, las condiciones globales, la apreciación del dólar y el desplazamiento hacia arriba de la curva de rendimiento de los bonos de EE.UU.

A continuación los principales compromisos asumidos por el Gobierno argentino:

• Inflación. Se adoptan formalmente nuevas metas para que el Banco Central logre una tasa interanual de inflación del índice de precios al consumidor (IPC). La meta será igual o inferior a las expectativas actuales del mercado (REM) para el final de 2018 (27%), y luego 17%, 13% y 9% para diciembre de cada uno de los siguientes tres años. Muy lejos de las que había planteado el ex ministro Alfonso Prat-Gay al comienzo de la gestión macrista y de la "recalibración" que hizo Dujovne en diciembre último .
• Dólar. Continúa el tipo de cambio flexible y se afirma que las ventas de divisas serán muy limitadas para acomodar las presiones del mercado cambiario. Un dato no menor para una jornada de nuevo récord. En el mismo sentido, se afirma que se le pondrá un piso a las reservas para ser menos vulnerables internacionalmente.
• Bancos. No se prevén riesgos en el sistema dado su pequeño tamaño y al alto nivel de capital. De esta manera, se explicita también que la situación que se produjo en el último mes de corrida cambiaria no tuvo correlato en el sistema bancario.
• Crecimiento. Se espera que este año se sitúe este año entre 0,4% y 1,4% interanual.
• Mercado. Se busca potenciar el mercado doméstico con la Ley de Financiamiento Productivo recientemente aprobada y aumentar la competencia con la sanción de la nueva ley y la llegada de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Con respecto a fusiones y adquisiciones la nueva ley reemplaza el régimen de controles expost por uno de controles ex-ante, algo similar a lo que ocurre en las principales potencias internacionales.
• La política fiscal. Se buscará acelerar el ritmo de reducción del déficit primario. Se busca alcanzar el equilibrio fiscal y llevar a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020. Proponen reducir el gasto público para lograrlo y consideran que el esquema fiscal de mediano plazo elegido garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8% del PBI hacia fines de 2021. Buscarán alargar la madurez de los títulos, optimizar el costo de los pasivos y aumentar el porcentaje de la deuda pública nacional denominada en pesos.
• Presupuesto. Pese a las hipótesis que circularon en los últimos días, se formaliza el compromiso de enviar en octubre la Ley de Presupuesto al Congreso que apunta a un déficit primario del gobierno nacional de 1,3% del PBI en 2019. Las proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluirán, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos, afirma el documento. Si los resultados económicos y fiscales evolucionan de manera más positiva que lo anticipado, se acelerará la eliminación de los impuestos distorsivos, avanzando más en un shock que en gradualismo. Por otro lado, las provincias también deberán ser parte. El compromiso es que su balance primario consolidado pase de -0,4% en 2017 a un superávit de 1/4% del PBI hacia el final del período del acuerdo stand-by.
• Subsidios y tarifas. Seguirá la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para la electricidad. Esto implica que los aumentos no terminaron para la zona de AMBA. También se buscará eliminar las diferencias entre regiones y se mantendrán los programas de tarifa social.
• Empleo. Seguirá la reducción del empleo público a través de varias medidas que van desde no renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes. El objetivo que se plantean es que el gasto en personal caiga de 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa. Aquí aparece otro de los principales desafíos políticos.
• Gasto. Se reducirá el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15% en términos reales durante 2018 en relación a 2017 y continuarán con este proceso en 2019.

• Obra pública. No quedará de lado en un año electoral. Continuarán ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero se pospondrán aquellos que no lo sean. Una batalla que seguramente se dirimirá en términos políticos con las principales regiones afectadas.
• Empresas públicas. Deberán ser más sustentables. Se reducirán las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1% del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021. La misión ya fue notificada a los CEO de esas firmas.
• Jubilados. La Ley de Reparación Histórica no tendrá cambios por ahora pero se trabajará con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir cambios en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras, aseguran en Hacienda.
• Impuestos. Se mantienen los compromisos para reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017, pero se podría extender el período de implementación de algunas de las modificaciones si fuera necesario para alcanzar las metas fiscales.
• Transferencias. Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán las responsabilidades. La promesa es que la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias no lleve a un aumento del déficit a nivel provincial.
• Infraestructura. En el caso que la actividad económica crezca menos de lo esperado y la recaudación tributaria se viera afectada, el recorte será mayor: identificaron una suma equivalente a 0,2% del PBI de medidas adicionales (especialmente en infraestructura). Es decir, menos obras.
• Balance primario. Se incluirá también un detalle de los principales riesgos fiscales y de gastos impositivos, y detalles acerca de las principales medidas de política que se llevarán a cabo para alcanzar la meta del balance primario de 2019.
• Reporte fiscal. Se introduce un nuevo reporte fiscal de mitad de año que arranca en junio de 2019, con estimaciones actualizadas acerca del resultado fiscal y proyecciones macroeconómicas y fiscales para el mediano plazo. Se desarrollará un marco de análisis del riesgo fiscal con vistas a incluirlo en los documentos presupuestarios en 2020. Con un nuevo índice de riesgo fiscal, un análisis de largo plazo de sustentabilidad fiscal (tanto para el gobierno nacional como para el gobierno general) y un análisis de las deudas contingentes (explícitas e implícitas) incluyendo aquellas relacionadas con el financiamiento de los proyectos de PPP y las obligaciones sin fondeo del gobierno con el sistema previsional.
• Planes sociales. La AFIP tomará un rol clave para reducir la evasión -no especifica cómo, pero se sabe que será con tecnología y cruce de datos- y se sumarán un conjunto de indicadores sociales para ser monitoreados periódicamente. El piso para el gasto de asistencia social es de 1,3% del PBI, un nivel que, según dicen, garantiza la implementación de los programas para el período 2019-2020. Se mantienen los programas de Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE - subsidio por embarazo). Se asignarán más recursos a las "Asignaciones Universales para Protección Social" en caso de que las condiciones sociales empeoren. Se buscará un gasto adicional de hasta 13.500 millones de pesos en 2018 y el equivalente a 0,2% del PIB por año en estos programas.
• Equidad de género. Tiene también un capítulo cargado de compromisos que van desde reformar el actual sistema tributario reduciendo los desincentivos para que las mujeres participen del mercado laboral. Se empujarán proyectos para promover igual paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y maternidad (ambos en el Congreso).Se exigirá a las empresas que cotizan en bolsa que publiquen anualmente datos sobre el equilibrio de género en su Directorio y entre sus puestos gerenciales. También se prometen iniciativas para luchar contra la violencia de género y violencia doméstica y proporcionar redes de apoyo para las víctimas de dicha violencia (Plan Nacional de Acción para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres).
• Política monetaria. En materia de política monetaria se admite que la reducción de la inflación fue menor a la esperada pero que se mantendrá el sistema de metas.
• BCRA. Antes de marzo de 2019 se enviará al Congreso un proyecto de ley para dotar al Banco Central de una nueva Carta Orgánica. Allí se buscará mayor autonomía en su operatoria. Se reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA, se brindará a la entidad liderada por Federico Sturzenegger la autoridad para establecer, con consulta al Ministerio de Hacienda, las metas de inflación con una anticipación de tres años; se establecerá, para mejorar la rendición de cuentas, que, en caso de desvíos importantes de las metas, el BCRA enviará una carta pública al Congreso y al Presidente, explicando las razones del desvío y cómo intentará resolverlo y se proporcionará motivos bien definidos y limitados por los cuales el Presidente, el vicepresidente y los miembros del directorio pueden ser destituidos de sus puestos. También se suspenderá la financiación directa o indirecta del Banco Central al Tesoro y reducirá la exposición crediticia del Banco Central al Gobierno de manera predecible y por etapas.
• Reservas. Otro dato no menor es que se aclarará el estado legal de las reservas internacionales del BCRA, que sólo deberían servir para implementar políticas cambiarias y monetarias, según afirman. A su vez se limitarán las transferencias al Tesoro sólo a utilidades realizadas, que únicamente podrán ocurrir cuando el capital del BCRA exceda un nivel adecuado.
• Lebac. También aparecen las famosas Lebac por las que el BCRA se compromete a reducir la vulnerabilidad asociada a un stock excesivamente grande y a fomentar la re-intermediación del sector financiero. Se creará para ello un comité coordinador de la gestión de la deuda con funcionarios de alto rango del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas y el BCRA que se reunirá semanalmente y coordinará actividades relacionadas con la esterilización y los planes de emisión de deuda.

Estos son sólo algunos de los datos de la economía que viene. Al menos según lo consensuado entre el equipo del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el titular del Central y el equipo técnico del FMI.