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El país de la subinformación
Por Néstor O. Scibona
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LA NACIONNéstor O. Scibona
A un costo fiscal de 600 millones de pesos anuales, las transmisiones por TV de fútbol "gratis" para todos permiten descubrir, a través de la propaganda oficial, a un país poco conocido. Allí existen pujantes productores agropecuarios beneficiados por una asistencia estatal de 21.000 millones de pesos, sin que nadie explique que provienen del mismo sector vía retenciones. O ancianas que testimonian su agradecimiento por haber recibido módicas pensiones graciables. También es posible enterarse de que el controvertido proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual busca democratizar el acceso a la información pública, pese a que el Gobierno que lo propicia se ha encargado de retacearla sistemáticamente en los últimos seis años.
La mezcla de goles y avisos oficiales tal vez haga que muchos pasen por alto otras falencias, que difícilmente sean remediadas por una necesaria ley de medios; y menos si se discute contrarreloj. En la Argentina la comunicación oficial viene encapsulada: ya sea en atriles, discursos, declaraciones a medios amigos, power points , comunicados de prensa y sitios de Internet. Las conferencias de prensa siguen siendo una excepción, y existe muy poco espacio para que los periodistas puedan preguntar libremente para informar mejor. Si se buscan noticias gubernamentales menos amables, hay que recurrir al Boletín Oficial. Pero difícilmente se encuentren funcionarios dispuestos a aclarar dudas. Hay sobreinformación de títulos, pero subinformación de contenidos.
Nadie, por ejemplo, se ha encargado de explicar por qué si el contrato estatal con la AFA compromete recursos públicos por 10 años y avanza sobre futuros Gobiernos, no debería pasar por el Congreso. Ni tampoco por qué se otorgó a la entidad que preside Julio Grondona el status de proveedor estatal privilegiado: el mismo contrato la faculta a rescindirlo si la Jefatura de Gabinete se atrasa más de 30 días en el pago de las cuotas mensuales para mantener los derechos televisivos del fútbol. Un dato que seguramente no debe caer en gracia a otros proveedores, en especial de provincias en rojo, que ya están recibiendo documentos con fecha de cobro para 2010.
El mismo Gobierno que liberó la difusión de goles mantiene secuestrada mucha información relevante. Las estimaciones oficiales sobre producción agropecuaria han sido convertidas en secreto de Estado. Otro tanto ocurre desde hace años con las estadísticas sobre robos, asaltos y homicidios; la distribución puntual de subsidios al transporte de pasajeros o, más cerca en el tiempo, el déficit proyectado para Aerolíneas Argentinas a un año de su reestatización.
Después de 16 meses de aplicar un nuevo índice de precios al consumidor, el Indec acaba de explicar la metodología que lo sustenta, con ponderaciones fijas y móviles, para la mitad de los productos abarcados en el IPC anterior. Pero el precio en pesos del pan, el asado, los medicamentos o cualquier rubro incluido en el indicador sigue siendo un misterio. Igual que las razones por las cuales la medición de la inflación anual en el área metropolitana (7%) es la mitad que en las provincias (14%).
Comparaciones odiosas
Por una disposición oficial, los mayores consumidores domiciliarios de gas natural y electricidad están siendo notificados, con un elocuente sello rojo, de que sus tarifas son subsidiadas por el Estado; como si en los últimos seis años las hubieran pagado en relación con los costos. Todo lo contrario. Se trata de otro caso de subinformación oficial: los subsidios han sido monumentales e indiscriminados. Una prueba es que la reducción de sólo una parte de ellos, concentrada únicamente en los usuarios de mayor consumo (20% del total) -ricos o pobres-, fue la que provocó los insólitos aumentos de hasta 400% que el Gobierno debió suspender en estos meses de invierno, ante la reacción de consumidores, jueces y legisladores.
Ese sello debe ser entendido como un preaviso. Como la política de aumentos diferenciados no fue modificada y desde agosto el subsidio baja de 100 a 70% para las categorías más altas, las próximas facturas vendrán con alzas de 30% con respecto a las de junio - julio; y a partir de octubre se volvería al cuadro tarifario de mayo que, por la estacionalidad de los consumos, se hará sentir más en electricidad que en gas.
No es todo. También por resolución oficial, las últimas facturas vienen con un agregado desconcertante: una hoja sin membrete que compara la enorme brecha existente entre las tarifas de la Argentina y países limítrofes. En el caso del gas natural, por ejemplo, un usuario de Buenos Aires que pagó en números redondos (con subsidios) 330 pesos en el último bimestre, habría abonado por igual consumo (sin subsidios) nada menos que 1740 pesos en Montevideo; 2850 en Santiago de Chile; 5550 en San Pablo o 7600 pesos en Río de Janeiro.
Aquí la información semioficial sólo confirma la irracionalidad con que se manejó la política energética durante el gobierno kirchnerista y que la distorsión tarifaria tardará años en recomponerse. No dice que la comparación se realiza con países no productores, o no autoabastecidos, de gas natural. Pero tampoco que, en la Argentina, los precios domésticos congelados desalentaron una mayor exploración y producción local mientras los subsidios indiscriminados fomentaban un mayor consumo, que debió atenderse con crecientes importaciones a precios internacionales cuatro a ocho veces más altos.
Sería un error suponer que esta política benefició a los sectores más pobres: la misma información admite que quienes no tienen otra opción que utilizar garrafas de 10 kilos pagan 1070 pesos (224% más), por el mismo consumo de los que pueden abastecerse por red con 330 pesos bimestrales. También sería erróneo creer que estas distorsiones pueden ser resueltas a corto plazo cargando el costo de las importaciones (con el cargo extra) únicamente a quienes tienen consumos más altos, bajo el supuesto de un mayor poder adquisitivo.
En medio de esta confusión, entre algunas empresas del sector toma forma una propuesta alternativa para que el Gobierno aplique una estructura tarifaria más coherente. Se basaría en la eliminación del controvertido cargo extra para financiar importaciones de gas, a cambio de un aumento generalizado del cargo fijo de las facturas (actualmente de 7,75 pesos). También prevé una tarifa social sin aumentos para los consumidores de menores ingresos (unos 100.000 usuarios que representan el 5% del total) y un sendero de ajustes progresivos para el resto de las categorías, que permitiría precios más realistas para la producción, el transporte y la distribución. Por ahora, en cambio, el Gobierno apuesta a mantener el virtual impuesto selectivo a las importaciones. El invierno de 2010 aún está lejos.
