El plan no se ajusta a los estándares antilavado

Las "empresas del delito" y los grupos mafiosos tienen un objetivo común: acumular poder económico con miras a financiar sus actividades criminales, con potencial suficiente para amenazar la paz y la seguridad de las naciones. Con el fin de detener el avance económico de las organizaciones delictivas, las Naciones Unidas diseñaron un sistema global de prevención y control del lavado de dinero, al cual nuestro país adhirió y ratificó por ley los tratados internacionales sobre la materia.

Sin embargo, existen países que se alejan del régimen supranacional antilavado al invitar a repatriar capitales con una promesa: no se investigará el origen de los fondos. El profesor Urger en su libro Compitiendo por el dinero criminal denominó esta política de inversión como la "Estrategia Seychelles"; luego de que el Estado de "Seychelles", una isla de 80.000 habitantes del océano Índico, invitara en 1995 a los capitales del mundo a invertir en su país, sin indagar sobre la procedencia de la inversión, siempre y cuando la misma fuera superior a US$ 10.000.

En los últimos años, países como España, Italia y Rusia también desarrollaron políticas fiscales por el estilo, pero sin llegar a contradecir un elemento fundamental del sistema legal antilavado: conocer la entidad e identidad real de la inversión. Estos países desarrollaron planes de repatriación de activos, pero sus organismos de control se reservaron la facultad de examinar, rigurosamente, que las inversiones no provenieran de la delincuencia organizada.

El Poder Ejecutivo acaba de remitir al Congreso un megaplán de blanqueo de dólares, tendiente a reactivar los mercados energético e inmobiliario del país. La pregunta de rigor, entonces, consiste en determinar si el nuevo plan de blanqueo se trata de una "Estrategia Seychelles" o, por el contrario, se asimila más a una política fiscal como las desarrolladas anteriormente por España o Rusia.

Según el texto del proyecto, los requisitos para los que deseen blanquear sus ahorros en dólares blue (no declarados) están ligados, por ejemplo, al depósito del dinero en un banco argentino y a la presentación de declaraciones juradas ante la AFIP especificando el monto repatriado, la fecha de constitución y los datos personales del titular del depósito. También se indica que los funcionarios públicos, sus familiares y quienes estén imputados o mencionados en investigaciones penales sobre narcotráfico, trata de personas, venta de armas, prostitución infantil, fraudes, corrupción, entre otros delitos aberrantes, no podrán adherirse al blanqueo.

La propuesta oficial resulta ser un tanto ingenua e ineficiente. El proyecto no incluye mecanismos concretos y eficaces tendientes a evitar que el crimen organizado internacional (y nacional) invierta su dinero, por ejemplo, en nuestra empresa petrolera de bandera, a través de la utilización de "hombres de paja" o testaferros. Así, los delincuentes podrán exteriorizar su voluntad de blanquear sus ganancias en dólares, pero a nombre de una empresa o ciudadano honesto (sin prontuario), que actúe como prestanombre o pantalla de la maniobra. Los diseñadores del proyecto oficial deberían saber que la mafia y los ladrones profesionales nunca tocan a la puerta de tu casa en persona y con una cédula de identidad en la mano. El incentivo principal de todo criminal experimentado es reciclar sus ganancias con impunidad y sigilo. Y para ello, la utilización de testaferros, empresas fachada o sociedades off shore, es moneda corriente. El síntesis: el proyecto oficial se encarga de definir el cómo y el quién podrá adherirse al blanqueo; pero poco (o nada) se expresa sobre los mecanismos de control tendientes a distinguir entre los dólares blue que provengan de la simple evasión fiscal (los no declarados) y los que derivan de la corrupción, desarmaderos, venta de droga o armas.

El proyecto de ley no se ajusta, técnicamente, a los requerimientos internacionales antilavado. Es hora de que la dirigencia reaccione. Es hora de impedir, con políticas claras y efectivas, que el crimen organizado logre invertir sus activos en actividades comerciales de nuestro país.